jueves, 12 de noviembre de 2009
PRESO POLITICO
WILLIAM JAVIER DIAZ RAMIREZ
Candidato a la cámara por Bogotá
Defensor de Derechos Humanos, Educador y Librepensador
Preso de conciencia y político, detenido injusta y arbitrariamente desde el 14 de Noviembre de 2008.
El miedo es quizá el sentimiento humano que de forma más ambigua, ha paralizado e impulsado al mismo tiempo a la humanidad en su historia y desarrollo, por el miedo al Dios en la edad media vivimos más de mil años de oscurantismo y atraso. Superando los temores, Sócrates toma la cicuta y se convierte en un ejemplo, para que el mundo libre la batalla interminable por el conocimiento.
Si el niño no supera el miedo a caer, jamás aprende a caminar, si no se arriesga, no aprende a volar, el superar el miedo, el controlarlo, el domesticar su condición estrictamente animal, nos permite soñar, pensar y construir las utopías.
El rey le tiene miedo al pueblo y busca dominarlo, el pueblo al mismo tiempo teme al rey y se deja dominar. Toda tiranía se vale del miedo para perdurar, el miedo es hijo del terrorismo, depende de él, vive para él, todo aquel que quiera dominar hace uso del terrorismo y del miedo. El Estado se erige sobre los miedos de una sociedad y ejerce el mas temible de todos los terrorismos, es el más amplio ejercicio del terror colectivo y sobre los individuos que recae, es contundente y aparentemente invencible, más aún cuando se enviste del Espíritu Absoluto Hegeliano, que no es mas que otra forma de darle el atributo de la divinidad, siendo así la dialéctica perfecta del miedo. Temerle a Dios es la razón desde que el hombre lo creo, igual que su temor al Estado, pero si se funden en una sola conjunción del poder, su terror es infinito y el miedo es incontrolable.
El Statu quo se mantiene con este pleno ejercicio del miedo, los Egipcios, los Griegos, los Romanos, lo sabían y lo ejercían, así como lo hace hoy cualquier gobernante con ínfulas de reyezuelo como el colombiano. En nuestro país sufrimos esta práctica de manera frontal, padecemos desde hace muchos años el rigor del TERRORISMO DE ESTADO, que de forma sistemática, destroza y asesina a los oponentes políticos y a todo aquel que considere que pone en riesgo sus intereses, vivimos en un régimen del terror, el capitalismo, no solamente en Colombia sino en el resto del mundo, es un sistema de terror. Occidente forma su proyecto de civilización con la consolidación y expansión de un ESTADO TERRORISTA o qué otra cosa fue la invasión al territorio africano, a Oceanía y a América?, en estos continentes, los pueblos originarios fueron arrasados y sometidos, la cultura judeo-cristiana del miedo fue impuesta y expande el terror por todo el planeta. El miedo, dicen las comunidades indígenas, es el verdadero enemigo de nuestros pueblos.
Hoy vemos como esta combinación del miedo nos sumerge en el atraso, el maridaje entre religión y Estado, hace trisas un orden liberal y sataniza una vez más al socialismo y al comunismo, es por esto y por nuestro permanente atraso, que aún es revolucionario pensar como un liberal, hoy como ayer, la superación de este MIEDO (Terrorismo de Estado) ha de marcar el camino para las grandes transformaciones. No le tengamos miedo a la guerra y luchemos por la paz, no le tengamos miedo a la muerte y luchemos por la vida, no le tengamos miedo a la cárcel y luchemos hasta vencer por nuestra libertad, pero ante todo, no le tengamos miedo a la ignorancia y forjemos nuevos pensamientos de firmeza y dignidad, pues es hora de no recular, de tener principios y lealtad, es hora de que los hombres, obviamente las mujeres, y los pueblos de América, declaremos en bancarrota LA INDUSTRIA DEL ARREPENTIMIENTO, como nombrara Benedetti a todos aquellos que por moda se visten con cualquier abrigo, que cubra todas sus ambiciones y vanidades.
Así, las sociedades humanas superan los miedos, al observar a las mujeres y a los hombres, enfrentar con entereza, más que los triunfos que empalagan y enceguecen, las derrotas que entristecen y acobardan, los pueblos que superan sus derrotas y emergen cual ave Fénix de entre las cenizas, ven la luz de la esperanza al final del mas extenso y oscuro túnel, pues la historia nos ha mostrado que el miedo y la oscuridad son hermanos.
A los movimientos sociales y populares de nuestro país los han querido aniquilar, con distintas expresiones del TERRORISMO DE ESTADO, miles de masacrados, descuartizados, desaparecidos y torturados, millones de desplazados, desempleados y hambrientos, deambulando por las calles de nuestras “suntuosas ciudades” que buscan ocultar tanta miseria debajo de la alfombra, como se hace con la basura que afea nuestro hogar. Somos un estorbo, y un desecho para esta sociedad, incomodamos, afeamos, así nos ven y lo que es peor, así nos vemos y hasta nos sentimos, antes por lo menos explotaban nuestra fuerza de trabajo o éramos su ejército laboral de reserva, hoy en día no nos necesitan, no les somos útiles, o tal vez si, para justificar los grandes presupuestos recibidos por las ONG’s asistencialistas, que evitan que el sistema colapse ante tanta miseria, la iglesia nos necesita para dar su caridad, aunque bendiga el terrorismo, el despojo y la humillación de los humildes, los politiqueros nos necesitan para que por un tamal, o un plato de lechona, un ron, una cerveza, un mercado o una teja, vendamos nuestro voto a su inseguridad democrática, el gobierno nos necesita para hacer un Falso Positivo, los ejércitos de la muerte nos necesitan para alimentar sus guerras, el sistema carcelario, como el resto del sistema para ampliar su corrupción.
¡UF!!!, En un momento pensé que ya no les servíamos o les éramos útiles, pero gracias a nuestra santa inquisición globalizada, servimos para algo. Así experimentaba este sentimiento hace más de un año, allá afuera, en la calle, más no en la libertad, y aún más inútil me siento aquí adentro, donde nos busca sepultar en vida el sistema, donde la indiferencia, el olvido y el abandono, son puñales que laceran nuestro cuerpo, pues se siente, y nuestra mente, pues se sufre. Aquí el miedo aterroriza al hombre, la incertidumbre de cuando salir, del nunca quizá, de la muerte que vendrá; del miedo que sienten los otros para decir que algún día compartieron con nosotros, que fueron nuestros amigos, nuestros parceros, nuestros panas, compañeros, camaradas, cómplices de sueños y utopías. Sin embargo los miedos controlados y superados por los movimientos sociales y populares no son valentía, son la ternura de los pueblos, son la solidaridad hecha vida, son ese calor que te abriga, esa voz que te anima, esa fuerza que no te deja desfallecer, que aunada a los principios, te hace resistir la mas atroz de las torturas.
Hoy, a un año de esta infamia y tortura, no me arrepiento para nada de dedicar mi vida a la más hermosa de las profesiones, ser MAESTRO, a decir libremente lo que PIENSO y a luchar con toda claridad y firmeza por los DERECHOS HUMANOS y la construcción de una COLOMBIA EN PAZ SOBERANA Y SOCIALISTA.
¡YA BASTA!
¡No más reyezuelos! ¡No más príncipes encantados!, ¡No más ejércitos feudales!,
¡No más tribunales de la santa inquisición!, ¡No tropas invasoras!
¡No más Agro Ingreso Seguro!, ¡No más Corrupción!,
¡No más Falsos Positivos!, ¡No más Reelección!,
POR PIEDAD, NO MÁS GUERRA,
Por un Acuerdo Humanitario,
Por la solución política y negociada al conflicto social y armado,
Por paz con justicia social, Por la dignidad y autodeterminación de los Pueblos.
UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD.
ADE, FECODE, PLAN KAZIYADU, PDA, TJER, CATEDRA DE DDHH EDUARDO UMAÑA LUNA.
Noviembre 10 de 2009. A los 361 días de secuestro en las mazmorras del fascismo. Cárcel la Picota, Bogotá.
Carta de Miguel Ángel Beltrán : Preso político, víctima del terrorismo de Estado
Noviembre 12 de 2009 | 09:11 AM. | Noticias
Por Miguel Ángel Beltrán
"Carta a mis padres: Miguel Antonio Beltrán y Alba Ruth Villagas
Queridos padres:
Imagino sus caras de sorpresa cuando el viernes pasado (22 de mayo) escucharon decir al comandante de la policía, General Oscar Naranjo, que el Departamento administrativo de Seguridad (DAS) había capturado "al terrorista más peligroso de las FARC" y que se trataba de un profesor universitario que respondía igual que vuestro hijo al nombre de Miguel Ángel Beltrán Villegas.
Supongo que de de no ser por las inquietantes imágenes de televisión, que corroboraban la noticia, donde se me presentaba esposado, con un chaleco antibalas de color negro, un tapabocas y un impresionante dispositivo de seguridad, papá hubiera lanzado una descomunal carcajada, comentando la noticia con su acostumbrado humor negro: "si mi hijo es terrorista, Uribe es la Virgen Santísima".
Pero en este país del Sagrado Corazón de Jesús, donde los mal llamados "falsos positivos" (en realidad verdaderos crímenes de Estado) ejecutados a "sangre fría" son el pan de cada día, todo es posible. Incluso que los noticieros señalen al presidente Álvaro Uribe como el mandatario más popular de América Latina y a mí, como un peligroso terrorista internacional.
Al día siguiente en los calabozos de la SIJIN de Bogotá, un guardia me compartió amablemente un artículo publicado por el diario "El Tiempo" y que parecía un panfleto escrito en los tiempos de la "guerra fría" cuando se decía que "los comunistas comían niños".
En su columna el reportero señalaba que ustedes dos eran guerrilleros y que yo había realizado mis estudios en la extinta Unión Soviética. Esta vez -les confieso- quien no pudo contener la risa fui yo:
"mis padres chusmeros, vaya que chiste tan bueno", imaginaba en medio de la hilaridad que me producía la noticia que si yo era sindicado de ser "alias Cienfuegos" seguramente papá fue conocido como "chispas" y mamá como "pólvora" u otro explosivo nombre de guerra.
Más allá de que la irresponsable aseveración del periodista, puso en grave riesgo la integridad personal de ustedes dado que en este país los ex guerrilleros han sido impunemente asesinados, como lo ilustra la muerte de Guadalupe Salcedo, "Charro Negro", Carlos Toledo Plata, Carlos Pizarro y muchos más, quisiera decirles que secretamente pensé que era un orgullo que en el citado artículo de prensa los señalaran de guerrilleros.
¿Acaso no fueron los ejércitos irregulares patriotas los que derrotaron más de tres siglos de colonialismo español? ¿No fueron los guerrilleros liberales los que enfrentaron las dictaduras civiles conservadoras en los años cuarenta y cincuenta? ¿No ha sido la acción guerrillera la que ha preservado los escasos resquicios de democracia que hoy subsisten en el país?
En Colombia la historia ha demostrado que guerrillero es sinónimo de altruismo, resistencia y dignidad; los Llanos, Chaparral, Villarrica, Marquetalia, Sumapaz y el Guayabero pueden dar fe de ello. Insultante hubiese sido que los llamaran "congresistas "o "asesores presidenciales", ocupación asociada hoy a la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.
Pero la vida les reservo otros caminos: papá se convirtió en un ex sargento viceprimero de la policía y mi progenitora en una abnegada madre dedicada al cuidado del hogar.
Con la generosidad y entrega de ustedes dos, sobreviviendo con una precaria pensión de policía habitando una casa en "obra negra", que les subsidió el programa de la "Alianza para el Progreso" (y que terminaron de levantar ladrillo a ladrillo), lograron criar, educar y alimentar siete hijos: cinco mujeres y dos hombres.
De tal modo que si alguna profesión ejercieron ustedes -hay que aclararle al periodista- no fue la de guerrilleros sino la de magos e ilusionistas.
Hoy confinado en este pabellón de alta seguridad donde las horas transcurren lenta y monótonamente, resulta inevitable recrear en mi mente esas historias familiares que ahora se anudan en mi garganta como un grito de rebeldía contra toda la injusticia que descarga sobre mí este régimen corrupto y narco paramilitar.
Todavía tengo fresco en mi memoria aquel lejano día, cuando la abuela Sofía me relato, sin derramar tan siquiera una lágrima porque sus ojos estaban secos del sufrimiento, la muerte de Víctor Villegas, mi abuelo materno, quien era dueño de una extensa finca cafetera en el viejo Caldas. Una tarde cualquiera - me contó la abuela- su vida fue segada a machetazos, por el "delito" de ser "cachiporro".
Su cuerpo inerte permaneció tendido varias horas en la plaza del pueblo. Nadie se atrevía a recogerlo por temor a las represalias, pero mi abuela que siempre se distinguió por tener un carácter fuerte, haciendo caso omiso de los ruegos de amigos y vecinos, se dirigió a la plaza del pueblo, recogió el cadáver, lo cargó varios kilómetros y, en una ceremonia casi privada, le dio cristiana sepultura.
Antes que concluyera el relato mis ojos estaban cargados de lágrimas, por eso tal vez la abuela que conocía mi sensibilidad nunca me contó que en el momento de enterrar a su difunto esposo, en su vientre una pequeña de apenas ocho meses de existencia agitaba su cabecita, como preguntándose por qué le privaban la posibilidad de tener un padre que le arrullara en la cuna, la besara en la frente antes de dormirse y la llevara al parque.
Mi tía Yormen - como después bautizaron esta niña - creció así como han crecido millares de colombianos esto es, como hijos del conflicto armado y social que ha azotado al país por décadas.
Fue así como mi imaginación infantil empezó a poblarse con las historias de "La violencia" que salían a relucir, cada vez que llegaba a la casa una visita familiar. Recuerdo que, como éramos niños, nos mandaban a dormir porque se trataba de "una conversación para adultos".
Pero mi curiosidad era más grande y contraviniendo las órdenes paternas, escuché detrás de las escaleras que conducían al segundo piso de nuestra casa, algunas palabras que mucho después cobrarían sentido para mí: "godos", "cachiporros", "pájaros", "chusmeros", "chulavitas", "Gaitán", "sangrenegra", "venganza", "laureanistas" y otros más.
Muy pronto los relatos de hadas encantadas y de príncipes valientes que con sus besos deshacían los maleficios de la bruja malvada, fueron sustituidos por los terroríficos cuentos de la policía chulavita que incursionaba en los pueblos liberales, les cortaba a los hombres el pene y lo colocaban en la boca-
de sus víctimas por los relatos fantásticos de hombres de filiación liberal que eran obligados a caminar descalzos sobre brasas calientes, mientras que a sus mujeres embarazadas les extraían el feto y los ensartaban en la punta de sus bayonetas, exhibiendo con orgullo su preciado trofeo.
Escuchaba estas historias con una mezcla de terror y fascinación y, como era de esperarse, en lo profundo de la noche me resultaba imposible conciliar el sueño.
Entonces acudía donde mi hermana mayor que me arropaba entre sus brazos y acariciándome la cabeza me decía con su dulce voz que me durmiera, que esas historias habían ocurrido hace mucho tiempo por allá en la época de la violencia, pero que ahora todo era diferente "godos" y "cachiporros" convivían juntos y ya no se mataban.
Al escuchar estas palabras una sensación de seguridad invadía todo mi cuerpo y cerraba los ojos agradecidos con la vida por no haber tenido que padecer el horror de aquellos años.
Y así como en mis lecturas infantiles mis simpatías se alineaban con las más débiles (caperucita roja, Blanca Nieves y la Cenicienta) y mis odios con los más crueles ( el lobo, la bruja y la madrastra) en los relatos que escuchaba de ustedes no me fue difícil tomar partido a favor de los "cachiporros".
Es cierto que a mis escasos cinco años no entendía que significaba esta palabra, pero en lo más profundo de mi corazón algo me indicaba que ellos eran los buenos y los "godos" los malos.
En mi lógica infantil hubo sin embargo algo que empezó a inquietarme constantemente, los "chulavitas" eran policías, y éstos a su vez eran "godos", pero ¡vaya horror!, papá era policía.
La preocupación rondaba tanto mi cabeza que un día me llené de valor y cerrando los ojos me atreví a preguntar: ¿papá cuántos cachiporros mató usted? Yo esperaba un severo castigo a mi atrevimiento, pero como única respuesta obtuve una estrepitosa carcajada.
En mi mente infantil esa risotada significaba que había asesinado y descuartizado a miles de liberales. Entonces mi cara se puso seria y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ante la certeza de algo que ya sospechaba, la imagen del padre ejemplar, del padre cariñoso, del padre bueno estallaba en mil pedazos, como un cristal al estrellarse con el piso.
Cuando estaba a punto de proferir un sollozo papá contestó que en toda su vida no había matado a nadie. Y enseguida me aclaraba ya con el gesto serio -mientras mi corazón volvía al cuerpo- que pese a ser un policía.nunca dejó de ser un liberal gaitanista y que esa filiación-
política la había ocultado siempre, no sólo para proteger su vida sino las de decenas de familias perseguidas por la violencia conservadora; también, para burlar órdenes que consideraba no eran correctas y procurar justicia donde la situación lo requiriese.
A partir de ese día, todo parecía más comprensible y el enredo de ideas que tenía en mi cabeza empezó a clarificarse. Por ejemplo comprendí por qué mamá siendo liberal se había casado con un policía.
Así mismo entendí la diferencia entre un "pájaro" y un "guerrillero" Supe también desde aquella vez que en las filas de la policía había gente "buena", y años después convertido en un activista estudiantil rechacé aquella consigna dogmática tan en boga entre los universitarios, que consideraba que todos los militares eran asesinos.
Sin embargo, la mejor lección que me aportaron estas conversaciones con ustedes y que se hicieron cada vez más frecuentes fue que independientemente de donde estuviera, debía tomar siempre partido a favor de los débiles y manifestar mi indignación contra toda injusticia.
Fue en esos tempranos años de mi vida que empecé a interesarme por la historia política del país y aquella vieja biblioteca de madera, que aún sobrevive en la casa. Se abrió para mí como si se tratase de un tesoro escondido: "Viento seco" de Daniel Caicedo;"Lo que el cielo no perdona" de Fidel Blandón; "Un aspecto de la Violencia" de Alonso Moncada; "13 años de violencia" cuyo autor ya no recuerdo, fueron obras que devoré en cuestión de días.
Sin embargo, el libro que más me impactó fue el de "Las guerrillas del Llano". Su autor, Franco Isaza, había participado en la contienda. Recuerdo que en la biblioteca papá tenía la primera edición impresa en Caracas (Venezuela) y que circuló clandestinamente bajo la dictadura del General Rojas Pinilla, con un prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza donde exaltaba "la heroica resistencia guerrillera del partido liberal".
Tendría siete u ocho años cuando lo leí ávidamente en una de esas vacaciones escolares. Con gran crudeza Isaza retrataba allí las sangrientas masacres cometidas por los chulavitas en los poblados de El Llano, pero al mismo tiempo explicaba como los leones llaneros se fueron armando para defender sus vidas y propiedades, primero en alianza con los hacendados liberales y luego en contra de los mismos, que se pusieron al lado de los conservadores.
En las diferentes conversaciones con mi compañero de patio Heli Mejía, más conocido como "Martín Sombra" he recreado estas historias. "Sombra" me cuenta como su madre y sus tías fueron violadas y luego asesinadas por la policía chulavita; y como su padre, poco después corrió la misma suerte:
"Ante el cuerpo agonizante de mi papá -me relata Sombra - juré que moriría como un guerrillero, por eso jamás me amnistié y en 1966 me vinculé a los núcleos iniciales de las FARC".
Sombra es un vivo ejemplo de la continuidad - y a la vez discontinuidad - de la lucha guerrillera en Colombia. Un conflicto que empezó planteándose como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero que en los años sesenta adquirió claros contenidos de clase, como quedó consignado en el "programa agrario de los guerrilleros" (FARC) y el Manifiesto de Simacota (ELN).
Hace más de un cuarto de siglo que en mi tesis de licenciatura en Ciencias Sociales empecé a investigar este pasado histórico, porque creí ver en él, algunas claves para comprender la actualidad del conflicto armado en Colombia. Fue así que me interesé por estudiar las guerrillas liberales del Llano.
Eran los tiempos del proceso de paz del presidente Belisario Betancur y, desde diferentes sectores del Estado se presionaba para que los combatientes se desmovilizaran y entregaran sus armas. La investigación que realizamos en coautoría con un compañero de estudio, hijo de un exguerrillero liberal;
nos llevó a concluir que los guerrilleros del llano habían sido traicionados por el General Rojas Pinilla quién solicitó a los rebeldes que entregaran sus armas a cambio de promesas de paz que nunca cumplió, contrario a ello muchos fueron judicializados y asesinados.
Por eso en la introducción a nuestro trabajo investigativo señalábamos que la derrota del movimiento guerrillero se convertía en una victoria, porque jamás se volverían a ver filas de insurgentes entregando sus armas a sus verdugos.
Sin embargo, la historia se encargó de desmentir parcialmente aquella afirmación. Años después, los guerrilleros del M-19 haciendo caso omiso de esta lección histórica, entregaron sus armas y muchos de ellos fueron asesinados empezando por su máximo jefe, el comandante Carlos Pizarro León Gómez pese a contar con más de 20 guardaespaldas.
Muy otra fue la suerte de los combatientes de las FARC que se acogieron al proceso de "cese al fuego tregua y paz" se negaron a hacer entrega de las armas y anunciaron al país la formación de un nuevo movimiento político, que se conoció como la Unión Patriótica (UP).
Me vinculé a las filas de la Unión Patriótica desde sus inicios mismos, porque vi en este movimiento amplio, la posibilidad de un cambio democrático por las vía pacíficas. Sus propuestas de reforma política, agraria y social llamaron mi atención, así como su compromiso con la búsqueda de una salida política al conflicto colombiano.
La candidatura del ex magistrado Jaime Pardo Leal colmó todas mis expectativas: su verbo encendido, su tradición de lucha, su capacidad intelectual y su formación académica me convencieron de participar, por primera vez, en una contienda electoral. Pero la oligarquía de este país al ver amenazado sus mezquinos intereses, exterminó a "sangre y fuego" este experimento político.
De pronto empecé a sentir con horror que esas historias de la violencia que ustedes relataban en mis años de infancia, no eran cosas del pasado sino del tiempo presente: cuerpos cortados con motosierra o arrojados como alimento a los cocodrilos, asesinos que jugaban fútbol con las cabezas de sus víctimas, hombres, mujeres y niños descuartizados, poblaciones enteras arrasadas, marchas campesinas acribilladas indiscriminadamente ;
sindicalistas, estudiantes y líderes populares desaparecidos, guerrilleros desmovilizados asesinados impunemente y centenares de fosas comunes repartidas por todo el territorio colombiano.
Así vi desvanecerse el Partido de la "vida y la esperanza" para convertirse en "el partido de la muerte": senadores, representantes a la cámara, concejales, alcaldes populares y militantes de base de la UP, fueron exterminados bárbaramente.
Tengo en mi mente grabado los nombres de Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Teófilo Forero, José Antequera, Pedro Luis Valencia, Bernardo Jaramillo, Miller Chacón, Manuel Cepeda y miles de compañeros más que desaparecieron bajo este huracán de muerte desatado desde las altas esferas del poder.
Sin embargo, nadie como la familia Cañón Trujillo encarnó tan trágicamente, el drama de la "guerra sucia", la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento que padecimos los militantes de la Unión Patriótica en aquellos años: el padre, Julio Cañón, alcalde popular de esta colectividad política en el municipio de Vistahermosa, fue asesinado;
dos de sus hijos acribillados (uno de ellos presentado como guerrillero muerto en combate); el tercer hermano desaparecido y, otro más, torturado; mientras que los sobrevivientes - entre ellos Carmen Trujillo, madre cabeza de familia - se vieron forzados a abandonar la región.
El ciclo de exterminio contra la Unión Patriótica alcanzó para mí su punto máximo, cuando un domingo 11 de octubre, cerca de las 4 de la tarde, hace ya 22 años, escuché por radio la terrible noticia del asesinato de mi maestro, amigo y compañero de lucha Jaime Pardo Leal, entonces candidato presidencial de esta organización política.
Aquel día no pude contener mi indignación y, como miles de compatriotas salí a las calles de Bogotá a manifestar mi espontánea protesta por el aleve asesinato de nuestro líder popular que un mes antes había denunciado con nombres propios a los altos mandos militares comprometidos con los crímenes de la Unión Patriótica.
Las barricadas en las calles céntricas de la capital, el apedreamiento de las entidades financieras, la quema de buses y el saqueo de los almacenes me recordaron, inevitablemente, las escenas del 9 de abril de 1948, que ustedes habían vivido y que tantas veces repasé en mis lecturas universitarias.
Para mi desgracia, esa noche terminé encerrado en un frío y oscuro sótano de la estación de la Policía del Ricaurte, donde fui torturado - y estuve a punto de ser desaparecido - por cuenta de un corpulento hombre al que, supe después, sus compañeros le llamaban "Rambo", aludiendo a la rudeza del protagonista de esta cinta gringa.
Por un feliz equívoco del centinela de turno, que me confundió con otro de los detenidos, obtuve milagrosamente mi libertad en las horas de la mañana del día siguiente.
Consciente de la distracción del guardia que seguramente debió ser duramente sancionado salí tembloroso, con el temor de que se dieran cuenta del error antes de cruzar la puerta que daba a la calle; mis piernas apenas si me respondían y mi corazón parecía explotar.
En estas condiciones todavía no me explico cómo llegué hasta la casa, que se encontraba a una hora del sitio donde permanecía detenido.
Recuerdo que ustedes, junto con mis hermanos y hermanas, estaban reunidos en la sala. Papá se hallaba con la oreja pegada al radio, como esperando algún boletín informativo que diera cuenta de mi paradero; mientras que mi mamá junto con mis hermanas, oraba frente a un cuadro del Corazón de Jesús que siempre nos acompañó.
Mi aparición en la sala de la casa fue como la imagen de un Cristo recién resucitado entre los muertos, solo que en lugar de lucir una larga túnica blanca, vestía una camisa y un pantalón completamente destrozados.
Mi cuerpo estaba lacerado por todas partes, mi cabeza amoratada, mis brazos con profundas escoriaciones y mi ojo izquierdo, convertido en un gelatinoso coágulo de sangre.
De los abrazos, las lágrimas y la alegría del reencuentro, muy pronto se pasó a la rabia e indignación por el maltrato que yo había recibido. Ese mismo día papá redactó un memorial escrito a máquina y dirigido al comandante de la estación Ricaurte.
Luego de identificarse como suboficial de las Fuerzas Militares "en uso de buen retiro" se lo entregó a un Mayor que tenía a cargo el comando, no sin antes pronunciarle un largo discurso, donde le recordaba que la función de la policía era defender la integridad de la población civil y no atropellarla;
que en sus más de veinte años de servicio jamás había actuado en contra de ella, pese a haber vivido los duros años de la violencia para luego concluir su alegato diciendo: "ahora si entiendo por qué los mata la guerrilla!!"
Con mis hermanos y mi madre pensamos que a Papá lo iban a dejar allí y que terminaría reemplazando mi lugar en el calabozo, pero contrario a ello, el oficial de la policía lo escuchó atentamente y con su silencio pareció darle toda la razón. Cuando Papá regresó a casa - feliz por la catarsis hecha - todos soltamos la respiración que hasta entonces teníamos contenida.
Después de este bárbaro episodio, estuve varios días muerto del pánico, esperando que en una esquina cualquiera apareciera "Rambo", montado en su moto y dispuesto a concluir su bestial tarea.
Por fortuna, esto nunca sucedió y venciendo mis miedos interiores asistí al sepelio de Jaime Pardo Leal y de muchos compañeros más. Sentíamos para entonces - como en aquel famoso tango de Gardel - que era "un soplo la vida". Así, tal vez sin darnos cuenta, pasó algo terrible, algo que jamás debió suceder: ante lo efímero de la vida nos enamoramos de la certeza de la muerte.
Reíamos, bailábamos, soñábamos y nos acostábamos con ella. Cada día, cada minuto y cada segundo que vivíamos intensamente era un instante que le hurtábamos a la muerte. No hacíamos juramentos de amor, no prometíamos estrellas azules pero estábamos dispuestos a darlo todo, porque la vida no nos pertenecía y en cualquier momento llegaría la bala asesina.
Empezamos entonces a rendirle un culto religioso a Thanathos. Nuestros sueños, nuestras palabras, nuestros silencios, nuestros versos y hasta nuestras consignas estaban impregnadas de un hálito de muerte: "los muertos no se lloran - solíamos gritar en las marchas - se levantan sus banderas y la lucha continúa".
Sin embargo, en secreto llorábamos sus ausencias y lamentábamos la oscura desgracia de estar sin ellos. Uno de nuestros juegos predilectos era relatar cuál sería nuestra última voluntad: "Yo deseo que mi cadáver lo incineren y las cenizas las lancen al rio Magdalena" - decía alguien -;
"yo prefiero en cambio que mi cuerpo lo sepulten bajo tierra y sobre él planten un árbol que crezca hasta el infinito" - intervenía otra voz; mi deseo postrero era que durante mis honras fúnebres cantaran la "canción del elegido", que iniciaba así:
"siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí; pero mi historia es distinta, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia;
es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada [.]. Su letra me recordaba una de mis lecturas preferidas cuando era niño: "El Principito".
El culto a la muerte lo acompañamos de un total cinismo para encarar la misma:
¿Y el compañero qué medidas ha tomado para hacerle frente a la muerte ? - preguntaba alguien ingenuamente- . "Las del ataúd, por supuesto", contestaba el aludido, sarcásticamente.
En otra ocasiones cuando alguien comentaba que un amigo nuestro se había convertido en un cuadro político nacional, no faltaba quien anotara con ironía "es cierto, pero si se descuida en poco tiempo se convertirá en un cuadro en la pared ".
No le faltaba razón porque las sedes de la UP estaban llenas de cuadros de dirigentes de la UP que fueron asesinados. Con el tiempo estos cuadros se fueron poblando de la imagen borrosa de centenares de amigos y amigas que nos dejaron y de los cuales solo quedó su recuerdo en la mente de aquellos que compartimos sus ideales, sus luchas y sus batallas, y que, pese a ello, sobrevivimos a esa barbarie.
Sí, Yo fui uno de sus sobrevivientes. No me explico ¿cómo? Ni ¿por qué? "las ánimas benditas" diría mi abuela Sofía, las mismas que la resguardaron de los "godos "cuando con ocho meses de embarazo, cargo el cuerpo ensangrentado de su esposo;
las mismas que en medio de la chulavitada protegieron la vida de ustedes, unos liberales de cepa; las mismas que las escoltaron cuando tuvieron que abandonar la finca cafetera y radicarse en Bogotá para escapar del terror de "los pájaros".
Claro, también pagué mi precio, sin embargo nada comparable con la entrega de la vida. En varias ocasiones fui golpeado y torturado por la policía y la última de estas veces - hace más de veinte años - permanecí preso en esta misma cárcel durante dos largos meses, pero la verdad se impuso y el juez declaró mi inocencia.
Recuerdo que en esa oportunidad varios universitarios fueron golpeados y detenidos conmigo, y mamá con llanto en los ojos, aunque con un poco de alivio me dijo: " mijo, gracias a Dios que a usted no le hicieron lo de ese pobre muchacho que lo arrastraron por el suelo, jalándolo del pelo, lo subieron a una camioneta y le rompieron un casco en la cabeza?
Como habrá sufrido su angustiada madre!. Yo apenas asentí con mi magullada testa, pero jamás me atreví a contar que "ese pobre muchacho" había sido yo.
Pero toda experiencia por difícil que sea siempre aporta lecciones positivas y, para ustedes, este doloroso episodio les dejó en claro que ya en esos años, liberales y conservadores actuaban con la misma inquina contra la oposición o ¿ acaso este genocidio y persecución contra la Unión Patriótica no estaba ocurriendo bajo el régimen "liberal" de Virgilio Barco que-
ustedes habían respaldado en las urnas?, con cierta resignación tuvieron que admitir que la política, ya no era como en el pasado, un asunto entre "godos" y "cachiporros" - aliados por el pacto del Frente Nacional- sino como en su momento lo señaló Gaitán: un enfrentamiento del país Nacional contra las oligarquías plutocráticas incrustadas en los dos partidos tradicionales; porque "el hambre no es liberal ni conservadora".
Desde entonces, optaron por apoyar los candidatos de la izquierda. Y dramáticamente la historia parecía repetirse. Así como los gaitanistas que sobrevivieron a la violencia de los años 40, organizaron los primero núcleos de resistencia armada para defender su vida y la de sus familias, muchos sobrevivientes de la Unión Patriótica no tuvieron otra alternativa que enmontarse.
Ricardo Palmera, hoy conocido como "Simón Trinidad," ilustra claramente esta parábola de vida, como lo registra el periodista Jorge Enrique Botero en su libro: "Simón Trinidad. El hombre de Hierro".
Aunque en ese momento entendí que la guerrilla constituía el único camino que el sistema dejaba para aquellos que mantenían sus ideales de lucha por una sociedad más justa, nunca me atreví a dar semejante paso, aunque siempre miré con respeto y admiración a aquellos que lo hicieron.
Tres motivos tuve para no hacerlo: En primer lugar, papá que toda su vida portó una pistola con salvoconducto, hasta que tuvo que empeñarla para solventar una crisis económica familiar, nos inculcó el respeto por las armas -"ojala nunca tengan que utilizarlas"- nos decía frecuentemente.
Coherente con este pensamiento, una noche en que sorprendió robando en la sala de la casa a dos hombres, papá hizo un disparo al aire, como dándole tiempo a que escaparan. Nosotros preguntamos ¿Por qué no los había herido si la ley lo amparaba? "Porque no era necesario - dijiste - es posible que hayan sido vecinos seguramente tendrán hijos bajó su cuidado.
Que no merecen quedar huérfanos". Capté el mensaje inmediatamente, pese a que durante años lamenté que aquellos hombres se hubiesen llevado un tomo de mi Manual de Historia de Colombia.
En segundo lugar, no tomé el camino de la lucha armada, porque mi constitución física siempre fue frágil. Mis amigos decían burlonamente que a mí solo me daban dos gripas en el año y que cada una duraba seis meses.
Por eso entiendo su preocupación cuando en las imágenes de mi detención me presentaron esposado y cubierto con un tapabocas. Ustedes como muchos debieron pensar que como venía de México portaba el virus AH1N1.
De tenerlo, hubiese muerto irremediablemente porque las autoridades colombianas en su afán de "legalizar mi captura" se negaron a practicarme una prueba de laboratorio ( en este país se necesita ser Presidente o Ministro para recibir atención médica inmediata).
En tercer lugar nunca pensé ser guerrillero porque desde niño mi pasión eran los libros, no las armas. El dinero que recibía de mis onces y mis tíos lo ahorraba para después invertirlo en libros.
Papá decía que cuando grande yo sería "catedrático", no sabía qué cosa era eso, pero me entusiasmaba la idea de ganarme la vida siendo una enciclopedia ambulante , como los "catedráticos "Abelardo Forero Benavides y Ramón de Zubiría; mamá en cambio me miraba con ojos de admiración y extrañeza: le preocupaba que no saliera a la calle a jugar con los otros niños y que prefiriera quedarme en la terraza leyendo todo el día.
Con el tiempo los viajes, las vivencias en otras ciudades de fuera y dentro del país, y la condición de ser padre enriquecieron mis lecturas. Pero en medio de todas estas experiencias, la pluma y el pensamiento fueron las únicas armas que aprendí a manejar.
Convertido en científico social, y comprometido con la verdad, no he dejado de utilizar estas armas para pensar la realidad de este país; para denunciar los crímenes de Estado; para desnudar las alianzas de las elites gobernantes con el narcotráfico; para develar la naturaleza "terrorista" del estado que exterminó a más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica y a millares de líderes de la oposición.
En una palabra, para descubrir los horrores de este conflicto armado y social que el presidente Uribe quiere negar, a través de su mal llamada "Seguridad Democrática" calificando de "terrorista" la resistencia política y social del pueblo colombiano y la actividad de académicos que queremos investigar esta realidad.
De José Martí aprendí que "trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras", por eso mis únicos campos de batalla han sido las aulas universitarias en las cuales han transcurrido las dos terceras partes de mi vida.
En la Universidad Distrital y Nacional y no en la Unión Soviética curse simultáneamente mis estudios de pregrado. Ustedes lo saben mejor que nadie, por los grandes esfuerzos económicos que realizaron para que yo pudiese mantener ese privilegio.
Reunir el dinero para los pasajes del bus; comprar las fotocopias (porque los libros era imposible) constituía una lucha del día a día, que pudimos sortear con éxito gracias, también, a la ayuda de mis hermanas mayores que, a diferencia mía, tuvieron que trabajar para pagar sus estudios profesionales.
Jamás estuve en la Unión Soviética ni como estudiante ni como visitante y desafortunadamente ya no podré hacerlo, porque la URSS desapareció hace ya casi dos décadas. Sin embargo, siempre he mantenido una profunda admiración la Revolución de Octubre, antes que las prácticas estalinistas y burocráticas la pervirtieran.
Pero mis preocupaciones por América Latina me llevaron a México, donde pude cursar una maestría gracias a una beca que me otorgó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) tras una rigurosa selección entre profesionales egresados de las más reconocidas universidades del país.
Al concluir estos estudios opté por seguir con un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); nunca pagué un peso por concepto de matrícula, porque en México la educación pública es gratuita. Ese fue uno de los grandes logros de la revolución mexicana que el próximo año conmemora su primer centenario.
Pese a estos beneficios, fueron tiempos difíciles, mi hijo, Ernesto, estaba de brazos, pero con su madre sobrevivíamos a punta de tortilla y de los escasos subsidios que aún mantenía el Estado mexicano. Por eso, aunque hoy el gobierno de Felipe Calderón (cuya elección estuvo signada por el fraude electoral)-
haya echado por la borda, con mi deportación, una larga tradición diplomática de independencia y solidaridad con la lucha de los pueblos latinoamericanos, mantengo mi sentido de gratitud con mis hermanos Mexicanos, de ellos siempre he recibido solidaridad y hospitalidad.
En la UNAM tuve la oportunidad no solo de obtener un Doctorado - cuya tesis recibió mención honorífica - sino de conocer centenares de investigadores comprometidos con un proyecto de sociedad más justa y equitativa, y que enriquecieron mi perspectiva latinoamericana.
Algunos como René Zavaleta Mercado, Ruy Mauro Marini, Sergio Bagú y Agustín Cueva, ya no están con nosotros; otros siguen activos y han sido para mí un ejemplo de militancia con la verdad y el pensamiento crítico.
Por eso cuando el Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), espacio por excelencia de esta producción académica crítica, me brindó la posibilidad de realizar una estancia postdoctoral, no dudé en aceptar la invitación y a través de la Universidad tramité una comisión de estudios.
Claro, también hubo otros factores que precipitaron mi decisión: desde hacía varios meses estaba siendo víctima de persecuciones y hostigamientos por parte de los organismos de seguridad del Estado. De ningún modo quise que ustedes se enteraran de esta situación. No quería generarles más preocupaciones.
Tampoco se lo dije a mis estudiantes y solo conversé acerca de mi situación con un par de colegas que me brindaron su total apoyo. Por eso mi viaje fue repentino y discreto a la vez.
En el momento en el que fui arbitrariamente privado de la libertad por las autoridades migratorias mexicanas, me encontraba concluyendo esta estancia postdoctoral. No estaba reclutando milicianos ni organizando células terroristas.
Es posible que los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe, consideren que formar una conciencia crítica y adelantar investigaciones sobre la historia política de México y Colombia sea una "actividad terrorista". Desde el 11 de septiembre los sectores de ultraderecha han recurrido al pretexto del "terrorismo" para perseguir no solo a los movimientos de oposición sino también a los intelectuales críticos.
Mi vida ha estado estrechamente ligada a la actividad académica en la universidad pública, desde hace tres décadas, cuando me vinculé a ella, primero como estudiante y posteriormente como docente: La Universidad Distrital, La Universidad de Cundinamarca,
La Universidad del Cauca, La Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional pueden dar fe de ello. Por eso puedo decir que la persecución de la que hoy soy víctima no solo una persecución contra mí sino contra la universidad pública en su conjunto.
Querido padres, traicionaría vuestro legado y el de mis maestros - entre ellos el de Jaime Pardo Leal, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna - si ante las amenazas de un fiscal, que promete confinarme más de 40 años en esta cárcel, por los delitos de "concierto para delinquir con fines terroristas", "rebelión" y "financiamiento de grupos terroristas", me retractara de las ideas de justicia que he defendido en mis cátedras, en los diferentes foros públicos y en mis escritos.
Traicionaría también a mis estudiantes, a mis amigos (as) y al pueblo colombiano, si claudico ante las presiones de un gobierno narcoparamilitar. Sé que millares de manos se han unido para defender la libertad de pensamiento, se que miles de voces se han juntado para lanzar un grito de justicia;
se que más temprano que tarde, los cambios que reclama este país se abrirán camino, y los opresores de hoy estarán mañana arrodillados implorando clemencia ante el tribunal de la historia.
Queridos padres, solo quisiera que la vida les regalara unos años más de existencia para ver florecer en nuestro territorio, una nueva Colombia, donde los niños no tengan que llorar la ausencia de sus padres muertos en la guerra;
donde el campesino tenga un pedazo de tierra y ayuda técnica para trabajarla; donde la educación, la salud y la vivienda sean un derecho prioritario y no el privilegio de unos pocos; donde los que ejercemos el pensamiento crítico no seamos tratados como terroristas.
Mis queridos viejos, pueden sentirse felices de que su hijo esté hoy sentado en el estrado de los acusados no por asesino y corrupto, sino por defender los ideales de justicia y libertad que ustedes me inculcaron de niño y que llevo en mi corazón como el más preciado tesoro que me ha regalado la vida.
Por eso, si este tribunal que hoy me juzga me llegase a condenar, asumiré con firmeza y dignidad su fallo, porque me anima la convicción de miles de hombres y mujeres que soñamos con "otra Colombia posible".
Abrazos fraternales, su hijo
Miguel Ángel Beltrán Villegas
Cárcel Nacional "Modelo"
Pabellón de "Alta Seguridad"
lunes, 2 de noviembre de 2009
RETOMANDO DOCUMENTOS PARA EL DEBATE
El canje de prisioneros entre Simón Bolívar y Pablo Morillo
Por: Web Partido Comunista de Colombia
Fecha de publicación: 12/01/08
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El 26 de noviembre de 1820, se firmó en Trujillo (Venezuela) el Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra entre España y Colombia o Acuerdo Humanitario. Según Bolívar, este Acuerdo era "digno del alma de Sucre”, ya que introducía elementos de humanización de la guerra.
Para ratificar este Tratado celebraron una cita el Libertador Simón Bolívar y el “Pacificador” Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo, un día después. El Mariscal Morillo, excombatiente contra la invasión de Napoleón a España, se sintió avergonzado cuando vio concurrir al Libertador Bolívar, con apenas dos acompañantes, montado sobre una humilde mula, sin arreos militares, con gorra de campaña y una levita azul. Morillo venía acompañado de un enorme regimiento de húsares y vestido con impecable uniforme de gala, atiborrado de condecoraciones.
Cuando Morillo percibió tal expresión de grandeza de parte del Libertad ordenó retirar su propia guardia de honor.
Ambos se abrazaron y aunque debatieron con gran energía puntos de visto opuestos sobre la naturaleza y la justificación de la guerra, una vez ratificado el tratado de humanización o regulación de la guerra entre los ejércitos republicanos y las tropas coloniales, que incluía un canje permanente de prisioneros de guerra, se inició una fiesta en la cual ambos bailaron sobre la mesa del banquete, nuevamente abrazados. En la cena, que se dio en la más grande atmósfera de cordialidad hubo varios brindis. Al final, alegres, los dos jefes por la reunión decidieron levantar un monumento conmemorativo y colocaron una piedra.
Al respecto escribió Bolívar a Santander: “El General Morillo propuso que se levantase una pirámide en el lugar donde él me recibió y nos abrazamos, que fuese un monumento para recordar el primer día de la amistad de españoles y colombianos, la cual se respetase eternamente; ha destinado un oficial de ingenieros y yo debo mandar otro para que sigan la obra. Nosotros mismos la comenzamos poniendo la primera piedra que servirá en su base”.
Bolívar, evocando aquella cita histórica, ordenaría en su Correo del Orinoco Nº 91 del 30 de diciembre de 1820 la siguiente nota:
“A la heroica firmeza de los combatientes de uno y otro ejército los felicito por: su constancia, sufrimiento y valor sin ejemplo. A los hombres dignos, que a través de males horrorosos sostienen y defienden su libertad. A los que han muerto gloriosamente en defensa de su patria o de su gobierno. A los heridos de ambos ejércitos, que han manifestado su intrepidez, su dignidad y su carácter… Pero con la misma intensidad declaro odio eterno a los que deseen sangre y la derramen injustamente”.
El general español La Torre devolvió al Libertador las pistolas que había perdido en los duros momentos de Casacoima. Al día siguiente, muy temprano, se despidieron Simón Bolívar y Pablo Morillo para siempre.
Es necesario a las actuales fuerzas contendientes en nuestro país comprender el contenido y los alcances de aquel Acuerdo Humanitario, que superó las terribles dificultades que para el diálogo habían generado años de guerra y de terror, y que estableció en su momento el canje permanente y obligatorio de prisioneros de guerra entre las partes, dentro del territorio colombiano, y el absoluto respeto a la población civil de las zonas ocupadas por los ejércitos en conflicto.
Por considerar esencial su relectura, la Redacción de esta Web publica el texto completo del Tratado que ratificaron aquella noche Bolívar y Morillo:
“Tratado de Regularización de la Guerra
Deseando los gobiernos de España y de Colombia manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios, convirtiéndolos en un teatro de sangre; y deseando aprovechar el primer momento de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos gobiernos, conforme a las leyes de las naciones cultas, y a los principios más liberales y filantrópicos, han convenido en nombrar comisionados que estipulen y fijen un tratado de regularización de la guerra; y en efecto, han nombrado, el excelentísimo señor general en jefe del ejército expedicionario de Costa Firme, don Pablo Morillo, conde de Cartagena, de parte del gobierno español, a los señores jefe superior político de Venezuela, el brigadier don Ramón Correa, alcalde primero constitucional de Caracas, don Juan Rodríguez Toro, y don Francisco González Linares; y el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar, como jefe de la República; de parte de ella, a los señores general de brigada Antonio José de Sucre, coronel Pedro Briceño Méndez, y teniente coronel José Gabriel Pérez, los cuales autorizados competentemente han convenido y convienen en los siguientes artículos:
Art. 1º. La guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los pueblos civilizados, siempre que no se opongan las prácticas de ellos a alguno de los artículos del presente tratado, que debe ser la primera y más inviolable regla de ambos gobiernos.
Art. 2º. Todo militar o dependiente de un ejército tomado en el campo de batalla, aun antes de decidirse ésta, se conservará y guardará como prisionero de guerra, y será tratado y respetado conforme a su grado hasta lograr su canje.
Art. 3º. Serán igualmente prisioneros de guerra y tratados de la misma manera que éstos, los que se tomen en marchas, destacamentos, partidas, plazas, guarniciones y puestos fortificados, aunque éstos sean tomados al asalto, y en la marina los que lo sean aun al abordaje.
Art. 4º. Los militares o dependientes de un ejército que se aprehendan heridos o enfermos en los hospitales, o fuera de ellos, no serán prisioneros de guerra y tendrán libertad para restituirse a las banderas a que pertenezcan, luego que se hayan restablecido. Interesándose tan vivamente la humanidad a favor de estos desgraciados, que se han sacrificado a su patria y a su gobierno, deberán ser tratados con doble consideración y respeto que los prisioneros de guerra, y se les prestará por lo menos la misma asistencia, cuidado y alivio que a los heridos y enfermos del ejército que los tenga en su poder.
Art. 5º. Los prisioneros de guerra se canjearán clase por clase y grado por grado, o dando por superiores el número de subalternos que es de costumbre entre las naciones cultas.
Art. 6º. Se comprenderán también en el canje, y serán tratados como prisioneros de guerra, aquellos militares o paisanos que individualmente o en partidas hagan el servicio de reconocer u observar, o tomar noticias de un ejército para darlas al jefe de otro.
Art. 7º. Originándose esta guerra de la diferencia de opiniones; hallándose con vínculos y relaciones muy estrechas los individuos que han combatido encarnizadamente por las dos causas; y deseando economizar la sangre cuanto sea posible, se establece que los militares o empleados que habiendo antes servido a cualquiera de los dos gobiernos han desertado de sus banderas y se aprehendan bajo las del otro, no puedan ser castigados con pena capital. Lo mismo se entenderá con respecto a los conspiradores y desafectos de una y otra parte.
Art. 8º. El canje de prisioneros será obligatorio, y se hará a la más posible brevedad. Deberán, pues, conservarse siempre los prisioneros dentro del territorio de Colombia, cualquiera que sea su grado y dignidad, y por ningún motivo ni pretexto se alejarán del país llevándolos a sufrir males mayores que la misma muerte.
9º. Los jefes de los ejércitos exigirán que los prisioneros sean asistidos conforme quiera el gobierno a quien éstos correspondan, haciéndose abonar mutuamente los costos que causaren. Los mismos jefes tendrán derecho de nombrar comisarios, que trasladados a los depósitos de los prisioneros respectivos, examinen su situación, procuren mejorarla y hacer menos penosa su existencia.
10º. Los prisioneros existentes actualmente gozarán de los beneficios de este tratado.
11º. Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos gobiernos serán altamente respetados, y gozarán de una absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta con respecto a las partes beligerantes.
12º. Los cadáveres de los que gloriosamente terminen su carrera en los campos de batalla, o en cualquier combate, choque o encuentro entre las armas de los dos gobiernos, recibirán los últimos honores de la sepultura, o se quemarán cuando por su número, o por la premura del tiempo, no pueda hacerse lo primero. El ejército o cuerpo vencedor será el obligado a cumplir con este sagrado deber, del cual, sólo por una circunstancia muy grave y singular podrá descargarse, avisándolo inmediatamente a las autoridades del territorio en que se hallan para que lo hagan. Los cadáveres que de una y otra parte se reclamen por el gobierno o por los particulares no podrán negarse, y se concederá la comunicación necesaria para transportarlos.
13º. Los generales de los ejércitos, los jefes de las divisiones y todas las autoridades estarán obligados a guardar fiel y estrictamente este tratado, y sujetos a las más severas penas por su infracción, constituyéndose ambos gobiernos responsables a su exacto y religioso cumplimiento, bajo la garantía de la buena fe y del honor nacional.
14º. El presente tratado será ratificado y canjeado dentro de 60 horas y empezará a cumplirse desde el momento de ratificación y canje; y en fe de que así lo convenimos y acordamos nosotros los comisionados de España y de Colombia, firmamos dos de un tenor, en la ciudad de Trujillo a las diez de la noche del 26 de noviembre de 1820. Ramón Correa. —Antonio José de Sucre. —Juan Rodríguez Toro. —Pedro Briceño Méndez. —Francisco González de Linares. —José Gabriel Pérez.
«El presente tratado queda aprobado y ratificado en todas sus partes. —Cuartel general de Carache, 26 de noviembre de 1820. —Pablo Morillo. —Josef Caparros, secretario. —(Lugar del sello).
Se aprueba, confirma y ratifica el presente tratado en todas y cada una de sus partes.
Dado, firmado y sellado con el sello provisional del Estado, y refrendado por el ministro de la Guerra, en el cuartel general en la ciudad de Trujillo, a 26 de noviembre de 1820.
Simón Bolívar Por mandato de S. E. —Pedro Briceño Méndez. —(Lugar del sello).”
domingo, 1 de noviembre de 2009
PROCESOS DE PAZ
Por Alberto Pinzón Sánchez
Una pregunta reiterada por los colombianos deseosos de encontrarle una solución política al lago conflicto social y armado que padecemos ha sido y es: ¿por qué después de tantos años intentando diversos procesos de paz entre el Estado colombiano y las principales organizaciones guerrillas, no ha sido posible lograrla?
Fuera de las consabidas respuestas fáciles de que ha faltado voluntad política en las partes, o de que ambas han aceptado la negociación en medio de la guerra como un modelo predestinado a fracasar, o el señalamiento sobre la responsabilidad de la terminación abrupta de los procesos de paz; han terminado por simplificar y reducir los análisis de estas experiencias a un mediocre recuento anecdótico de farándula, que ha negado un verdadero conocimiento histórico de los mismos, sobre el cual se puedan sentar conclusiones válidas para trasformar la realidad.
Estoy entonces convencido de que una de las grandes fallas, está en la carencia de una historia de los procesos de paz en Colombia, y que por lo tanto es indispensable regresar a la madre del conocimiento social, la Historia con mayúscula.
Mi planteamiento es que, además de las explicaciones anteriores; la clase dominante y dirigente del Estado colombiano a lo largo de todos los llamados “procesos de paz”, ha implementado un modelo inflexible e ineficaz de negociación, que ha consistido hasta hoy Octubre de 2009, en anteponer frente a las organizaciones guerrilleras con las cuales va a negociar la paz; una serie de “aparatos burocrático jurídicos de Estado para
la negociación”, que ex profeso han diluido la responsabilidad del Poder Ejecutivo, han creado un ambiente de confusión, indefinición e inoperancia, y han terminado por convertir tales procesos de paz en verdaderos laberintos burocráticos al mejor estilo kafkiano.
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PROCESOS DE PAZ
Los aparatos burocrático-jurídicos de negociación, en los procesos de paz colombianos
Por Alberto Pinzón Sánchez
Una pregunta reiterada por los colombianos deseosos de encontrarle una solución política al lago conflicto social y armado que padecemos ha sido y es: ¿por qué después de tantos años intentando diversos procesos de paz entre el Estado colombiano y las principales organizaciones guerrillas, no ha sido posible lograrla?
Fuera de las consabidas respuestas fáciles de que ha faltado voluntad política en las partes, o de que ambas han aceptado la negociación en medio de la guerra como un modelo predestinado a fracasar, o el señalamiento sobre la responsabilidad de la terminación abrupta de los procesos de paz; han terminado por simplificar y reducir los análisis de estas experiencias a un mediocre recuento anecdótico de farándula, que ha negado un verdadero conocimiento histórico de los mismos, sobre el cual se puedan sentar conclusiones válidas para trasformar la realidad.
Estoy entonces convencido de que una de las grandes fallas, está en la carencia de una historia de los procesos de paz en Colombia, y que por lo tanto es indispensable regresar a la madre del conocimiento social, la Historia con mayúscula.
Mi planteamiento es que, además de las explicaciones anteriores; la clase dominante y dirigente del Estado colombiano a lo largo de todos los llamados “procesos de paz”, ha implementado un modelo inflexible e ineficaz de negociación, que ha consistido hasta hoy Octubre de 2009, en anteponer frente a las organizaciones guerrilleras con las cuales va a negociar la paz; una serie de “aparatos burocrático jurídicos de Estado para
la negociación”, que ex profeso han diluido la responsabilidad del Poder Ejecutivo, han creado un ambiente de confusión, indefinición e inoperancia, y han terminado por convertir tales procesos de paz en verdaderos laberintos burocráticos al mejor estilo kafkiano.
Un analista tan agudo como Chucho Bejarano en algunas de sus descripciones, llegó solamente hasta identificar y nombrar estos aparatos burocrático jurídicos de negociación, que llamó “dispositivos formales de negociación”, pero como era un miembro administrativo privilegiado de ellos, no logró hacerles un análisis crítico que condujera a su superación.
Por eso recurro a uno de los mejores recuentos históricos de estos procesos, presentado hace un año (Octubre 2008) para la fundación ideas para la paz, por el investigador Gerson Iván Arias. Sin embargo me apoyo solo parte de su minucioso trabajo, pues desafortunadamente su esfuerzo explicativo inicial, a la hora de sacar conclusiones no se realiza con la misma profundidad. Así pues que, si el tiempo me lo permite y la paciencia de ustedes alcanza; finalizaré mi intervención directamente con la discusión de mi planteamiento inicial el cual acabo de leerles.
Comencemos con Julio César Turbay Ayala:
El 13 de septiembre de 1981 el ex presidente de la república Carlos Lleras Restrepo, en ese momento director de la Revista Nueva Frontera, publicó un editorial en el que sugería al gobierno Turbay la conformación de un comité de paz, integrado por civiles y militares que se encargara de estudiar la situación de orden público y formulara recomendaciones con el objeto de construir un ambiente favorable para la terminación de la lucha insurgente.
Cuatro días después, Turbay respondió a Lleras y sin dejar de reiterar los esfuerzos de su gobierno en estas materias afirmó, “no me niego, sino que agradezco su gestión sobre el nombramiento de un Comité de Paz que procederé oportunamente a integrar”, señalando la necesidad de que fuera el propio Lleras su director. Días después Lleras aceptó la postulación y juntos acordaron los nombres de los restantes 11 integrantes.
Fue así como mediante el decreto 2761 de 1981, se originó la comisión transitoria nombrada por el presidente Turbay y su ministro de gobierno Jorge Mario Eastman Este primer aparato burocrático jurídico de negociación, estuvo acorde con la correlación de fuerzas políticas predominantes para la época. La iglesia católica y miembros de las fuerzas militares formaron parte de él. Los demás integrantes representaban instancias administrativas del Poder Ejecutivo y su conformación se entendió como una reunión de fuerzas acordes con las políticas presidenciales y sin opción real para terceras fuerzas o de oposición. El comandante general de las fuerzas militares general José Gonzalo Forero Delgadillo, monseñor Mario Revollo Bravo y John Agudelo Ríos, hicieron parte de esta comisión que se instaló el 6 de noviembre de 1981. En el discurso de instalación, el presidente Turbay señaló que la comisión estaría integrada por “representantes de los más variados sectores y ello le asegura su auténtico carácter nacional”
El decreto de conformación, estableció que la comisión formularía recomendaciones de carácter privado al presidente de la república. Estas recomendaciones se concretaron con la expedición del decreto 3642 de diciembre de 1981, donde “la comisión logró que se reglamentara el artículo de la Constitución que autoriza las detenciones preventivas
durante 10 días, y elaboró también un nuevo proyecto de amnistía que sirvió de base al decreto 474 adoptado el 19 de febrero de 1982.
Posteriormente, en un memorando y un anteproyecto de decreto elaborado por la comisión y enviado el 21 de abril de
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Y así lo confirma Agudelo Ríos: “la misión era estudiar mecanismos de carácter jurídico, de carácter legal que le permitieran a los grupos alzados en armas reintegrarse a la vida civil. Nosotros le presentamos al presidente Turbay los resultados de nuestro trabajo, pero desafortunadamente el Doctor Turbay no aceptó las recomendaciones que
le hizo la comisión de paz, razón por la cual la comisión en bloque renunció, renuncia que el doctor Turbay nos aceptó inmediatamente”
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Si bien el objetivo de la comisión era explorar nuevas posibilidades para fortalecer el orden público y crear las condiciones que permitieran la derogatoria de la legislación de emergencia, la pretensión inmediata era buscarle salidas a los precarios resultados de la Ley 37 de marzo 1981, que declaraba una amnistía para los delitos políticos. Como lo dijo el propio Turbay:
“yo no pienso que la amnistía haya fallado por falta de diálogo con la subversión, sino porque fue concebida para delitos políticos sin incluir delitos como secuestro, la extorsión, el homicidio fuera de combate y otros considerados como delincuencia común”
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Desde la conformación de la comisión no se estipularon mecanismos concretos y entidades encargadas de dotar los medios indispensables para su funcionamiento. En la práctica era una especie de instancia ad hoc , que no representaba al presidente y que no disponía de recursos gubernamentales para cumplir su objetivo, fuera del que cada uno de sus integrantes tenía a través de sus respectivos cargos administrativos.
Se trataba de una comisión de carácter transitorio, de corta vigencia, con funciones de recomendación pero sin ninguna capacidad de decisión. Situación que sus propios integrantes reconocieron : “ no tiene ese cuerpo poderes para celebrar pactos a nombre del gobierno, aunque es claro que le resultaría muy útil entrar en contacto con los distintos grupos alzados en armas para examinar sus puntos de vista y hacerles conocer, a su vez, lo que la Comisión estima razonable y posible”
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En el final de su administración y como epílogo de esta primera comisión de paz, el presidente Turbay en su discurso ante el Congreso el 20 de julio de 1982, manifestó que no había aceptado las recomendaciones de la comisión de paz dado que las encontraba “inconvenientes para sostener en los niveles en los que hasta ahora se ha mantenido la moral de las fuerzas armadas y por los precedentes que establecía para la comisión de no improbables futuros delitos de la naturaleza de los que quedarían castigados con simples penas condicionales”
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Belisario Betancur Cuartas:
En las elecciones del 30 de mayo de 1982 triunfó el candidato Belisario Betancur. Durante su campaña electoral había asegurado que una de sus primeras estrategias de gobierno sería la recuperación de la paz y para ello propuso reintegrar la anterior comisión presidida por el ex presidente Lleras Restrepo. Criticando algunos excesos represivos del gobierno anterior de Turbay, planteó la necesidad de crear condiciones para superar las situaciones de injusticia, tales como el hambre, la miseria, el desempleo, el analfabetismo, etc y que definió como causas objetivas de la violencia, a las que había que agregar reformas políticas y sociales que llamó condiciones subjetivas de la violencia. Con este marco conceptual reconoció una intención política en el accionar de los grupos insurgentes, y procedió a establecer con ellos una negociación política en la búsqueda de la paz.
Betancur se propuso cumplir sus promesas electorales y para ello revitalizó la comisión de paz, impulsó la aprobación de un proyecto de ley de amnistía general, creó el plan nacional de rehabilitación (PNR), y trató de consolidar un ambiente político propicio para la concreción de las reformas citadas, dando también un giro en el funcionamiento y composición de los diversos aparatos burocrático jurídicos de negociación Intereses políticos muy diversos entraron a formar parte de tales aparatos : se dio participación directa a las fuerzas de oposición como el partido comunista colombiano, el partido socialista de los Trabajadores, el MOIR, sindicatos, periodistas y miembros de la academia críticos con el establecimiento y, con el decreto 2711 de 1982, creó la comisión de paz asesora del gobierno nacional nombrando en cabeza de ella al ex presidentes Lleras Restrepo, quien 10 días después renunció por razones de salud, cediendo su cargo a Otto Morales Benítez quien a su vez lo pasaría a John Agudelo Ríos, otro miembro de la antigua comisión de paz de Turbay.
Entre los miembros designados en la nueva comisión figuraba la joven conservadora Noemí Sanín, junto a otras 40 celebridades colombianas, y como herramienta complementaria a la labor de asesoría y formulación de recomendaciones privadas de esta comisión, Betancur a finales del 82 estableció las bases del plan nacional de rehabilitación (PNR).
Además de continuar el objetivo señalado por su antecesor, Betancur dispuso que la nueva comisión debería prestar asistencia y presentar alternativas al presidente en cuatro opciones primordiales: Opciones de incorporación de áreas y estamentos a la vida política, económica y social del país. Opciones de recuperación y desarrollo de ciertas regiones territoriales. Opciones de mejoramiento sustancial de la justicia y seguridad de los ciudadanos en las ciudades como en el campo; y Opciones de promoción de la eficiencia de la acción y del gasto público y de la actividad del sector privado.
Para ello, dispuso que el ministerio de gobierno tomara las medidas necesarias a fin de proveer a la comisión de los medios para el ejercicio de las responsabilidades asignadas. Normativamente se trataba de una comisión de carácter asesor, con funciones definidas pero sin poder decisorio, solo presentar “opciones”, y ligada logísticamente a las determinaciones del ministerio de gobierno.
Dos días después de la creación de la comisión, Gerardo Molina, uno de los designados para formar parte de ella, afirmaba en el periódico El Siglo, refiriéndose al proyecto de amnistía que se encontraba en el Congreso, que la comisión había “llegado tarde”
a este proceso, pero que sin embargo su papel y actuación primordial podrían tener algún significado en “las reformas que hay que hacer para rehabilitar las regiones afectadas por la violencia”
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El 23 de septiembre de 1982, en su instalación, el presidente Betancur señaló que le correspondería al Congreso la definición de la amnistía y la creación de un sistema político y jurídico ampliado, dejándole a la comisión la tarea de: “adelantar los diálogos y contactos que juzgue pertinentes con los distintos sectores de la sociedad colombiana, sin discriminación ni limitación alguna, y presentar las alternativas de acción que estime dignas de estudio por el Ejecutivo, o de las demás ramas del poder público, para que los agentes subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad de su patria que los espera”
En este mismo acto y en un discurso improvisado, Lleras Restrepo como directivo de la comisión, respondió reafirmando las responsabilidades presidenciales asignadas y anunciaba que su tarea siguiente era la designación de una serie de subcomisiones “que puedan entrar en contacto con esos grupos y estudiar con ellos qué se puede hacer para que regresen a la vida normal”
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A mediados de noviembre la comisión hizo llegar a Betancur su primer paquete de recomendaciones. La filtración de esta información llevó al presidente a hacer un llamado de atención a los comisionados y pese al número de incluidos en su composición, el M-19 por boca de su comandante Carlos Pizarro afirmó que “esta Comisión de Paz es pequeña e insuficiente
”, y en una carta posterior a Betancur su grupo le propuso ampliar la comisión, para de que “dicho diálogo tenga verdaderamente un carácter nacional”. A pesar de todo esto, la comisión inició procesos de acercamiento con las distintas guerrillas, incluyendo a las FARC EP.
Después de la reunión de finales de enero de 1983, entre algunos miembros de la comisión con miembros del estado mayor de las FARC, Betancur decidió en el decreto 240 de febrero de 1983 nombrar, ad honorem, tres altos comisionados de paz, con el fin de que sirvieran de canal de comunicación entre los miembros de la comisión y el presidente de la República, así como también, desempeñaran otras funciones administrativa articuladas al desarrollo de la política presidencial de paz.
Simultáneamente por decreto 488 de febrero 1983 Betancur nombró a Amparo Bouzas Quintero como consejera en asuntos de paz, aumentando el ambiente de confusión e inoperancia. Correspondió a Otto Morales el presidente de la Comisión, explicar las nuevas decisiones presidenciales de esta manera :
“la labor de los altos comisionados y la comisión es complementaria e integradora”, “la comisión de paz no maneja dineros, ni los distribuye, no realiza obras públicas ni reparte tierras, ni dirige las tareas de rehabilitación (…) quienes vigilan las inversiones y siguen el curso de las obras de rehabilitación, son los altos comisionados (…) ellos podrían considerarse como los gerentes de la paz. Ellos pueden hablar de plata contante y sonante”.
En este ambiente de incertidumbre, la estrategia paramilitar del Estado que venían aplicando las fuerzas armadas desde inicios de los 60 como lo ha establecido definitivamente el sacerdote jesuita Javier Giraldo, da un paso más y arrecia su accionar, haciéndose clara ante la sociedad la percepción de la llamada guerra sucia; entonces Betancur y sus ministros de gobierno, Alfonso Gómez, y de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, mediante el Decreto 2560 de septiembre de1983 y con las mismas funciones mencionadas en el Decreto 240 de 1983, designaron al director nacional de instrucción criminal Antonio J. Duque Álvarez, como alto comisionado para la paz para la región del Magdalena Medio, zona modelo y piloto para la implementación y organización de los grupos paramilitares en Colombia.
Es necesario recordar cómo la actitud soterrada o abierta, de muchos sectores de la sociedad y de la misma clase dominante y dirigente, incluso sectores subordinados al Poder Ejecutivo, contrarios a su proyecto de paz, motivaron la renuncia de Otto Morales Benítez el 25 de mayo del mismo año. En carta a Betancur, Morales declaraba que una de las tareas que aún faltaba por realizar era la de “combatir contra los enemigos de la paz y la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno.
Esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy, con sutileza contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra”
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En su reemplazo fue designado John Agudelo Ríos. Ésta situación además de un cúmulo de contradicciones internas, motivaron que Alfredo Vázquez Carrizosa, también miembro de la comisión, propusiera la renuncia de todos sus miembros para permitir que el Presidente la reintegrara y la reacomodara a las nuevas circunstancias, dado que según su opinión: “han cambiado al propio tiempo, las circunstancias que dieron lugar a la creación de nuestra comisión con un número de miembros que desde un principio la hizo inoperante (…) y que no tenemos ya sino un mandato impreciso y acaso precario para asumir tareas de asesoramiento que el gobierno ya no estima importantes”
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Con la figura de los altos comisionados, la lógica de aparentar una representación nacional (entre comillas) siguió implementándose. De los cuatro comisionados nombrados, uno hacía parte de la iglesia católica, otro era de las fuerzas militares, el tercero del gobierno y el último del sector empresarial privado representado por Alfredo Carvajal Sinisterra, quien había sido alcalde de Cali. En adelante la participación del sector privado en los procesos venideros jugaría un cierto papel de acompañamiento.
Carvajal según el decreto 1211 de mayo de 1984 fue reemplazado por Nicanor Restrepo Santamaría, otro sobresaliente empresario quien venía de ocupar la gobernación de Antioquia. A partir de este momento los aparatos burocrático jurídicos de negociación intensifican los acercamientos entre diversos actores de la insurgencia: M– 19, ADO, EPL, FARC EP y algunos destacamentos del ELN
El primer resultado tangible y con todo un referente histórico básico para hablar de estos procesos de paz, se dio en La Uribe, departamento del Meta, el 28 de marzo de 1984 con la firma de los denominados Acuerdos de La Uribe entre las FARC EP y el gobierno nacional. Se debe destacar que estos acuerdos fueron posibles pese a la reticencia constante del estamento militar, tal y como quedó en evidencia con la renuncia del ministro de defensa, general Fernando Landazábal Reyes (decreto 0093 de
enero de 1984), y su reemplazado por el general Gustavo Mata-moros D’Costa.
Un año más tarde se creó la unión patriótica (UP), partido político que aglutinó a varios movimientos de izquierda, con la participación directa de dos miembros de las FARC EP (Braulio Herrera e Iván Márquez), hasta alcanzar los buenos resultados en las elecciones de 1986. Este resultado electoral, aceleró la estrategia paramilitar del Estado que, como se dijo, venía siendo desarrollada gradualmente por las fuerzas armadas desde 1962, y el exterminio gota a gota que venía sufriendo la insurgencia se disparo masivamente contra el partido recién conformado, hasta borrarlo totalmente de la faz política en Colombia.
El 10 de abril de 1984 dos miembros de la comisión renunciaron, Alfredo Vázquez Carrizosa le recordó al Presidente que pese a lo fundamental que resultaban los acuerdos de La Uribe, era lamentable que “sólo seis de sus miembros fueran los llamados a la deliberación que acompañó dicho documento”. Y en igual sentido se expresó Jorge Angarita Marín, segundo de los miembros que renunciaba ese día.
Con todo, el aparato burocrático jurídico de negociación continuó funcionando, y para darle cumplimiento al cuarto punto de lo firmado en la Uribe, se creó mediante comunicación presidencial del 29 de mayo de 1984 la comisión nacional de verificación Su composición fue ampliada con el mismo mecanismo el 27 de septiembre de 1984, y su composición sería nacional : estarían Horacio Serpa Uribe, Miguel Pinedo Vidal, Nicanor Restrepo Santamaría, monseñor Darío Castrillón, Enrique Santos Calderón, Álvaro Leyva Durán y Gilberto Vieira, así como un miembro de ADO (Autodefensa Obrera) y uno de la UP. Esta Comisión sería ampliada el 29 de septiembre del mismo año con nombres como los de Carlos Ossa Escobar y Fabio Valencia Cossio, entre otros. Como era prioritario para el gobierno alcanzar igual tipo de acuerdos con los otros movimientos, Betancur mediante comunicación presidencial del 17 de julio de 1984, complementada el 22 de julio del mismo año, decidió crear otra comisión nacional de negociación y diálogo para avanzar en las conversaciones con el M–19, el EPL y ADO. Para tal efecto se nombró como coordinador nacional a Alfonso Gómez-Gómez, y como resultados se obtuvieron los acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional firmados el 23 de agosto de 1984 (con ADO y el EPL) y el 23 y 24 del mismo mes con el M–19, y después de superar las más diversas dificultades, el 23 de enero de
1985 se instalaron las diez subcomisiones del diálogo nacional.
A pesar de la tensa y conflictiva situación que se vivió durante ese año y luego de las renuncias de algunos miembros de las comisiones de paz, de verificación y de negociación y diálogo – entre el 20 y el 24 de septiembre de ese año –, Betancur intentó un último esfuerzo y nombró mediante el decreto 3030 de Octubre 1985, otra comisión de paz, diálogo y verificación como reemplazo de las demás comisiones que hasta ese momento habían venido funcionado, y para dirigirla designó a John Agudelo Ríos.
A pesar de algunas declinaciones a los nombramientos, persistieron nombres como los de Carlos Ossa Escobar y Gilberto Vieira. Pues apenas conocieron su designación, los dirigentes liberales Germán Zea Hernández y Rafael Rivas Posada renunciaron a formar parte de la misma: Zea afirmó que su decisiones debe a que el “liberalismo ha sido opuesto, no a la paz, sino a algunos de los procedimientos adoptados en el proceso de la paz” y Rivas posada declaró que el gobierno había “preferido la continuación de un sistema de trabajo que en la práctica prolongará el proceso hasta la próxima administración, con todas las implicaciones que ello conlleva”.
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La cadena de renuncias continuó. En noviembre renunció Alfredo Vázquez Carrizosa y junto a él Carlos Jiménez Gómez, procurador general de la nación, este último por solicitud de la Cámara de Representantes, cuyos argumentos no compartió. Con la toma del palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985, y tras la ofensiva de la estrategia paramilitar del Estado contra desmovilizados y militantes de la UP; la oposición a las iniciativas de paz del presidente Betancur se endurece y el panorama tiende a una sin salida. Sin embargo Betancur logra mejorar un poco el ambiente con los acuerdos del el 9 de diciembre de 1985 con los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño del ELN y con la prórroga de los acuerdos de La Uribe con las FARC EP el 2 de marzo de 1986. Así mismo, el 20 de julio del 86 los destacamentos José Manuel Martínez Quiróz e Inés Vega oficializan ante la nueva Comisión su voluntad de acogerse a los acuerdos de La Uribe, Pero a pesar de todo, dos días después, las renuncias de los miembros de la nueva comisión empiezan a conocerse, y el 5 de agosto de 1986 Betancur oficializó la desintegración de la misma.
Virgilio Barco Vargas:
Luego de su elección como nuevo presidente de Colombia, el 25 de mayo de 1986, Barco Vargas fue claro en afirmar que “la paz no es un objetivo, es el resultado de una serie de tareas que nos hemos impuesto, de acabar con la pobreza absoluta”, y dado que el nuevo presidente iba llevar a la práctica un programa de partido, el tratamiento para enfrentar el conflicto político y armado “se asumió como negociación política entre el gobierno y los grupos insurgentes, regida por principios, objetivos, metodologías y procedimientos precisos ”.
Antes de su posesión Barco, en compañía del director alterno de su partido, Rafael Rivas Posada, se reunió con John Agudelo con el objetivo de analizar los hechos importantes de los diversos escenarios de negociación de paz que había adelantado el gobierno Betancur, a través de las distintas
comisiones que había conformado. A su vez, Barco acompañado de su ministro de gobierno designado, Fernando Cepeda Ulloa, también se reunió con Belisario Betancur:
Así lo recuerda Cepeda Ulloa : “Nosotros tuvimos una entrevista, el presidente Barco y yo con Belisario, en su oficina personal, no en el Palacio, ya era Presidente electo Barco; y Belisario echó su cuento, un cuento entre romántico y pragmático, y entonces la decisión del presidente electo fue que se mantenían los acuerdos, se mantuvieron; se mantiene el cese de fuego que se había pactado, se mantiene el teléfono rojo, y vamos a
ver cuando comenzamos”
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Sin embargo, con la llegada de Barco se dio otro giro y sería la consejería para la reconciliación, normalización y rehabilitación (CRNR) quien dirigiría el tema de la paz, de la mano con el PNR. El fundamento de este cambio estuvo según lo dijo Cepeda Ulloa, en que: “El presidente Barco decía, no creamos la ilusión de que va a haber paz. Nosotros podemos aspirar a normalizar la situación pública, no podemos aspirar a que haya paz. No va haber paz, no creemos en esa ilusión. El presidente Barco venía del rechazo a una retórica fantasiosa de Belisario. Aquí lo más que vamos a lograr es normalizar la situación” Para dirigir esta otra nueva consejería, Barco nombró mediante decreto 2577 de agosto 1986 a Carlos Ossa Escobar, ex presidente de la SAC (sociedad de agricultores de Colombia) y miembro de las últimas dos comisiones creadas por Betancur. La articulación de la CRNR con el PNR se daba en términos de la responsabilidad que tenía la primera sobre el segundo, y las funciones de coordinación y gestión que sobre este tenía la secretaría de integración popular (SIP) en cabeza de Rafael Pardo Rueda.
Desde su llegada, Ossa Escobar tuvo muy claro el giro del cual hablaba el ministro Cepeda: “La autoridad en el proceso de paz la tiene el Presidente de la República. Las fuerzas armadas hacen parte del gobierno. El gobierno va actuar en forma monolítica, con la dirección personal del jefe de Estado, como éste mismo lo anunció antes de posesionarse”. Y, ya como ministro de gobierno, Cepeda ratificó públicamente el apoyo del gobierno a la labor de Ossa: “tendrá el respaldo, no de un grupo de personas, sino de todo el gobierno que ve como una necesidad nacional la consolidación de la paz”- dijo
Desde la conformación de la CRNR se hicieron evidentes las razones de su creación: además de ser un organismo ligado directamente a la presidencia de la República, para coordinar las labores de la reconciliación, cada nivel del gobierno y cada funcionario debía cooperar con su trabajo en la gran tarea del progreso y de la convivencia. Se trataba de una nueva burocratización de los esfuerzos de reconciliación.
Así lo expresó Pardo Rueda: “el primer cambio consistió en poner en cabeza del Presidente de la República la responsabilidad y la supervisión directa de la política de paz. El segundo cambio fue también de fondo, pero pareció un simple maquillaje y en realidad nunca pudo ser bien explicado y mucho menos bien comprendido: se trataba de omitir la palabra paz y remplazarla por tres largos conceptos, reconciliación, normalización y rehabilitación (…) el largo sustituto tenía sentido conceptual, pues se daba una visión realmente comprensiva de lo que es la paz y de lo que ésta involucra, desprendiéndola del simplismo convencional de identificarla sólo con diálogos con la guerrilla”
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Con todo este aparataje burocrático, otros actores políticos y factores reales de poder pasaban su cuenta de cobro a la anterior administración de Belisario y pedían un espacio relevante en los procesos de paz durante el nuevo gobierno. El 10 de septiembre 1986 en la sesión de instalación de la llamada comisión especial sobre la violencia política, miembros del Congreso de la República reclamaron su “derecho” a participar activamente en el proceso de paz y protestaron por la “condición de invitados de piedra”
en que se les había puesto durante la administración Betancur, donde según ellos fueron
“simples receptores de proyectos, pero, de ningún modo partícipes directos en los diálogos con la guerrilla”.
Mientras avanzaban los procesos de acercamiento y exploración, el giro del gobierno Barco avanzó y por iniciativa del propio Ejecutivo se nombró la denominada “comisión de violencia”, conformada por diez académicos reconocidos en la temática, quienes en julio de ese mismo año (1987), presentaron su informe ante el ministerio de gobierno.
A finales de septiembre 1987 se realizó una reunión en La Uribe (Meta) entre dirigentes de las FARC EP, el M–19, el EPL, el ELN, el PRT y el Quintín Lame, y de allí surgió la coordinadora guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Para el gobierno este acuerdo político planteaba la problemática tener que manejar la negociación con la insurgencia, tanto de manera individual, con cada uno de los grupos, como en un escenario paralelo
general. Cuando Ossa Escobar presentó su renuncia el 11 de diciembre del 87, se encargó provisionalmente de la responsabilidad de encabezar la CRNR a Rafael Pardo Rueda, y luego por decreto 2362 de 1987, se oficializó su puesto, pero solamente cuando se había encontrado su reemplazo para dirigir la SIP
Al iniciar 1988, Pardo como nuevo consejero presidencial se reafirma en sus críticas a la confusión creada por el número de comisiones utilizados durante la administración Betancur y ratificó que “se requieren procedimientos y métodos institucionalizados y límites claros”. Bajo estos preceptos y en carta del 10 de mayo de
De igual modo resaltó la diferencia entre la naturaleza, magnitud y consecuencias de los diálogos de sectores no gubernamentales y del gobierno, con los grupos armados así: “
el gobierno, de otra parte incumpliría sus obligaciones, si admitiera estas organizaciones como parte constitutiva de nuestro ordenamiento social”.
Pardo Rueda se puso al frente de las propuestas de Barco en especial con su iniciativa de paz –o plan de paz – expuesta el 1 de septiembre de 1988 y cuyo “objetivo era definir de una manera ordenada y con todos los pasos que se debían seguir, los criterios que debían orientar políticamente el proceso de conversaciones con un grupo armado, cuáles serían las condiciones y exigencias, y cuáles los compromisos que el Gobierno
estaría dispuesto a asumir ”
En la administración Barco, se dieron los procesos de conformación de las mesas de trabajo por la paz y la reconciliación nacional, otra instancia de diálogo entre el gobierno, los partidos políticos con representación parlamentaria, el M–19 y los demás grupos guerrilleros que se acogieron a dicha iniciativa. Es también durante esta administración que se crea la “comisión de notables”, conocida como la “promotoría nacional para la paz”, constituida luego de la propuesta de paz que en noviembre de 1988 hiciera el senador conservador Álvaro Leyva Durán
La promotoría se integró a inicios de 1989 y de ella también harían parte Misael Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen, el cardenal primado monseñor Mario Revollo Bravo, así como Fabio Echeverri Correa (presidente de la ANDI) y Hernando Santos Castillo director de El Tiempo. Este último abandonaría dicha iniciativa argumentando consideraciones de tipo ético.
Dentro del equipo de asesores que acompañaron a Ossa y a Pardo en la CRNR en el periodo 1986–1990 se encontraban Jesús Antonio Bejarano bajo la figura administrativa de coordinador y asesor económico, Ricardo Santamaría y Carlos Eduardo Jaramillo asesores de asuntos políticos, y Reynaldo Gary Pichón asesor asuntos comunitarios, entre otros. Este periodo concluiría con la comisión de desmovilización para el proceso
con el M–19 y el consejo nacional de normalización creado mediante decreto 314 de 1990, donde empezarían a hacerse familiares nombres como los del viceministro de gobierno José Noé Ríos y el asesor del PNR Tomás Concha Sanz.
El 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo político con el M–19. La negociación terminó con la dejación de las armas por parte de este grupo avalada por la Internacional Socialista y la candidatura de Carlos Pizarro a la presidencia. A pesar de este primer logro, la guerra sucia paramilitar y la violencia política del Estado continuaron su avance lento pero seguro de la mano con los narcotraficantes, que en esta fecha hicieron su irrupción pública.
César Gaviria Trujillo
Con la inesperada elección presidencial en 1990 de César Gaviria, antiguo ministro de hacienda y ministro de gobierno del gobierno Barco, hubo continuidad en los puntos básicos de la estrategia de paz del anterior periodo Barco. El modelo de negociación con el M–19 con algunas modificaciones, fue el ejemplo inflexible a seguir durante toda la
administración Gaviria, que luego fue legitimado por una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones para definir los constituyentes –9 de diciembre de 1990–, las fuerzas armadas ejecutaron la “operación Colombia” sobre “casa verde”, lugar donde se encontraba el Secretariado de las FARC. Esta operación militar eliminó cualquier posibilidad de negociación con este
grupo. Durante el primer semestre de 1991 las FARC y las fuerzas que integraban la CGSB realizaron una ofensiva militar sin precedentes. Gaviria, según decreto 1558 de 1990, nombró a Jesús Antonio Bejarano consejero presidencial para la reconciliación, normalización y rehabilitación en reemplazo de Rafael Pardo Rueda, y de manera casi
paralela mediante decreto 1874 de 1990, Pardo es designado como consejero presidencial para la defensa y la seguridad nacional. También según decreto 1875 de 1990, María Emma Mejía fue nombrada como consejera presidencial para Medellín y su Área Metropolitana.
Con el decreto 1860 de julio de 1991, que modificó la planta de personal en el departamento administrativo de la presidencia de la República (DAPRE), y se asignaron nuevas funciones a la CRNR, y además, mediante el decreto 1861 de la misma fecha, se ratificó a Bejarano al mando de la CRNR. Sería Bejarano quien asumiría de manera directa las negociaciones frustradas con la CGSB entre 1991 y 1992, desarrolladas en Caracas (Venezuela), pues la continuación de estas adelantadas en Tlaxcala (México) hasta su rompimiento definitivo el 4 de mayo de 1992, le correspondió a Horacio Serpa Uribe en reemplazo de Bejarano En el desarrollo de dichas negociaciones el Gobierno creó mediante decreto 2015 de 1991, la comisión consultiva para el orden público integrada por Horacio Serpa Uribe, Saulo Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Otty Patiño Hormaza, Carlos Rodado Noriega y Gilberto Vieira, pensando en la perspectiva de futuros diálogos y procesos de negociación con las guerrillas. Para este momento el carrusel administrativo liderado por Bejarano seguía contando con asesores oficiales como Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo, Tomás Concha Sanz, Reynaldo Gary P., Gonzalo De Francisco Zambrano y José Noé Ríos entre otros, y entre los miembros de este círculo rotatorio de funciones negociadoras, Ricardo Santamaría pasaría posteriormente al cargo de consejero que dejaría vacante Pardo Rueda, y Gonzalo De Francisco junto con José Noé Ríos entrarían como asesores a la consejería.
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Una de las iniciativas implementadas por Gaviria y su ministro de gobierno, Humberto de la Calle, fue la creación mediante los decretos 2198 y 2199 de septiembre 1991 de otra comisión asesora de reinserción, cuya composición fue ampliada por el decreto 2207 de la misma fecha. Sin embargo para fines de 1991 el gobierno Gaviria ya había firmado acuerdos definitivos de paz con el EPL, el PRT y el MQL, y en tal sentido esta iniciativa se encaminaba, tal como lo dice el decreto 2198 /
De esta comisión asesora empresarial, hicieron parte José Manuel Arias Carrizosa, Adolfo Carvajal Kuelkuellye, Ernesto Delima le Frac, Andrés Echavarría Olano, Augusto López Valencia, Isaac Jimmy Mayer Hekin, Nicanor Restrepo Santamaría, Juan Manuel Ruiseco Vieira, Carlos Upegui Zapata y Luis Carlos Sarmiento Angulo.
De manera articulada con esta iniciativa y antes de finalizar 1991, el gobierno nacional creó la dirección presidencial para la reinserción en el DAPRE, encargando por decreto 2884 del 26 de diciembre de
Este decreto además de cambiar la denominación de consejero para la reconciliación, normalización y rehabilitación por el de consejero para la paz, le asignó también funciones al nuevo cargo. Serpa Uribe permaneció en su cargo hasta octubre de 1992 cuando en su reemplazo por el decreto 1672 de 1992 es encargado Ricardo Santamaría y quien a su vez se venía desempeñando como consejero para la defensa y la seguridad nacional. Santamaría permaneció en dicho cargo hasta diciembre de 1993. Con este giro dicha consejería asumiría otro sin número de funciones distintas a las inicialmente planteadas. Dicho desdoblamiento funcional sería ratificado casi un año después mediante el decreto 1805 de septiembre de 1993, y la decisión se entendió como una nueva idea de de unir los asuntos en materia de paz con los de la seguridad nacional.
Para noviembre de ese mismo año /93, las decisiones vuelven a dar otro giro. Se deroga el decreto 1805 y por decreto 2323 de 1993 se nombra como consejero para la paz a Carlos Eduardo Jaramillo, quien en este cargo acompañará a Gaviria hasta el final de su mandato. Gaviria concluiría su periodo concretando otros acuerdos menores con la corriente de Renovación Socialista CRS el 9 de abril de 1994, con las milicias de Medellín el 26 de mayo de 1994 y con el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el 30 de junio del mismo año.
Ernesto Samper Pizano:
Con el ascenso de Ernesto Samper Pizano a la presidencia en 1994 se empieza a configurar otro giro en el tema de las negociaciones de paz. Según decreto 1951 de 1994 se nombra al político liberal Carlos Holmes Trujillo como alto comisionado para la paz, buscando con ello aliados que le ayudasen a enfrentar el tan conocido escándalo judicial y político llamado proceso ocho mil. Sin embargo Samper para dar la impresión de que sigue controlando el tema de la paz, dicta el decreto 1959 del 9 de agosto de 1994, en donde aclara que el cargo de consejero presidencial para la paz, a que se refieren los decretos 0053 de 1992 y 1952 de 1994, se denomina alto comisionado dentro de la consejería presidencial para la paz. Y amplía el aparato burocrático jurídico de negociación con profesores y personas con cierto conocimiento del tema como Alfredo Molano, Alejo Vargas, Daniel García-Peña, Edgar Reveiz, Hael Quiroga, pero bajo la dirección presidencial a cargo de José Noé Ríos. Por si fuera poco por el decreto 2107 de 1994, Samper crea también otra instancia de carácter consultivo y ejecutivo en materia de paz: la comisión de acción para la paz, estableciéndole en el artículo 4 sus funciones, la principal la de aplicar los elementos de tipo gerencial en los asuntos administrativos. Aspecto financiero tan caro a su gestión, que posteriormente en 1997 ampliaría y dejaría establecido a través de la Ley 368, el decreto 2429 y con la creación del fondo de programas especiales para la paz o cuenta del departamento administrativo de la presidencia DAPRE, destinado a apoyar administrativa y financieramente las funciones del alto comisionado para la paz
En julio de 1995, se conformó una nueva comisión facilitadora de paz para las conversaciones con el movimiento Jaime Bateman Cayón. La responsabilidad recayó esta vez en el Arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo, en el administrador arquidiocesano de Cali Héctor Gutiérrez Pabón, la secretaria de gobierno del Cauca Nuby Fernández, el rector de la Universidad Libre de Cali Libardo Orejuela, junto al ex
combatiente del M-19 Germán Rojas Niño y el presentador de televisión Alfonso Lizarazo.
Para agosto del 95 se concreta la iniciativa de crear una nueva comisión de conciliación nacional (CCN) con el objetivo de servir de puente entre las partes del conflicto armado, integrada por sectores de la iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación. Y tras un año de servicios a cargo de la consejería presidencial para la paz, Holmes Trujillo renunció (Decreto 1321 de 1995), quedando como coordinador de dicha Daniel García Peña, quien logró permanecer en el cargo hasta el final del mandato de Samper.
En de mayo de 1998 se firmó el protocolo de acuerdo entre el movimiento independiente revolucionario comandos armados MIR-COAR y el gobierno nacional, para lo cual se contó con el apoyo de una comisión gubernamental negociadora, como órgano consultivo y decisorio del gobierno en ese asunto.
En Julio de 1998, luego de la declaración de Viana en España y la declaración de Mainz en Alemania, se creó el comité operativo preparatorio de una posible convención nacional con el ELN. Éste comité estuvo integrado por Ana Teresa Bernal, María Isabel Rueda, Jaime Bernal Cuellar, Alejo Vargas, Nelson Berrío, Alfredo Molano, Jaime Caicedo, Francisco Santos, Carlos Gaviria D., Samuel Moreno Rojas, Sabas Pretelt de la Vega, Augusto Ramírez O., Antonio Picón Amaya, Hernando Hernández, Mario Gómez, el Padre Jorge Martínez y Francisco Galán y Felipe Torres del ELN. Junto a este comité operativo, actuó el comité nacional de paz y en julio de ese año se conformó la asamblea permanente de la sociedad civil por la paz
Por último, es durante el periodo presidencial de Samper cuando en abril de 1995 se creó la comisión facilitadora de paz de Antioquia por decisión de la gobernación del departamento en ese entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Destacamos este hecho porque esa fue la primera iniciativa formal de tipo regional a la que el gobierno central le daba autorización a una gobernación para llevar a cabo acercamientos exploratorios con los grupos armados ilegales y sería pieza clave en la etapa exploratoria que terminaría con la desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez.
Andrés Pastrana Arango:
Pastrana basa su política de paz para el cambio en 20 puntos esenciales y la lógica organizativa de los dispositivos burocrático jurídicos de negociación siguió los mismos derroteros del gobierno Samper. Fue así como el 9 de agosto y por decreto 1642 de 1998 se nombró a Víctor G. Ricardo como alto comisionado en la consejería presidencial para la paz, y paralelamente mediante el decreto 1627 de 1998, se nombró a Camilo Gómez Alzate como secretario privado de la presidencia. El consejo nacional de paz y de su mano el comité nacional de paz, empiezan a operar.
Iniciado el proceso con las FARC y con la entrada en vigencia de la denominada zona de distensión del Cagúan el 7 de noviembre de 1998, los esfuerzos institucionales se enfocaron en la constitución de la mesa nacional de diálogo y negociación y en un comité temático nacional, previstos para el 7 de enero de 1999. Ese mismo día Víctor G. Ricardo, María Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa Meola, eran nombrados como voceros del gobierno nacional en la mesa nacional de diálogo y negociación como primer equipo de negociación. Y bajo la coordinación de Néstor Humberto Martínez Neira, el gobierno nombró como sus representantes en el comité temático nacional a Miguel Pinedo Vidal, Armando Pomárico, Andrés González, Juan Gómez Martínez, Mauricio Cárdenas, Hernando José Gómez, Jorge Gómez Duarte, Ana Teresa Bernal y Fernando Hinostroza.
El 4 de julio de 1999 se cambia el equipo negociador inicial y se conforma un segundo con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez Alzate, Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. A comienzos mayo del 2000 Pastrana acepta la renuncia de Víctor G. Ricardo y nombra a su secretario privado Camilo Gómez Alzate, como nuevo alto comisionado para la paz. Y después 4 meses de difíciles diálogos el 6 de mayo de 1999, los negociadores del gobierno y los representantes de las FARC EP firmaron el primer acuerdo sustantivo de 12 puntos: la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia. Por fin después de más de 50 años de conflicto social y armado, se firmaba por ambas partes una agenda trascendental y básica para una negociación con las FARC.
El proceso de negociaciones continúa a pesar de interferencias políticas y militares de todo tipo, y Pastrana por resolución del 4 de Septiembre del 2000, acepta la renuncia del empresario Pedro Gómez Barrero y nombra un tercer equipo para las negociaciones con las FARC, con participación del partido liberal y la iglesia. En reemplazo de Gómez Barrero nombra al empresario del sector petrolero y ex director de la Esso-Colombia Ramón De La Torre Lago, a monseñor Luis Alberto Giraldo Jaramillo, a Luis Guillermo Giraldo Hurtado y a Alfonso López Caballero quienes junto a Fabio Valencia Cossio, Juan Gabriel Uribe y el general Forero Delgadillo, continuarían en la mesa de negociación. El 22 de noviembre de 2000 se crea el frente común por la paz y contra la violencia, como órgano asesor y consultor del gobierno, integrado por el propio presidente, Horacio Serpa Uribe, Ciro Ramírez, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.
Y después de varios congelamientos, a inicios de 2001 Pastrana y Marulanda lograron reactivar la negociación con la firma del Acuerdo de los Pozos, reafirmando la necesidad de continuar los diálogos, agilizar las propuestas de intercambio humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos e invitar a la comunidad internacional. Entre otras decisiones conforman la comisión de personalidades (también conocida como de los notables) con
el propósito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Dicha comisión fue oficialmente creada el 11 de mayo de 2001 y la integraron Ana Mercedes Gómez Martínez, Carlos Lozano Guillén, Vladimiro Naranjo Mesa y Alberto Pinzón Sánchez.
El 5 de abril anterior, ya se había creado la comisión de países facilitadores para el proceso de paz integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela, y el 9 de abril se había iniciado en el Cagúan las denominadas audiencias públicas.
Finalmente, el 3 de junio de 2001 el Gobierno anunció un nuevo y cuarto equipo negociador con las FARC EP, nombrando ó a Reinaldo Botero Bedoya, Ricardo Correa Robledo y Manuel Salazar Ferro, quienes junto al alto comisionado Camilo Gómez y el comisionado adjunto Luis Fernando Críales, serían los encargados de afrontar la última fase de negociación, que terminó como todos sabemos con el rompimiento de la negociación el 20 de febrero de 2002.
Después del rompimiento con las FARC, los esfuerzos en materia de paz se enfocarían por completo hacía el ELN, sin alcanzar ningún tipo de acuerdo definitivo. Finalmente, se debe siempre tener presente a la hora de hacer el análisis de este periodo, que desde el inicio de la administración Pastrana se implementó con la ayuda del gobierno Norteamericano, el conocido Plan Colombia, y que la estrategia paramilitar del Estado, logra finalmente expandirse nacionalmente y copar todo el país.
Álvaro Uribe Vélez
Desde antes de su elección como presidente y una vez se posesionó, Uribe Vélez condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria previa de un cese unilateral de hostilidades por parte de los grupos armados ilegales. Bajo este marco, los grupos insurgentes dieron a conocer su negativa a lo que significaba una rendición incondicional, que solo fue aceptada los paramilitares de las AUC con quienes se venía negociando desde hacía años. El proceso de acercamiento y reinserción de los grupos paramilitares es llevado hasta su final por el aparato burocrático jurídico creado para tal fin, mediante decreto 1809 de 2002 y será dirigido por el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo. Culminará luego de la sanción presidencial, el 25 de julio de ese año de Ley 975 de 2005, también ampliamente conocida en Colombia y el exterior como Ley de Justicia y Paz, y posteriormente quedaría vacío con la extradición paulatina a los EEUU de la mayoría de jefes paramilitares acusados no de crímenes de Estado, sino de narcotráfico.
El dispositivo burocrático jurídico del comisionado Restrepo estuvo orientado directamente por el presidente Uribe Vélez, y tal y como ha quedado demostrado hasta el día de hoy, se limitó a los grupos paramilitares y no a estructurar una política de paz para todo el país, sostenible y sustentada sobre consensos institucionales.
Y con la terminación de este recuento, espero haber ilustrado y aclarado mi planteamiento inicial de que, la clase dominante y dirigente del Estado colombiano a lo largo de todos los llamados “procesos de paz”, ha implementado un modelo inflexible e ineficaz de negociación, que ha consistido hasta hoy Octubre de 2009, en anteponer frente a las organizaciones guerrilleras con las cuales va a negociar la paz; una serie de
“aparatos burocrático jurídicos de Estado para la negociación”, que ex profeso han diluido la responsabilidad del Poder Ejecutivo, han creado un ambiente de confusión, indefinición e inoperancia, y han terminado por convertir tales procesos de paz en verdaderos laberintos burocráticos al mejor estilo kafkiano.
LQQD. Ginebra Suiza. Octubre. 2009