PONENCIA MESA DEPARTAMENTAL DE DDHH TOLIMA

Ponencia presentada por la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Departamento del Tolima, Colombia

mesadepartamentaldeddhhtolima@gmail.com

Antes de comenzar queremos señalar que como Mesa Departamental de Derechos Humanos del Departamento del Tolima es un honor y un placer participar en un espacio como este, que abre en el país el debate fundamental que este gobierno criminal se ha encargado de negar: LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL QUE NO SE SOLUCIONA POR LA VÍA MILITAR Y QUE SOLO PODRÁ VER ALGUNA LUZ CUANDO SE DE UN VERDADERO PROCESO DE DISCUSIÓN SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE DOMINACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS.

El objetivo de esta ponencia es presentar algunos de los elementos que desde la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Departamento del Tolima son considerados como fundamentales para entender la lógica del conflicto político y social que vive el país, y que permiten formular algunas propuestas en pro de la construcción de una paz democrática.

Con este fin, esta ponencia se dividirá en tres partes: en la primera parte se presentarán algunos de los elementos que desde esta lectura colectiva que significa la Mesa de Derechos Humanos se han identificado como las causas del conflicto político y social que ha vivido el país desde hace más de sesenta años; en la segunda parte se presentará de forma somera la situación que afronta hoy por hoy nuestro departamento; y en el último apartado se presentarán algunos elementos que consideramos como ejes fundamentales en la construcción de una paz democrática en el país, que, a nuestro juicio, son el mejor aporte que se puede hacer en el marco de este evento.

1. DE CONQUISTAS Y RECONQUISTAS: EL MODELO DEL EXPOLIO IMPERIALISTA Y EL LUGAR DE LATINOAMÉRICA
La conquista, el evento histórico que une la historia europea con la de América Latina es el mismo que ha establecido la relación dependiente de Latinoamérica de los países europeos y Estados Unidos de Norte América; erigidos sobre la sangre milenaria de los pueblos amerindios; para imponer en el nuevo continente, como se le llamó entonces, y a los demás países del mundo la visión Eurocéntrica del mismo, persistente hasta hoy, como lo muestra la posición marginal que en el escenario económico y político mundial ocupan África y América Latina, esta última luego de 517 años de permanente saqueo.

La clave para el emprendimiento de las diversas empresas de conquista que guiaron a los diferentes imperios de la época, era la necesidad de ampliar sus imperios y obtener la mayor cantidad de recursos necesarios o considerados valiosos entonces. Así, la situación que antecedió el descubrimiento de América o su Conquista estaba guiada por la apertura de nuevas rutas comerciales y la comercialización de recursos naturales, seres humanos y animales.

De esta forma solo han venido unas tras otras las lógicas colonizadoras e imperialistas de los países del primer mundo o desarrollados, a expensas de África y América Latina. No obstante la constante lucha por el poder económico y político mundial llevó a los países desarrollados, “guiados por la razón”, al desarrollo de dos guerras mundiales y a una guerra, que aunque fría, elevó la temperatura de los conflictos internos en América latina y en los demás países denominados del tercer mundo. En este orden de acontecimientos, Latinoamérica, exceptuando a Cuba, cerró filas hacia el bloque occidental liderado por Estados Unidos de Norteamérica, firmando desde entonces innumerables acuerdos comerciales y políticos, entre los cuales se encuentra la afamada Doctrina de Seguridad Nacional, que llevó a las mas crueles dictaduras militares de Latinoamérica con el fin de prevenir el surgimiento de nuevas Cubas, y que en Colombia tuvo como resultado la organización guerrillera mas antigua del mundo, surgida precisamente en el sur del Tolima.

Se ha establecido así una lógica de relación entre el “centro y la periferia” en la que los “acuerdos” establecidos pueden ser considerados fórmulas de consolidación del espolio de África y América Latina. Esta lógica de “despensa” del primer mundo o mundo subdesarrollado, expresión acuñada por Truman en 1949 ha mantenido a nuestro continente en el centro de la geopolítica mundial, siempre bajo la complicidad de los gobernantes de nuestros países.

A pesar de la supuesta “independencia” de nuestras naciones, la dinámica imperialista aún se mantiene: el expolio de los recursos naturales, los recursos agrarios y la biodiversidad continúa, tratando de llevarse lo que dejaron el imperio español, inglés y portugués. En nuestros días el “saqueo” se disimula con figuras como la cooperación militar, los Tratados de Libre Comercio y las Concesiones de explotación de recursos naturales.

En Colombia, el país que podría constituir la cadera de esta hermosa mulata llamada América, estas políticas han tenido su propio capítulo, pero tienen unas particularidades que deben ser subrayadas: en primer lugar, la histórica desigualdad en el acceso a los recursos, determinada por una élite dominante, que se ha caracterizado por su autoritarismo y su servilismo a intereses extranjeros; en segundo lugar, la persistencia en casi todos los periodos de la vida nacional de organizaciones guerrilleras y la aplicación de diversas tácticas paramilitares por parte del estado. Estas dos particularidades han determinado la existencia de una violencia estructural en nuestro país, que son la expresión de este conflicto político y social. En el periodo actual la situación se ha acentuado por la actitud servicial y guerrerista del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ha posibilitado el libre desarrollo de diversos megaproyectos ejecutados por multinacionales estadounidenses y de diversos países de Europa.

Lo que estas políticas siempre han buscado es la eliminación de los campesinos como sector productivo. Esta búsqueda ha estado estrechamente ligada a la lógica de apropiación de la tierra que se ha mantenido en el país: la concentración de la propiedad rural es una fuente esencial de enriquecimiento para toda la élite gobernante. Este proceso de concentración siempre se ha realizado por medio de mecanismos violentos, siendo la expresión de nuestro tiempo la contrarreforma agraria llevada a cabo por los grupos paramilitares que se ha orientado a la consolidación del modelo agroexpotador.

La concentración de la tierra ha sido uno de los determinantes de la aparición de la violencia que hoy vivimos: la violencia de los años cincuentas debe ser considerada como el proyecto de contrarreforma agraria de la Asociación Patriótica Económica Nacional en la que se agrupaban los más grandes terratenientes de este país. Ante este proyecto encontramos la reacción defensiva inicialmente de la mayoría de las comunidades en lo que se llamó autodefensas campesinas y que posteriormente se constituyeron en guerrillas que buscaban la defensa de sus territorios y que integraron a su lucha un carácter ofensivo, como medio para la toma del poder político de la nación.

El modelo agroexportador parte de la concepción de la producción agrícola como la producción de materias primas básicas, sin ninguna clase de transformación, y partiendo de entender la propiedad rural como una fuente de renta, por lo que es fundamental su acumulación en pocas manos. Sumado a esto, el campesino asume el papel de mano de obra, y teniendo en cuenta que estos productos son los que se colocan en el mercado mundial todos los países “subdesarrollados”, que tienen como único factor de competencia la disminución de los salarios.

El desconocimiento y persecución que se ha mantenido en contra de los campesinos colombianos queda bien reflejado en la Constitución de 1991, que aunque tenga una gran cantidad de cantos a la bandera en los supuestos derechos que consagra, desconoce la existencia de una economía campesina y la somete al criminal proceso de la apertura económica de principios de la década de los noventas.

2. EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: DE LAS LUCHAS POR UN TERRITORIO QUE HOY SE HA CONVERTIDO EN EL BLANCO DE LOS APETITOS DE LAS MULTINACIONALES
El departamento del Tolima no ha sido ajeno a las realidades de la política del expolio imperialista y el conflicto político y social que vive nuestro país, que se ha sido una situación constante desde hace ya 60 años. La época actual ha significado el recrudecimiento de esta situación, pues la política de seguridad democrática se ha encargado de abrir espacios a los proyectos de expropiación de recursos naturales de las grandes multinacionales extranjeras, pasando por encima de las comunidades que ocupan estos territorios, y sí en algún punto estas comunidades deciden manifestarse en contra de estas políticas, son señaladas como terroristas. Esta forma de acción del Estado colombiano tiene como ejemplo lo ocurrido con la movilización Agraria y Popular de 2007, que contó con la participación de 18000 campesinos en el Tolima, hecho que generó desplazamientos masivos, asesinatos extrajudiciales y todo tipo de violaciones de Derechos Humanos.

La concentración de las fuerzas militares en esta zona ha aumentado de manera de manera exponencial en los siete años del gobierno de Álvaro Uribe, y se ha justificado por el gobierno nacional debido a la presencia de la insurgencia. Sin embargo, lo que realmente explica este inmenso despliegue militar en el departamento es la necesidad de proteger la gran cantidad de megaproyectos que se están desarrollando: el del Túnel de la Línea; el megaproyecto del Distrito de Adecuación de Tierras del Triángulo del Tolima; la explotación minera de la Colosa en Cajamarca; el proyecto de trasvasó Río Guarinó al Río La Miel en el norte del Tolima y Caldas; la construcción de la hidroeléctrica del Río Amoyá, sobre cuya cuenca se proyecta la creación de siete hidroeléctricas; y la futura explotación petrolera en la zona de Reserva Natural Galilea. Todos estos proyectos tienen como único objetivo satisfacer los intereses económicos de las empresas transnacionales, creando inmensos perjuicios directos a las comunidades.

Uno de los puntos más importantes de este tipo de explotación es la articulación que se da entre los intereses de estas gigantescas empresas multinacionales con las oligarquías locales, que se convierten en la puerta de entrada de estas empresas y les brindan todas las condiciones materiales para permitir sus explotaciones. Es decir, las clases locales y nacionales tienen un papel fundamental en legalizar lo que a todas luces es ilegal, con el fin de incrementar sus patrimonios personales.

La implementación de este tipo de proyectos se basa en la destrucción de todo aquello que se encuentre a su alrededor: las estrategias paramilitares de recuperación del territorio y repoblamiento del mismo con personas “afectas” al gobierno; las consecuencias ambientales, con procesos tan criminales como la contaminación de aguas con cianuro y la desaparición de algunas de ellas con el fin de construir la infraestructura que se necesita para su puesta en marcha.

3. ELMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ DEMOCRÁTICA: EL TOLIMA, UN PUEBLO QUE SE MUEVE EN PRO DE LA TRANSFORMACIÓN

La construcción de una verdadera paz democrática parte de entender que el modelo de acumulación de capital al que se ha visto sometido nuestro país por parte de las potencias extranjeras invasoras y de las oligarquías vende patrias es el principal motor que atiza la confrontación violenta, por lo que la solución no se dará JAMÁS por la vía militar.

Teniendo en cuenta esto, consideramos que uno de los puntos fundamentales para avanzar en este proceso tiene que ver con la construcción de procesos de organización y de movilización que logren poner en conocimiento de todo el país las condiciones de exclusión estructural a las que se ven sometidas las poblaciones campesinas en su día a día. Este tipo de experiencias ya se han visto materializadas en el departamento del Tolima con la Movilización Agraria y Popular llevada a cabo en el año 2007, en la que más de 18.000 campesinos del departamento llegaron a las calles de la ciudad de Ibagué a mostrar su descontento por el abandono sistemático por parte de todos los gobiernos. A pesar de los supuestos compromisos logrados, los gobiernos han continuado con el incumplimiento de los mismos. Por esta razón consideramos que los procesos de movilización solo serán efectivos cuando se puedan soportar en procesos organizativas fuertes y coherentes, que partan de entender que no se están pidiendo favores a los gobiernos, sino que s está exigiendo lo que por derecho propio deben tener.

De igual manera, opinamos que el intercambio humanitario es una necesidad urgente, que sirve como una primera puesta para el acercamiento entre las partes en conflicto, en la búsqueda de espacios de construcción colectiva que permitan la discusión sobre la que ya hemos caracterizado como el sistema de expolio imperialista en nuestro subcontinente.

En este proceso creemos fundamental realizar hoy un llamado a las diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales presentes, a comenzar la construcción de espacios de construcción de actividades tendientes al avance de un proceso de paz real y duradero. Con este fin consideramos fundamentales las labores de investigación y denuncia de la problemática estructural generada por la política de expolio de las multinacionales que hoy hacen presencia en las diversas zonas del país, pero muy especialmente en el departamento del Tolima.

Sumado a esto, creemos que las organizaciones sociales de todo el país deben jugar un rol fundamental en la construcción de experiencias de justicia comunitaria que hagan frente a los altos niveles de impunidad y corrupción en nuestro país, y que pongan al descubierto que el sistema judicial colombiano es y sigue siendo como dice la expresión popular solo pa’ los de ruana.
Por todo lo anterior convocamos a la población colombiana en general a la defensa de nuestros recursos naturales y la vida, a crear el futuro de paz que todos deseamos. Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a unir esfuerzos para la construcción de la paz en Colombia, donde el dialogo y el análisis de las condiciones históricas de desigualdad social, violencia e impunidad sirvan como base para abordar las problemáticas y así lograr un verdadero proceso de reconciliación y reparación para todos los colombianos y colombianas que desde hace tanto se han visto afectados por el conflicto armado, social y político.

Consideramos fundamental la solidaridad de diferentes organizaciones internacionales sociales y políticas en la difusión de la lectura que la población colombiana tiene del conflicto armado, en la denuncia de la violación histórica y sistemática de los derechos humanos en Colombia, expresada no solo en la persecución de la oposición política, sino en la privación estructural de todos los derechos fundamentales de la mayoría del país.

Creemos en el papel que puede jugar la presión política internacional hacia el gobierno de nuestro país para facilitar un escenario que pueda llevar a la paz en Colombia, por medio de la cooperación y acompañamiento a los procesos organizativos y las comunidades más vulnerables, que hoy se presentan como constructoras de alternativas de paz. Invitamos a los y las extrajeras participantes a este evento a liberarse definitivamente del silencio cómplice, el mezquino “”asistencialismo” y del deplorable papel de opresores.

Esperamos que de este escenario se pueda extender una visión sobre el conflicto armado, social y político en la cual se comprenda que hay alternativas diferentes a la guerra, desde donde podamos pensar en una Colombia diferente en paz y justa, no pacificada y expoliada. Ansiamos que las palabras escritas hoy, se conviertan en acción para el mañana de nuestra patria que mas temprano que tarde será soberana.

Calí, 14 de noviembre de 2009.

PORQUE VICTIMAS SOMOS TODOS, ACUERDO POR LA PAZ “

AGENDA NACIONAL

“PORQUE VICTIMAS SOMOS TODOS, ACUERDO POR LA PAZ “

COLOMBIA, UN PAIS EN GUERRA

Durante mas de 60 años, el conflicto armado interno se ha prolongado dejando profundas cicatrices en la sociedad colombiana, permaneciendo intactas e incluso existiendo con mayor severidad las raíces sociales que determino el desarrollo de la violencia en Colombia; el latifundismo predominante, la acumulación de la riqueza en grandes monopolios nacionales e internacionales y su reflejo en la exclusión social que multiplica la miseria en un ritmo permanente.

El desarrollo del conflicto armado interno se ha caracterizado por periodos desiguales en el que el belicismo florece, seguido de otros periodos donde se busca afanosamente la paz. Como resultado, la guerra se ha insertado en la cotidianidad de las familias colombianas, condenándolas a la resignación, donde las noticias de combates y masacres se han traducido en la indiferencia como muestra de la atomización del tejido social del país.

A pesar de ello, en los últimos años se ha generalizado el agotamiento del pueblo colombiano hacia el conflicto armado. Después del fracaso en el Caguan, las falsas promesas de pacificación fundamentadas en la “guerra contra el terrorismo” como base geopolítica de la propaganda uribista determino la intensificación de la guerra , fundamental para desplegar su control territorial ejercido en zonas económicamente estratégicas en el contexto neoliberal, en donde históricamente existía hegemonía por parte de la insurgencia , y difundir desde su autoridad el principio del enemigo único hacia la consolidación de su estrategia de guerra, para ocultar la crisis económica y política que cuestiona su legitimidad.

Hoy, desde las organizaciones sociales existe una saturación del guerrerismo, con la perspectiva que enfrentamos un conflicto armado interno con un alto grado de descomposición, la sociedad civil se enfrenta al reto de asumir un papel independiente y protagónico que comprometa a los actores del conflicto no solo a explorar alternativas que conlleven a una negociación política, sino a dirigir de manera soberana y democrática el proceso de negociación hacia el dialogo nacional.

VICTIMAS SOMOS TODOS

Como antecedente al desarrollo de la Seguridad Democrática en el país, se firma en medio de los diálogos de paz del Caguan por el gobierno de Andrés Pastrana y Bill Clinton el Plan Colombia en 1999. Este Plan, diseñado por el Gobierno de los Estados Unidos parte de un supuesto “Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados… “

La seguridad democrática de Álvaro Uribe se consolida como una propuesta caracterizada por fundamentarse en el neoliberalismo y autoritarismo , que retoma la Doctrina de Seguridad Nacional como política interna de contención social, como lo afirma públicamente: “Aquí se tuvo durante años la equivocación de despreciar la seguridad. Se mira la seguridad como una postura de derecha militarista, fascista. Se negó durante décadas y por eso del país se apoderaron terroristas de toda pelambre”.

Después de siete años de la aplicación de la política de seguridad democrática el panorama es desalentador y tiende a empeorar. El crecimiento relativo que tuvo la economía colombiana favorecía abiertamente a los grandes monopolios nacionales y transnacionales, generalizando el hambre en las mayorías humildes del pueblo colombiano, un reciente informe realizado por el PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que el 53.8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 20.4% vive en condiciones de indigencia.

En cuanto a los DDHH ,se a legitimado la estrategia paramilitar y su proyecto político a invadido las instituciones de las tres ramas del poder publico , grandes acuerdos hicieron los lideres paramilitares con la clase política tradicional para su “ reinserción “, como resultado se aprobó la Ley de Justicia y Paz , ley que promueve la impunidad mediante el perdón y olvido violando el derecho legítimo de las victimas de exigir justicia, verdad , reparación integral y garantías de no repetición.

Además, los mal llamados “falsos positivos”, mas de 1000 ejecuciones extrajudiciales se han producido de forma sistemática, producto de alimentar una política de medallas y dadivas, que termino con descomponer el nivel ético y moral de las Fuerzas Militares para violar su deber constitucional, a lo cual el Gobierno a respondido con la ingenua explicación que son casos aislados de corrupción institucional.

El desplazamiento ha llegado al límite de 4 millones de personas y tiende a aumentar cada vez mas, no solo como producto de la confrontación armada abierta, sino como parte de una estrategia neoliberal de librar zonas estratégicamente viables para la implantación de macro proyectos. A pesar de esta profunda crisis humanitaria, el gobierno ha respondido con programas asistencialitas por medio de Acción Social insertando a la población campesina desplazada a los cinturones de miseria urbana.

En la carrera armamentista iniciada por el Gobierno, se ha invertido más del 6,5 % del PIB, lo que equivale a plantear que el gasto en defensa es igual a la suma de las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental. Los jóvenes del país ven en la guerra una posibilidad de resistir al desempleo y obtener una vida digna , las Fuerzas Militares han alcanzado los 450.000 hombres , las autodefensas se han rearmado claramente y las FARC a pesar de ser golpeadas militarmente , han demostrado su capacidad de reclutamiento, remplazando a un ritmo permanente las bajas producidas en al confrontación armada.

La degradación del conflicto armado ha producido grandes consecuencias al país, en especial al campo colombiano, ha llenado de minas los caminos y las veredas, secuestros y detenciones masivas, asesinatos y barbarie. Mientras el latifundismo se legaliza y arriban al país grandes multinacionales de Biocombustibles a las regiones mediante bondadosas concesiones.

La Ministra de Educación celebra el préstamo de 300 millones de dólares del Banco Mundial para financiar el Icetex, mientras en Colombia se destinan 22.81 billones de pesos para la guerra, sin contar con el dinero del Plan Colombia, dinero que podría emplearse en la generación de empleo , la construcción de escuelas , infraestructura , abastecimiento de Hospitales y demás aspectos que dignificarían al país.

La soberanía colombiana se confunde con estruendosos conciertos, mientras el país cede nuevas bases militares a los EEUU como plataforma continental. En los Tratados de Libre Comercio con Europa y EEUU se han desconocido los grandes sectores de la sociedad, intensificando la marginación política, como un proceso reiterativo en la historia del país.

Victimas somos todos, las madres del país que entregan sus hijos a la guerra, el desempleado sin oportunidades, el campesino desplazado persuadido por el miedo, el obrero mal pago y explotado, las pueblos indígenas humillados e ignorados, la pequeña y mediana industria sin oportunidad de “competencia” y en general las familias colombianas que con su esfuerzo sustentan la economía de la nación, viendo como único resultado el crecimiento inútil de la carrera belicista.

AGENDA NACIONAL DE PAZ.

A pesar de la condición totalizadora de la Seguridad Democrática y su difusión permanente hacia la parálisis de la critica y el unanimismo, que genera marcantizaciones hacia cualquier expresión que permanezca en oposición. La confluencia de movilizaciones en Octubre del 2008 demostraron las fisuras del muro mediático oficial.

La Minga Indígena, los corteros de caña y Asonal Judicial fueron algunos sectores de la población civil que se movilizaron por sus reivindicaciones demostrando que el conflicto social esta vigente y se agudiza sin cesar con las políticas implantadas desde el Gobierno de Álvaro Uribe, quien respondió con señalamientos desorbitados para justificar la represión militar que escandalizo la opinión publica.

Además, es importante reseñar el papel que está haciendo Colombianas y Colombianos por la Paz que lidera la Senadora Piedad Córdoba, a fortalecido un papel definitivo para demostrar que la sociedad en general puede aportar al Dialogo de manera sustancial , la liberación de varios secuestrados por parte de las FARC , y la nueva participación en el intercambio epistolar del ELN ,sin duda alguna han sido resultado la propuesta humanitaria que desde Colombianas y Colombianos por la paz no solo le proponen a las partes en conflicto , sino al país.

Por ende es necesario fortalecer los sectores sociales en una propuesta unificada en el marco de el Foro Nacional de Derechos Humanos, además de la Cumbre social y Política donde el Pueblo colombiano debe liderar y dirigir una Agenda Nacional de Paz:




Acuerdo Nacional por la Paz: En este proceso deben participar todos los sectores sociales y el acompañamiento masivo de delegados de la comunidad internacional; como resultado debe construirse una agenda humanitaria en puntos específicos que conlleven a la movilización nacional para exigir su inminente cumplimiento.

Conformación de Mesas Regionales Multisectoriales que mediante principios democráticos lleguen hacia el consenso sobre la metodología adecuada para fortalecer la corriente de opinión desde las regiones como antesala a la movilización nacional.

Movilización Nacional “Porque Victimas Somos Todos, acuerdo por la Paz“ donde se da a conocer a la opinión publica la agenda humanitaria en la cual se exija voluntad política al Gobierno y la subversión, realizada en todas las ciudades del país y un gran encuentro en Bogota con delegaciones de todo el país.

Divulgar la agenda humanitaria dentro y fuera del país, hasta encontrar respuesta dentro de las partes en conflicto en cuanto a su cumplimiento, solicitando a organizaciones internacionales hacer el seguimiento correspondiente para el proceso.

Si en algún momento, alguno de los actores del conflicto no cumple la agenda humanitaria se establecerá la Asamblea Permanente como mecanismo de presión hacia su cumplimiento.

Dinamizar desde las mesas regionales, la agenda temática de negociación política, donde se recojan las perspectivas de todos los sectores sociales que integren una lectura hacia la coyuntura regional, con debates amplios y democráticos en una secuencia sistemática que conduzca a obtener mayor claridad en el desarrollo del proceso.

Realizar una coordinación nacional, que integre las lecturas regionales en puntos sustanciales para condensar una propuesta nacional de dialogo preparatoria hacia la Asamblea Nacional por la paz.

Desarrollar la Asamblea Nacional por la paz, como un escenario de encuentro donde la expresión de cada ciudadano sea escuchada y valida en el marco de la construcción de paz. Es necesario que la propuesta nacional de dialogo se identifique con las necesidades de la mayoría de los colombianos, como una invitación fraterna a protagonizar y construir el camino hacia la paz.

Lanzamiento Nacional e Internacional de la Propuesta de Dialogo Nacional como expresión soberana del pueblo, acompañada de masivas movilizaciones en todo el territorio nacional.

Establecer una mesa preliminar de encuentro con la insurgencia y el gobierno , solicitando solidaridad a la comunidad internacional para facilitar el escenario, en esa reunión , reafirmar la Propuesta de Dialogo Nacional con tiempos y mecanismos de participación. Además discutiendo mecanismos de verdad y reparación en delitos de lesa humanidad.

Consolidar nuestros esfuerzos en el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente.

INICIATIVA POLITICA DESDE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO

Las victimas del conflicto armado en el país, no solo han sido desconocidas en el marco de la Ley de Justicia y reparación, que sin duda alguna promulga la impunidad desde la misma incapacidad del aparato judicial para funcionar correctamente, hasta el notorio desinterés en promover la reparación integral por parte del mismo Gobierno y sus mayorías legislativas.

La sociedad colombiana como respuesta a sectorizado las victimas del conflicto, como si obedeciera a su condición natural, sin entender que ha sido la dinámica de la violencia social la que genera las victimas y que ellas están insertas como actores sociales. Hay que resaltar también los señalamientos que han sufrido las victimas por decidirse abiertamente a organizarse.

Es necesario, que las organizaciones de victimas se proyecten hacia el liderazgo de la movilización por la solución política del conflicto en Colombia, el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado en ese sentido a llevado la iniciativa en la formulación de la Política Integral de Acción en Derechos Humanos , pero es necesario que la Mesa Nacional de Victimas en su conjunto se proyecten hacia la Paz del país.


COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS POR LA PAZ, CANAL FUNDAMENTAL.


Desde el surgimiento de colombianas y colombianos por la Paz, se ha consolidado un canal permanente de comunicación con ambas partes en conflicto. Sin duda alguna ha revitalizado el tema de la paz en el país, teniendo gran apoyo nacional e internacional ofreciendo de una manera amplia y sensata el intercambio epistolar como instrumento fundamental.

Para el desarrollo de la propuesta, es necesario legitimar hacia las mayorías de la opinión pública la gestión de Colombianos y Colombianas por la paz, que el ciudadano común se identifique con el anhelo de construir la paz con justicia social.


INTEGRACION DE LOS SECTORES SOCIALES ENTORNO A LA PAZ.

Las organizaciones sociales no solo pueden resignarse a realizar una lucha reivindicativa y manteniéndose como apéndice el apoyo del Acuerdo Humanitario y la Paz, donde la Seguridad Democrática nos a convertido en un estado militarista y autoritario.

Estamos ante un conflicto social y armado histórico, que hoy sirve de slogan para imponer las políticas lesivas al pueblo colombiano , es necesario enfrentar la columna vertebral de la estrategia de dominación que a desarrollado el Gobierno de Álvaro Uribe y consolidar un camino hacia la paz que integre a todos los sectores sociales del país.




APRENDER DE LA MINGA INDIGENA

El rechazo hacia la continuidad del conflicto armado y las consecuencias del mismo dentro de las comunidades afectadas, han llevado a las Comunidades indígenas desde su soberanía como etnia ancestral, a enfrentar cualquier expresión violenta dentro de su territorio.

El incuestionable éxito del Congreso itinerante de los indígenas y el irrestricto respaldo y solidaridad expresada por diversos sectores de la nación, deja muchas enseñanzas, pero aquí se enuncian dos que son centrales y que debieran ser consideradas por los movimientos populares de todo el país:
Las comunidades indígenas, basadas en su saber histórico, planean y actúan pensando en el largo plazo (esta minga cuenta con más de un año de planeación)
El discurso, la cosmovisión y el lenguaje de los indígenas es a todas luces conciliador. está basado en su ejemplo (a favor de la vida y contra la guerra), sin restarle la contundencia de sus críticas al sistema y al gobierno.

PONENCIA DIVERSIDAD SEXUAL Y CONFLICTO

Y NOSOTROS QUE?


Desde siempre el ser humano ha tenido como meta; crear una sociedad sin privilegios y sin relaciones de dominación que siendo organizada democráticamente, se basa en los principios de libertad, igualdad y solidaridad.

Así mismo la construcción de una sociedad equitativa nunca puede estar disociada de la idea de la construcción de una ciudadanía plena para todas y todos, de una sociedad de los derechos humanos. Estos principios han llevado a los diferentes gobiernos en el mundo entero, a luchar por sociedades con igualdad de acceso a las oportunidades para todos y todas especialmente hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans.

En los últimos años ha crecido la conciencia acerca de esta temática y se han dado avances significativos, incluso desde los medios de comunicación que reflejan cada vez mas desde una mirada respetuosa y realista el hecho gay/lésbico/trans, abandonando el estereotipo burlón y denigrante de la homosexualidad.

Sin embargo esos avances no han sido suficientes y a pesar de aumentar el apoyo social a diversas iniciativas de equiparación de derechos, siguen siendo muy fuertes las presiones de diversos grupos conservadores sobre sectores de la política y la sociedad.

Convencidos y convencidas que las banderas de la diversidad son nuestras banderas debemos unirnos junto a las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que trabajan la temática y promover así como acompañar acciones concretas desde los ámbitos ejecutivo y legislativo en un sentido progresista.

El compromiso de esta sociedad con esta causa debe ser una bandera irrenunciable, y en la medida que elijamos representantes los cuales nos apoyen, mayor será la posibilidad de avanzar hacia una sociedad sin exclusiones y con igualdad para todas y todos, lo que no es mas que concretar las máximas de una sociedad justa y equitativa.

El sector LGBT es el conformado por personas cuya orientación sexual es diferente a la heterosexual: mujeres lesbianas, hombres gay, mujeres y hombres bisexuales y mujeres y hombres transgeneristas integran este sector social popular de Colombia.

Estamos en todos lados, en todas las esferas sociales, en todas las comunidades, en las iglesias o religiones, en las entidades publicas y en las privadas… somos artistas, políticos, religiosos, indígenas, campesinos, obreros, policías, militares, secretarias, amas de casa, profesionales, afro descendientes, estudiantes, universitarios, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, trabajadores, desempleados… SOMOS DE TODO O MEJOR ESTAMOS EN TODO.

Para abordar esta inclusión, LGBT es un concepto inmerso dentro de los sectores de la sociedad, puede concebirse como una especie de topografía social que incluye a los sectores relevantes que la ocupan, estructuras institucionales, creencias, expectativas, identidades y practicas discursivas comúnmente comprendidas aunque impugnadas.

Es por ello que no debemos aceptar que en nuestro país el homosexualismo sea tratado como una enfermedad, mucho menos como un caso para policía, debemos defender todas y todos el respeto que nos merecemos con el fin de construir una nueva sociedad.

La importancia de la incorporación plenamente de este sector dentro de las leyes colombianas debe ir mas allá de agregar una estipulación contra discriminación por orientación sexual, pues aunque muchos rechazan la contracultura como reflejo de una sociedad culturalmente globalizada y una distracción del que debería ser el proyecto central de transformación; el valor creciente de una nueva generación de ciudadanos deberá crear espacios donde todos los cuestionamientos tengan participación y resonancia a partir de la construcción de democracia y respeto a la diferencia.

ES POR ELLO QUE HOY DECIMOS. POR UN PAIS FUERA DEL CLOSET, RESPETEMOS LA DIFERENCIA.




IMAD ABDALLAH CHOSER.
Activista, Defensor de Derechos Humanos.

PONENCIA PUPSOC PALMIRA MEDIOS DE COMUNICACION

I ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL ACUERDO HUMANITARIO Y LA PAZ

Pre-encuentro realizado en la ciudad de Palmira el 17 de octubre de 2009


EJE TEMATICO:
EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CONFLICTO COLOMBIANO

Metodología:

1. Proyección video “libertad de prensa y Conflicto”
2. Documento base de discusión
3. Plenaria

PLENARIA

Se reconoce que los medios de comunicación tienen un papel importante en la vida de los ciudadanos y en las formas en que se interpreta la realidad o al país y sus conflictos. En ese sentido es preocupante que la manipulación de la información en Colombia se ha ido concentrando paulatinamente y la diversidad informativa ha ido reduciéndose, lo cual se traduce en que las alternativas para conocer lo que sucede han desaparecido. Es importante también reconocer que el tema del conflicto colombiano ha sido manipulado por los medios y que han reproducido más los flagelos y un cierto discurso emocional (a propósito de los picos del tema en los medios y del manejo de esos picos mediaticos) pero no han permitido reproducir las alternativas políticas que desde distintos sectores se han planteado para la solución de los distintos flagelos que causan la guerra. Luego, los medios de comunicación están representando los intereses que pretenden desdibujar la realidad mediante el “entretenimiento” y la manipulación informativa. Los medios de comunicación son aparato ideológico de la clase dominante, y distorsionan la información en pro de intereses de los dueños de los medios, que para el caso son minoría ante la verdad que necesita la gran mayoría. Identificando que el papel educativo que pueden jugar los medios es importante en promover una participación ciudadana activa.

Creemos que los medios deberían tener un papel educativo, y no de solo información. Forman la realidad para intereses de unos pocos. Hay una falencia en la educación en su componente social, por lo que la gente no esta preparada para enfrentar ni asumir estos procesos sociales.

En este sentido reconocemos el gran papel que deben jugar los medios alternativos de comunicación y su fortalecimiento para dar a conocer la realidad desde otras perspectivas.

Propuestas

1. Generar una propuesta que articule el trabajo de las distintas organizaciones en pro de establecer una red de información bajo una sola campaña de promoción del acuerdo humanitario. Proponemos que la campaña la encabecen las propuesta de comunicación ya reconocidas en el medio de la información y apoyada por todas las organizaciones de base que trabajen en comunicación alternativa. El objetivo principal es entonces crear un fuerte frente informativo alternativo que impulse el acuerdo humanitario desde diversos puntos pero sobre todo que le de la importancia política al tema y despliegue que necesita para avanzar en el impulso de caminos para posisionar el acuerdo como un paso para la paz.

2. Generar corresponsalías de telesur entendiendo la importancia que ha generado en la región en territorio colombiano

NOTAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FRENTE AL CONFLICTO

NOTAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FRENTE AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA; ELEMENTOS DE UNA PROPUESTA.

Presentado por:
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – FEU COLOMBIA
CÁTEDRA UNIVERSITARIA DE SITUACIÓN NACIONAL – AGORA
GRUPO DE ESTUDIOS Y DEBATE POLÍTICO IVAN ORTÍZ

I Conflicto Social y Armado en Colombia

No es posible hablar del conflicto armado colombiano ni buscar salidas a él sin entender que sus causas radican en un conflicto social, enmarcado en el sistema político colombiano que ha estado ligado históricamente a condiciones sociales y políticas, que han sido motivo para los diferentes malestares de la sociedad.

La exclusión política, enmarcada desde la conformación del país en el dominio de una elite bipartidista, es una causa evidente de inconformidad social de sectores alternos que han buscado la participación activa en la toma decisiones en la nación. Desde los liberales del Siglo XIX, pasando por el naciente Partido Socialista Revolucionario de los años veinte, del Partido Comunista Colombiano en los treinta, pasando por las facciones de izquierda del Partido Liberal como la UNIR, el MRL, la ANAPO, el Frente Unido, la UP, entre muchos otros movimientos sociales y Políticos representativos del pueblo colombiano, que han buscado por la vía legal llegar al poder, pero que de una u otra forma han sido reprimidos por estas mismas elites.

La concepción económica del país ha estado orientada históricamente hacia la defensa de la propiedad de los grandes propietarios, manejando la concepción de un modelo en donde las periferias de donde se sacan las materias primas para el desarrollo del país son las más excluidas financieramente y los centros monopolizadores de las ganancias son los más favorecidos, dejando con obvias razones un descontento hacia las políticas gubernamentales que se encargan de mantener esta relación, empleos de ellos los podemos ver desde la llegada de la Texas Petróleo Company a puerto Boyacá y su aprobación gubernamental, hasta las actuales políticas de convertir el país y junto a él la región en una gran estación gasolinera del mundo con la implementación de los cultivos de palma africana. Ligado a esto vemos que otra de las causas objetivas del conflicto social y armado en Colombia es la falta de una reforma agraria efectiva que permita la redistribución de la tierra bajo los criterios de la dinamización de las capacidades productivas de los sectores empobrecidos, por la lógica hacendada de la base económica agraria.

A nivel mundial, se ha entendido que la reforma agraria es necesaria para el paso de los viejos sistemas señoriales, a procesos de industrialización de tipo moderno, sin embargo en Colombia, la ambición de las minorías que rigen la nación y concentran la tenencia de la tierra, han mostrado un fuerte interés por impedir los procesos de distribución de los medios de producción agraria, lo cual ha imposibilitado la industrialización y desarrollo económico del país.

Un diciente ejemplo de ello, es la reciente propuesta de José Obdulio “Obtuso” Gaviria de conformar una asociación campesina donde se reproducen lógicas de supeditación campesina a través del arrendamiento de tierras por parte de los grandes latifundistas; esta propuesta niega los problemas estructurales de la situación agraria, se olvida de derechos de los campesinos, constituyéndose en una contra reforma, similar a la experiencia del Pacto de Chicoral.

Aunada a esta serie de problemáticas, esta la incapacidad del Estado Colombiano de hacer presencia a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual ha sumido a muchas regiones periféricas del país a un estado de abandono y aislamiento que las ha convertido en caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, bien sea fruto de la inconformidad de los sectores menos favorecidos o del interés de los grupos con gran poder económico.

Este abandono por parte del Estado se ve reflejado, no solo en la debilidad en cuanto presencia de las fuerzas militares, sino en la debilidad al momento de asumir las funciones que le competen como institución articuladora de la sociedad. Desde las guerras civiles decimonónicas, se ve un papel semiausente del Estado en la resolución de conflictos sociales; es válido afirmar que las funciones que le correspondían a este, eran desempeñadas por viejas instituciones tradicionales como la Hacienda, la Iglesia y los Partidos Políticos. Actualmente, bajo la concepción de un Estado Social de Derecho, la sociedad espera ciertas garantías de sus derechos fundamentales, entre ellos la salud, la educación y el acceso a servicios públicos, entre otros; sin embargo, en Colombia hemos visto como el Estado ha mostrado una total despreocupación frente a sus funciones las ha descargado en el mercado, con lo cual lo que se concibe como un derecho pasa a ser un servicio, susceptible de ser visto como simple mercancía.

Lo enunciado anteriormente, es muestra de cómo el conflicto armado es resultado y a la vez elemento reproductor del conflicto social, en este sentido, la propuesta que se debe plantear desde la sociedad civil colombiana es en primer lugar partir por el reconocimiento de la existencia de un conflicto que es social y armado; en este plano, se hace lógico que para consolidar un proceso de paz en Colombia, se debe partir por eliminar las causas estructurales de la violencia política, es decir, se debe partir por solucionar el conflicto social, que es el fenómeno que alimenta día a día el conflicto armado.

En manos del Estado colombiano ha estado siempre la posibilidad de resolver las desigualdades y exclusiones que causan el conflicto social y armado en el país, sin embargo, el papel desempeñado por los distintos gobiernos ha sido el de aumentarlas, buscando siempre beneficios para una estrecha elite política y económica, agudizando el inconformismo en el pueblo colombiano, que ve cada vez más estrecha la posibilidad de cambios en beneficio de las clases menos favorecidas del país.

En términos recientes, existen múltiples experiencias que demuestran la complicidad que ha existido entre el Estado y los grupos criminales paramilitares en el país; desde finales de la década del cincuenta hicieron presencia a lo largo del territorio nacional una serie de grupos al margen de la ley que cumplían funciones parainstitucionales. Chulavitas en Boyacá, pájaros en el Norte del Valle y parte del Eje Cafetero, pencaanchas en las sabanas de Sucre y aplanchadores en el Oriente antioqueño, fueron algunas de las expresiones de la intolerancia política y de la violencia estatal en contra del pueblo colombiano.

Posteriormente, a partir del primer experimento paramilitar en Puerto Boyaca, con la conformación regional de grupos paramilitares en la década de los ochenta, se presentó un fenómeno de expansión de la violencia por todo el territorio nacional. Luego de la “desmovilización” que trajo el proceso de negociación con los grupos paramilitares agrupados en las AUC, se han dado una serie de fenómenos de surgimiento de bandas criminales que obedecen a lógicas paramilitares y de narcotráfico, que constantemente actúan en pro de reprimir por medio de amenazas y amedrantamientos a los sectores sociales que se movilizan en contra de las nefastas políticas del Estado. Varios analistas de la violencia en Colombia observan que lo vivido en la actualidad es una consecuencia del “enrarecimiento del conflicto”, lo cierto es que el fenómeno paramilitar se convirtió en una constante muestra de la forma en que los sectores políticos y sociales de derecha, intolerantes y violentos, se articulan con aparatos militares al servicio del narcotráfico con el fin de acallar todas las voces que se manifiestan en contra de las practicas opresivas, excluyentes y fascistas de las elites que gobiernan el país. En este sentido el primer llamado que se haga desde la sociedad civil, debe apuntar a humanizar la confrontación, generando de una parte referentes de diálogo y concertación de las partes vinculadas en el conflicto; en últimas hablamos del dialogo entre la totalidad de los sectores de la sociedad civil nacional.


II Los Universitarios y el Conflicto:

A -) Los Universitarios:

Habiendo señalado el carácter social y político que enmarca el conflicto armado, intentaremos señalar la ligazón de este conflicto con el movimiento universitario para señalar, al final, una propuesta que vislumbre posibles soluciones al mismo, hablamos del Mandato Estudiantil y Universitario por el Acuerdo Humanitario y la Paz con Justicia Social.
Para empezar hay que señalar que el estudiantado es un sector social, de ello se desprende el hecho que la organización y movilización estudiantil siempre ha estado atravesada por la cuestión del carácter de los estudiantes como movimiento social – en tanto perspectiva en construcción, en tanto especificidad-; estos dos caracteres, movimiento social y sector social, nos señalan en ultimas la especificidad del estudiantado; esta la definimos por la naturaleza del que hacer de los estudiantes y por su relación y vinculación objetiva con la sociedad en general.
Dicha especificidad o naturaleza la podemos sintetizar en tres manifestaciones. Sin embargo es menester decir que dichas manifestaciones no son del todo excluyentes en el desarrollo de la movilización, acción y organización que los estudiantes han adoptado para adelantar la legítima lucha en busca de sus reivindicaciones y la construcción de una Nueva Colombia.
• Por una parte existen medidas tomadas por parte de las directivas o el gobierno nacional que afectan la posibilidad de la realización y/o culminación de los estudios universitarios; hablamos en este punto de reformas de tipo académico, des - financiación etc. En este sentido lo que enfatizamos es que la aplicación de dichas medidas afecta a los estudiantes en tanto tal, al limitar – caso reformas académicas – la integralidad de la formación académica o la flexibilidad de las carreras.
• En todos los casos, estas medidas responden en últimas a la apuesta por un modelo de país – impuesto, con el cual nos enfrentamos en nuestro espacio inmediato, la Universidad- que no se compadece de las necesidades reales de la sociedad colombiana. Esto choca necesariamente con la relación Universidad – Nación que los universitarios intentan construir. Además de lo anterior este hecho, el que las medidas se enmarquen en un modelo de nación, sugiere la posibilidad y la necesidad de la articulación del movimiento estudiantil con otros sectores sociales. Evidencia de esto es la apuesta - y la respuesta unificada y decidida del movimiento social, frente a la apuesta neoliberal por parte del actual régimen.
• En los dos casos anteriores vemos la contradicción entre las elites en el poder y los universitarios en relación a la idea de profesional, por una parte, y la idea de Universidad, por otra; es claro para el movimiento estudiantil que la idea de universidad que se impone afecta a su vez y corresponde con una idea de nación. Ahora, ubicándonos en el escenario Universidad – Nación, es claro que la Nación espera algo de parte de la Universidad, pero el qué de esa espera es escenario de contradicción.
Para los universitarios la esencia de la Universidad es aquella que nos habla de un espacio abierto – público – diverso y constructor de un pensamiento crítico que contribuya a orientar a la nación; a su vez, un espacio que contribuya a la solución de las limitaciones materiales de la nación y que con ello contribuya a la construcción de democracia, ciencia y de un país posible para todos – hecho decididamente contrario a los intereses de un gobierno que se desentiende de la sociedad que “lo elige”, pues su interés está ubicado en correspondencia a los del gran capital, del mercado. De allí el compromiso de parte de los universitarios para con la nación, hecho que se expresa en el carácter dialéctico de la lucha estudiantil – por lo menos en términos objetivos – ya que las luchas gremiales se convierten en luchas de tipo político y las luchas políticas se expresan en reivindicaciones gremiales.

La situación de las Universidades está atravesada por diversas problemáticas puntuales que haciendo abstracción podemos sintetizar en la carencia de autonomía y democracia a su interior; hecho no del todo distante de la carencia de estos elementos en el panorama nacional; la falta de políticas que garanticen el acceso y desarrollo de los programas académicos por parte de los estudiantes; la instrumentalización y orientación de la educación hacia el favorecer un mercado autorregulado y despiadado que sume al grueso de la población en la miseria ; la criminalización de la protesta estudiantil; la tendencia en el plano de lo normativo – disciplinario – de impedir y “desinstitucionalizar” las propuestas organizativas propias del estudiantado y la crisis humanitaria al interior de las Universidades, son las cuestiones en torno a los cuales gira hoy la lucha universitaria, los que la hacen necesaria, justa y que exigen la decidida participación de los estudiantes y la solidaridad de los demás sectores sociales. Esta situación limita el accionar de la Universidad, por ello vulnera la autonomía; niegan la participación de la comunidad universitaria en las decisiones que la afectan, se señala y persigue al movimiento estudiantil, por ello vulneran la democracia.

En este panorama hemos llegado a un punto en el cuál definimos la lucha universitaria como una lucha que trasciende sus límites específicos, gremiales, y adquiere carácter político – en el sentido de luchas frente al Estado -; solo quisiéramos señalar un hecho importante y que se vincula al que hacer general de la educación superior, creemos que el objeto de trabajo de la Universidad es la realidad del país, ya sea en el plano social, artístico y humanista, ya sea en el ámbito de lo tecnológico, científico, productivo. Cuando hablamos del compromiso de la Universidad, lo que la justifica y legitima nos referimos a la integración de los dos escenarios – humanista y económico – en sus proyecciones a futuro como en su praxis.

De allí que la Universidad no puede, no debe, abstraerse de la situación nacional, no debe olvidar o negar la realidad de un país ávido de transformaciones, de un país que llevado de los intereses de la elite tradicional se debate hoy entre el hambre, la precarización, la ignorancia, la exclusión y la muerte; debe luchar porque sus reflexiones académicas tengan en cuenta la realidad de nuestro diario vivir, no debe importarle que la realidad no se compadezca de la versión oficial que intentan imponer, pues no es en reproducir el discurso oficialista en lo que reside el carácter público de la educación, no es en ello en lo que reside su función social, no debe ser ello lo que justifique su financiación, no debe ser esa la razón para impulsar el acceso a ella; todo lo contrario, es la creación de hombres nuevos, libres y con un sentido realmente democrático, con una idea de patria por construir y por la cual se lucha a diario lo que guía y hace necesaria la lucha estudiantil, si una idea de Universidad es idea de nación, la lucha por la Universidad es la lucha por un nuevo País.

B-) El Conflicto Armado:

En este orden de cosas, señalaremos que el conflicto social y armado se expresa en el estudiantado como sector social de variadas formas:

• La tendencia oficialista y antidemocrática de las directivas universitarias, reproducen el discurso que niega la existencia del conflicto social que atraviesa la nación. Ello se expresa en el manejo, cada vez más banal, que se da al conflicto armado por parte de la academia.
• El discurso del terrorismo impuesto por el gobierno actual y su reproducción por parte de los medios de comunicación, deslegitima la protesta estudiantil, legitimando por tanto la persecución y estigmatización al mismo, lo cual, limita la acción del estudiantado, ubicándolo como contradictor de otros sectores sociales e inclusive polarizando el estudiantado.
• Las reformas adelantadas por parte de los gobiernos en materia de educación se ligan a otras que buscan, en síntesis, favorecer los intereses de las clases dominantes en detrimento de la inversión en políticas públicas. Señalemos a manera de ejemplo que un soldado profesional vale al país $60. 000.0000, mientras que un estudiante en la Universidad Nacional vale $8.000.000.
• El acceso a la educación superior reproduce las condiciones de exclusión política y económica del país, reproduciéndolas y sacrificando con ello, la posibilidad de progreso que potencialmente puede ofrecer la educación superior de calidad.
• La movilización y lucha estudiantil ha sido fuertemente golpeada por el terrorismo de Estado y por el paramilitarismo, a tal punto que señalemos la existencia de una crisis humanitaria de la Universidad, este panorama no dista mucho de la de otros sectores sociales, y caracteriza la pretendida democracia que de manera demagógica pregona el actual gobierno. Hecho que cobra una mayor magnitud si recordamos el silencio de parte de las directivas universitarias frente a este hecho, ampliamente difundido.

Esta realidad hace imperativo de parte de los estudiantes universitarios el unirse y reivindicarse como sujetos activos frente a un hecho innegable de la realidad nacional, habrá que ser muy academicista para negar la relación entre Universidad y realidad nacional, habrá que ser incauto para no notar las causa estructurales de nuestro conflicto, habrá que ser muy egoísta para no intervenir en la solución de los problemas que aquejan nuestro presente inmediato y no plantearnos posibilidades de transformación social, tan necesarias y posibles en nuestra patria.

Pensamos que la garantía de éxito de una propuesta que apunte a la construcción de paz reside en que exista una amplia participación de la sociedad colombiana que demuestre la necesidad en un cambio, la convicción y propuestas que proyecten su ejecución.

La política guerrerista del actual gobierno, de la seguridad democrática, está huyendo a los problemas reales y no tiene una voluntad política de solucionarlos, es más, los acrecienta cada día que invierte en la guerra, cada día que impone el mote de terroristas a las organizaciones sociales que exigen mejores calidades de vida, cada día que se muestran resultados de combate en donde las principales bajas son de la población civil.

III Nuestra Propuesta “Mandato Estudiantil por el Intercambio Universitario”:


La incapacidad Estatal para dar salida al conflicto por la vía armada, ha sido demostrada por el actual gobierno, donde se ha otorgado gran parte del presupuesto nacional para la guerra, condición que no permite ninguna crítica, aunque realmente haya demostrado más fracasos, que una solución efectiva, entre ellos el deterioro de las instituciones y la defensa absoluta de un proyecto guerrerista, o de exterminio de los adversario, que en escenarios anteriores de acuerdos con otros gobiernos han demostrado ser interlocutores políticos validos. Los referentes de dialogo, de acuerdos pasados deben ser el soporte para argumentar que pueden haber acercamientos por lo menos para evitar las consecuencias directas e indirectas de la violencia armada del conflicto Colombiano. En este sentido, la propuesta es en un primer momento, Humanizar la guerra.

Para lograr esto último, se debe menguar los efectos de la guerra mediante el DIH y la figura del intercambio humanitario que aporte hacia un acuerdo –humanitario- más amplio por la solución dialogada al conflicto. Que genere condiciones políticas y económicas para la consecución de la paz con justicia social. Esto por la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública, que ha sido ampliamente destacada por organizaciones y movilizaciones sociales.

El dialogo pasa por el reconocimiento del adversario como actor político y no como un simple delincuente, propio de una clasificación en términos de patologías sociales donde, en una postura de amigos y enemigos, se desvirtúa a éste y se muestra libre de errores al otro.

El intercambio no es igual a proceso de paz, es un paso inicial hacia éste último. Es errado para dar este paso colocar trabas como la terminación inmediata de las acciones bélicas, o desmovilizaciones que propone el gobierno actual; es por el contrario, el ejercicio del Estado por salvaguardar la vida humana. Cabe recordar que los problemas estructurales de Colombia no se acaban con que cesen las hostilidades de los sectores armados.

Como movimiento estudiantil asumimos la tarea de dinamizar y aportar a una discusión a la cual nos hemos vinculado partiendo de algunas reflexiones básicas; en un primer momento partimos del hecho, demostrado por los últimos acontecimientos, que demuestran que el diálogo serio y sostenido es la medida potencial en la solución al conflicto social y armado que enfrenta Colombia; como movimiento estudiantil no podemos dejar la discusión en el tintero, pues es obvio su trascendencia para el futuro del país e inclusive para la educación.

Como sector estudiantil propendemos por el desarrollo amplio de discusiones que sustenten y evidencien los daños para la nación colombiana de continuar este conflicto histórico. En esta medida la universidad debe pensarse un problema que nos compete a todos en los términos de un conocimiento universal, frente a un conflicto que dado a su larga duración se ha vuelto complejo en sus dinámicas de solución, debido a los acuerdos fallidos y la vía estrictamente militar realizada en dos periodos de mandato presidencial. No se trata de ser laxos frente a una u otra posición en el conflicto, sino tomar una posición frente a las mismas, que no han permitido los acercamientos.

Ofrecemos como organización nuestro aporte a esta iniciativa, planteando un escenario hacia una solución al conflicto social y armado, sustentado este en el diálogo. Para ello es necesario:

Abrir contactos con sectores sociales que apoyan la iniciativa del acuerdo humanitario, en un frente amplio por la solución dialogada al conflicto social y armado, que propenda por una participación amplia de la sociedad colombiana.

Puntos a desarrollar:

1.) Una política de derechos humanos. Exigir al estado una política efectiva de protección a los derechos humanos. Esto pasa por la creación de una comisión que tenga como función, entre otras, lo siguiente:
• La difusión de los derechos humanos que en actividades dinámicas generen una apropiación de los derechos humanos, por parte de toda la población colombiana.
• Que realice una campaña de visibilización y denuncia de todos los delitos de lesa humanidad en Colombia. Con esto, se genere una fiscalización efectiva de todos los casos con el seguimiento debido de los juzgamientos a los agentes responsables con una sanción ejemplar y de reparación a las víctimas.
• Que efectúe una propaganda amplia y responsable sobre determinados casos para que estos no se vuelvan a repetir.

2.) Que la campaña contra la estigmatización de la protesta social, denominada “Porque pensar diferente no es terrorismo”, se convierta en una reivindicación social-popular. De una postura estudiantil frente a la arremetida de los gobiernos en contra del pensamiento y las posturas ideológicas alternativas a un indicador social que pone en evidencia al actual gobierno, en sus posturas frente al clamor de los pueblos expresados en la protesta social, señalándoles y tachándoles a sus organizaciones de vínculos con actores armados ilegales. Esto sin poner atención al contenido de las movilizaciones y organizaciones en cuanto a las problemáticas que las generan.
3.) mandato popular por el acuerdo humanitario y la paz con justicia social con la comprensión de los principios ya expresados.
4.) Nos sumamos al llamado de la Senadora Gloria Cuartas y los compañeros de la CONAP, a nutrir la propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz, generando en cada uno de nuestros espacios –en nuestro casos universidades – espacios de base que sustenten las iniciativas de dicha propuesta.

Colombia, un dilatado desastre social en cine mudo

Presentado por:

Federación de Estudiantes Universitarios -FEU-
Grupos de trabajo Universidad Nacional sede Bogotá
Grupo de Trabajo en Medios de Comunicación MEDIOINTEGRADOS
Grupo de Estudios Estéticos y Culturales ESCULTURA
Colectivo Gráfico GUAYASAMÍN

Colombia, un dilatado desastre social en cine mudo

Ponencia presentada al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia Cali Noviembre de 2009.

“Colombia es hoy el país con mayor índice de criminalidad creciente en el planeta, y la inseguridad va convirtiendo sus calles en tierra de nadie. Tiene a la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza, y presenta al mismo tiempo en su clase dirigente unos niveles de opulencia difíciles de exagerar. Muestra uno de los cuadros de ineficiencia estatal más inquietantes del continente (….) Muestra fuertes niveles impositivos y altísimos niveles de corrupción en la administración. Muestra unas condiciones asombrosas de impunidad y de parálisis de la justicia y al mismo tiempo una elevada inversión en seguridad, así como altísimos costos para la ciudadanía en el mantenimiento del aparato militar. Muestra las más deplorables condiciones de desamparo para casi todos los ciudadanos, y sin embargo es un país donde no se escuchan quejas, donde prácticamente no existe la protesta y la movilización ciudadana (…)”

Esta caracterización de William Ospina hace necesario cuestionarnos en torno al por qué de la incapacidad del pueblo colombiano para reaccionar y modificar una situación que siempre ha sido intolerable.

Una respuesta tal vez sea la naturalización creciente de la desigualdad, la explotación económica, la exclusión política y la guerra. Naturalización, que nos sume en un fatalismo que considera la situación actual del país como producto de una incurable enfermedad, como circunstancias definitivas que obedecen a causas ingobernables. Naturalización, que polariza la opinión pública e imposibilita pensar y construir un futuro capaz de superar el conflicto interno por la vía menos dolorosa, la política; capaz de dignificar una sociedad malformada por la exclusión y la estratificación social; capaz de ofrecer al mundo algo más que un recurrente memorial de agravios.

Varias generaciones de colombianos hemos crecido en una Colombia marcada por la violencia; entendiendo esta, en su acepción más común, como la forma de solucionar las diferencias mediante la eliminación total del otro, sea en el ejercicio político o en otra práctica de interacción en general . La violencia política, desde las guerras civiles del siglo XIX, pasando por la violencia interpartidista de mediados del siglo XX hasta la violencia que vivimos hoy, ha estado marcada por la confrontación entre grupos insurgentes y el Estado. Se ha configurado a lo largo de la historia de Colombia el Conflicto Armado, fruto de un Conflicto Social que tiene sus raíces en un sistema político excluyente a partir del cual sólo una pequeña élite política ha tenido la posibilidad de gobernar y tomar decisiones en el país (Gonzalo Sánchez).

Hoy en día, vemos que las causas objetivas que marcaron la aparición de organizaciones insurgentes como el EPL, el ELN y las FARC, en la segunda mitad del siglo XX no han variado sustancialmente. La desigualdad y distribución inequitativa de la riqueza nacional sigue siendo un problema presente en nuestro país, tal como ha quedado evidenciado con proyectos como Agro Ingreso Seguro.

La falta de voluntad Estatal frente a una reforma agraria equitativa sigue siendo latente hoy. Son claros los intereses de refeudalizar el país en proyectos como la Federación Nuevo Liderazgo Campesino de José Obdulio Gaviria, exasesor presidencial, que la plantea como una nueva organización agraria que, según él “supere la lucha de clases” .

Otra causa fundamental del conflicto ha sido la exclusión política, exclusión que hace posible la permanencia en el poder de una clase política que ha garantizado su mantenimiento a partir del usufructo del aparato estatal en su propio beneficio, reprimiendo todo intento de lucha por la inclusión en el sistema político; desencadenando guerras civiles, violencia partidista, violencia política, todo por el interés de las familias de la elite en conservar el poder político para aumentar su riqueza.

Aunado a este problema, esta la incapacidad del Estado Colombiano de hacer presencia a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual ha sumido a muchas regiones periféricas en un estado de abandono y aislamiento que las ha convertido en caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, bien sea fruto de la inconformidad de los sectores menos favorecidos o del interés de los grupos con mayor poder económico. Este abandono por parte del Estado se ve reflejado, entre otras, en la debilidad al momento de asumir las funciones que le competen como institución articuladora de la sociedad

En general, vemos cómo pese al interés que ha evidenciado el gobierno y los medios de comunicación en negar la existencia del conflicto social y armado, pretendiendo justificar la alta inversión en guerra bajo una supuesta amenaza terrorista, se hace palpable la existencia de condiciones objetivas que hacen insostenible esta tesis, impulsada por los sectores de derecha del país. La desigualdad, la explotación económica y la exclusión política son factores que han hecho posible e innegable 60 años de conflicto social y armado.

La negación del conflicto y la consecuente tesis sobre el terrorismo acarrea graves consecuencias para los movimientos sociales colombianos en cuanto a la criminalización y estigmatización que se ha hecho de ellos. Los medios de comunicación presentan a los movimientos sociales como organizaciones terroristas en sí mismas o por lo menos infiltradas por el terrorismo. De tal forma, se niega la discusión del gobierno con estos grupos, y la protesta se concibe como un problema de orden público. Ejemplo de ello es la represión que se hizo a la Minga Indígena a finales del 2008, y el cubrimiento que se hizo de ella por parte de los noticieros RCN y CARACOL; así mismo, vemos como el cubrimiento que se ha hecho de la movilización estudiantil, se centra siempre en hechos desafortunados y no en las causas de la protesta, haciendo ver a los estudiantes como agentes negativos para la sociedad y tildándolos de terroristas, antisociales o desadaptados.
En este punto es preciso analizar cómo los medios de comunicación no han hecho otra cosa que defender a capa y espada las tesis guerreritas del Status Quo, surgidas luego del término de los diálogos de paz en el Caguán y representadas en Álvaro Uribe, minimizando ante la opinión pública el peso de los actores del conflicto armado al exponerlos como simples delincuentes ligados a actividades de narcotráfico o secuestro orientados por un interés económico (Sierra, 2008).

El cambio discursivo ha sido evidente: se pasa del reconocimiento de un conflicto social y armado interno a la idea de una supuesta “amenaza terrorista”.
“[No] existe ‘conflicto interno’, porque sería aceptar una guerra cuando lo que hay es una amenaza terrorista de grupos que agreden a la sociedad” .

El interés en esta discusión recae sobre lo que en la práctica puede hacer el gobierno al modificar la concepción del conflicto en nuestro país.

El gobierno Uribe tiene, tras del uso de una retórica específica sobre el conflicto armado, una intención directa de legitimar decisiones políticas relacionadas con la forma de solucionar la situación de violencia que atraviesa el país. La minimización del enemigo ante la opinión pública o su deslegitimación al negar la naturaleza de la confrontación, son algunos de los resultados prácticos que se pueden obtener del uso del lenguaje como una arma más de guerra.

El gobierno nacional, de esta manera, desconoce a la insurgencia como interlocutor válido y lo cataloga como un grupo terrorista con el cual no hay ninguna posibilidad de negociación o de diálogo. La única misión del Estado en este orden de cosas es derrotar esa “amenaza” a como de lugar.

Ante la gravedad de los efectos prácticos que tiene la concepción uribista de la guerra en Colombia. Nos preguntamos entonces, ¿Cómo es posible que hoy en día buena parte de la opinión pública acepte la idea de la inexistencia de conflicto armado en Colombia? ¿Por qué se adhiere tanta gente a la tesis de que no hay posibilidad de dialogar con las guerrillas, y que la única solución es derrotarlas militarmente? ¿Por qué no hay un terreno propicio para debatir y considerar la idea de la salida política al conflicto armado?

Creemos firmemente que el gobierno no ha hecho el trabajo solo, ni se ha embarcado en un proyecto guerrerista sin la aceptación de la opinión pública. El hecho de que la salida militar tenga en la actualidad una alta popularidad entre la población lo podemos relacionar con un fenómeno evidente para los ojos de cualquier observador: La colaboración de los medios masivos de comunicación ha sido clave en el apoyo de la población a las ideas uribistas sobre el conflicto.
Es claro que los medios masivos de comunicación son los principales constructores de opinión pública en las democracias modernas. La percepción que tienen las sociedades sobre el mundo viene dada en gran medida por las representaciones mediáticas que les llegan a través de la prensa escrita, el internet, la radio y principalmente la televisión.

Sobre la temática que nos ocupa podemos decir que en Colombia, la percepción sobre el conflicto armado es fruto, más que todo, de la labor de los medios masivos (PNUD, 2003), de los cuales, los de mayor audiencia en el país, tienen la particularidad de mantener una estrecha relación con el gobierno. Al ser propiedad de grandes conglomerados empresariales con afectos políticos específicos, la supuesta imparcialidad que tanto se pregona se ve distorsionada por los intereses de sus propietarios.

Un ejemplo claro, de la relación entre los grupos empresariales que manejan los medios en Colombia y la política del gobierno nacional lo constituye un reciente pronunciamiento de los grupos empresariales españoles Prisa y Planeta (dueños de Caracol TV y El Tiempo respectivamente) donde expresaron su apoyo a una segunda reelección de Uribe . Otro ejemplo, aún más obvio a los ojos de los colombianos es el caso de RCN radio y televisión, medios propiedad del Grupo Ardila Lulle que ha sido beneficiado por las políticas del gobierno en materia de impulso a los agrocombustibles al controlar la mayor parte de la producción del país por medio de sus ingenios azucareros. Para nadie es un secreto hoy en día, que RCN radio y el canal RCN mantienen un cubrimiento parcializado a favor del gobierno.

En su presidencia, Álvaro Uribe ha cobrado el buen trato que reciben estos grupos empresariales convirtiendo estos medios de comunicación en instrumentos vitales de la propaganda oficial. De esta manera, en las noticias la guerrilla ya no se nomina como “insurgencia” sino como grupos de “terroristas” y “bandidos”. Los medios masivos mudaron su lenguaje y buena parte del periodismo se sumó al propósito gubernamental de derrotar la denominada “amenaza terrorista” (Coronell, 2008).

El intento de invisibilizar el conflicto armado y sus resultados concretos, por parte los medios de comunicación se ha efectuado con la omisión deliberada de eventos relacionados con la dinámica del mismo. Los enfrentamientos militares, que se siguen desarrollando en varias zonas del país ya no aparecen en prensa, las regiones escenario de amplios operativos militares apenas si son mencionadas de forma episódica para mostrar algún logro del Ejército. De igual forma, poco o nada se menciona la crisis humanitaria que vive el país por cuenta de la situación de millones de desplazados y refugiados. Crisis que nos sitúa en los primeros lugares a nivel mundial en una magnitud comparable con Irak, Afganistán o Sudan.

Tampoco se habla ya de los paras. El fenómeno paramilitar, que de ninguna manera se acabó con las negociaciones de Ralito, sigue teniendo presencia en amplias zonas del país. En los campos, estructuras paramilitares mantienen bajo su control poblaciones enteras. Las incursiones con amenazas y asesinatos en los barrios de las principales ciudades pasan también de agache ante la opinión pública gracias a la tarea cómplice de los medios masivos.

Estos son apenas algunos ejemplos de la forma en que los medios de comunicación han asumido la labor de borrar de la opinión pública la idea de conflicto armado en nuestro país. El espacio que en otros años se dedicó al cubrimiento del tema se ha reducido al mínimo posible, transmitiendo la idea de un país en paz, de un país donde la guerra es algo tan ajeno e intrascendente que se puede obviar o incluso olvidar.

¿Ante este panorama, que perspectivas tiene la idea de la salida política?
Frente a la situación que hemos ilustrado hasta ahora, cabe cuestionarse en el contexto de este evento cuales son los desafíos que se plantean para el logro de la salida política al conflicto armado.

Tenemos la necesidad de contar con la legitimidad y apoyo social con el fin de hacer la presión social y política necesaria para obligar al gobierno en la búsqueda del intercambio humanitario como primer paso hacia la paz negociada. Sin embargo, la labor cumplida por los medios de comunicación en alianza con el gobierno, configura un panorama polarizado entre quienes piensan que se debe buscar la salida política al conflicto armado y quienes consideran que se debe recurrir preferentemente a la opción militar al no existir un conflicto.

Atendiendo el llamado a hacer eco de los anhelos de unidad nacional y ayudar a despejar el camino hacia una solución política al conflicto social y armado en nuestra patria que nos conduzca a todos a crear un nuevo país donde quepamos todos y todas, erradicando por siempre la pobreza, la guerra y las desigualdades sociales, proponemos desde la Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia:

1. Construir una declaración pública que llame la atención sobre el papel que han jugado los medios de comunicación en el escalonamiento del conflicto interno; en especial sobre su papel legitimador de unas políticas guerreristas y responsable de la polarización actual.

2. Impulsar, con el compromiso efectivo de todas las organizaciones, movimientos y sectores presentes en este encuentro, la construcción de una red de medios alternativos de comunicación comprometidos en la búsqueda de caminos que conduzcan a la reconstrucción y reconciliación nacional en torno al objetivo de acabar la guerra y avanzar en la superación de sus causas, generando y fortaleciendo una corriente de opinión que defienda el Acuerdo Humanitario entre las partes como paso inicial hacia lograr el diálogo entre los colombianos.

Como opción aglutinante y dinamizadora de esta red proponemos:

Ampliar a todos los sectores sociales la campaña “Pensar diferente no es terrorismo”.

Proyecto que nace en el sector universitario como forma real de hacerle frente a la reacción gubernamental, producto de la movilización que ha desarrollado el sector en defensa de sus intereses, que a través de los medios de comunicación masiva califica a los estudiantes universitarios, organizaciones gremiales y líderes estudiantiles como terroristas al margen de la ley para deslegitimar su actividad y restarle apoyo de la sociedad colombiana, agravando la ya difícil situación humanitaria que se vive al interior de las universidades por cuenta de la presencia, denunciada en numerosas ocasiones, de fuerzas paramilitares.

“Pensar diferente no es terrorismo”, es una alternativa mediática que busca crear espacios de crítica y propuesta, donde todas las opiniones sean tenidas en cuenta y sobre todo, donde nuevas alternativas de comunicación partan de la iniciativa de los propios sectores estigmatizados.

La opinión pública, como escenario o espacio de representaciones en el cuál se construyen legitimidades; debe ser asumido por nosotros como un escenario más de lucha social; es obvio que el Estado acuda a cortinas de humo, a la desaparición, al asesinato y desde luego a su falaz concepto de terrorismo para generar una postura favorable que acepte, justifique e inclusive solicite la represión en contra de la protesta social. Por ello es necesario reconstruir imaginarios que abonen el terreno para la paz. Es necesario entonces construir un contra-discurso frente al discurso que se muestra como único y omnipotente. Ello pasa por reconstruir y reivindicar la memoria social, la memoria de un pueblo que lucha; pasa también por reivindicar la realidad que atraviesa la Nación.

El objetivo central de la campaña debe ser el de fomentar un espíritu critico y propositivo, que construya en unidad ese proyecto nacional tan postergado en Colombia desde los tiempos de la independencia. Un proyecto nacional en el cual los colombianos y colombianas tomemos verdaderamente posesión de nuestro territorio, tomemos conciencia de nuestra naturaleza (…)de la magnifica complejidad de nuestra composición étnica y cultural, creemos lasos firmes que unan a la población en un orgullo común, y en un proyecto simún, y nos comprometamos a ser un país, y no un nido de exclusiones y discordias donde unos cuantos privilegiados, profundamente avergonzados del país del que derivan su riqueza, predican día y noche un discurso mezquino de desprecio o de indiferencia por el pueblo al que nunca supieron honrar ni agradecer (…) y de esta manera, el movimiento social, muestre ante el mundo ese rostro de paz que siempre ha sido sofocado por la difamación y el crimen.

Sus objetivos específicos serán entonces:
Demostrar que la persecución y estigmatización de los diferentes sectores sociales que luchan por sus derechos se inscribe dentro de una política de Estado de persecución y muerte a todo descontento social. (Terrorismo de estado como política estructural)

Objetivos de la campaña
• Brindar elementos de discusión y debate en torno a la actual coyuntura para caracterizar los problemas y posibles soluciones mediáticas en torno a la estigmatización de los diferentes sectores sociales.
• Visibilizar la problemática de Derechos Humanos que vive el pueblo colombiano por cuenta de las acciones estatales y de grupos de ultraderecha.
• Mostrar el clamor de un movimiento social que, por diferentes medios, proponen una idea de país diferente, alternativo y coherente con las exigencias de su pueblo.
• Impulsar la creación de propuestas de medios de comunicación alternativos que muestren a los ciudadanos otros puntos de vista, distintos al manejado de los medios masivos y el gobierno nacional.
• Reconstruir la memoria de las luchas del movimiento social colombiano.
• Crear escenarios de articulación, relacionamiento político y solidaridad entre sectores, recordando que la situación particular no es endémica y hace parte de una política de quienes detentan el poder.

Presentado por:

Federación de Estudiantes Universitarios -FEU-
Grupos de trabajo Universidad Nacional sede Bogotá
Grupo de Trabajo en Medios de Comunicación MEDIOINTEGRADOS
Grupo de Estudios Estéticos y Culturales ESCULTURA
Colectivo Gráfico GUAYASAMÍN

PAPEL DE LA EDUCACION

EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO UNA HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD CON PAZ Y JUSTICIA SOCIAL.

Hoy nos reúne una gran tarea, la tarea de sentarnos a dialogar, a discutir, a debatir y mucho más importante aun, a proponer una salida política al conflicto social y armado que vive nuestro país.

Estamos aquí reunidas organizaciones populares y sociales de todo tipo, las hay gremiales, políticas y las hay independientes. Estamos al lado de sujetos, cuyas experiencias quizá conocemos y/o compartimos, pero es hoy, que sentados a su lado nos pensamos propuestas para la misma salida política de manera coordinada. Sentadas unas al lado de los otros, con las diferencias a flor de piel. Diferencias que no nos han arrojado a la desesperada violencia, porque hemos hallado en este Encuentro un espacio para el diálogo y el debate, para la crítica y la discusión, para los acuerdos y los consensos.

Y es que entendemos que los escenarios de diálogo y de participación amplia son los que permiten que avancemos en la construcción de esa Colombia nueva sin violencia. Que estemos aquí cada uno con nuestros intereses propios, haciéndole apuestas a la paz, ha de ser una razón de regocijo. ¿Qué hay intereses propios dije? Caramba, ¡si los hay! Y eso es parte de este diálogo, de entender que como nosotros, otros tienen sus intereses; y que esos intereses están enmarcados en la paz con justicia social y la solución política y negociada al conflicto.

Reconocer que como nosotros hay otros que quieren participar, entender que hay diferencias, y que no nos violentamos anulándonos, sino que nos enriquecemos reconociéndonos como agentes protagonistas del cambio; que se necesitan esas diferencias para lograr acuerdos, y que es ahí donde está la democracia, es la primera tarea de esta jornada.

La segunda será entonces, entender que las diferencias y los intereses están atados a la razón misma de los movimientos sociales. Quiero decir con esto que cada movimiento social, es fundamentalmente un movimiento, un cambio, una transformación; es esencialmente una experiencia. Experiencia que surge de una situación, y toda situación es distinta dependiendo de un lugar y una historia. Es decir que cada movimiento social, tiene sus características particulares. Y la propuesta de la construcción de paz, o por decirlo más claro, los argumentos de cada organización y sus aportes a este debate y a esta propuesta, deben ser coherentes con su historia, su contexto y su localidad; y deben apuntar a una paz duradera y funcional a sus prácticas cotidianas. Eso, si queremos que sea duradera (y creo que vale la pena). Campos, barrios y universidades necesitamos paz, queremos paz, y la construimos diferente.

Y en cada movimiento social, por ser movimiento y por ser social, existen relaciones con otras personas y con nuestros entornos, personas y situaciones de las que aprendemos y donde puede notarse un constante proceso educativo. Sea como sea, en cada experiencia existe aprendizaje. Aprender cómo funciona esto o lo otro, aprehender las experiencias de otros para nosotros mismos. Estamos todo el tiempo en un constante proceso de educación para nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras prácticas. Aprendemos como construir paz, como caminar un mejor camino que el que estamos caminando, como corregir la marcha y levantarse después de un tropezón. Eso es educación. Es de esta manera como se evidencia una fuerte relación entre la educación y los movimientos sociales, reivindicando la educación como un proceso que busca promover el cambio social; como dijo Freire, toda practica política es educativa, así como la practica educativa es política. Y es que la educación está en el diálogo, está aquí mientras hablamos, mientras construimos como pares, mientras nos miramos a la cara y nos decimos “si” y “no”, nos peleamos y acordamos paz.

Y claro, cada uno de los movimientos sociales que estamos aquí discutiendo paz, ¡dialogando paz!; cada una de las personas que están aquí discutiendo y dialogando paz, tiene un proceso educativo distinto. Educativo no es tanto lo institucional, lo que aprendemos del colegio o la universidad, sino de cómo aprehendimos el vivir en nuestro entorno. Debemos reconocer que aunque los sujetos no posean un proceso de educación formal, no se puede desconocer su carácter cultural, carácter que los configura como agentes históricos, capaces de leer la realidad y de escribir su propia historia. Nuestro proceso educativo se trata de cómo aprendimos a relacionarnos con el otro y con nosotras mismas; cómo aprehendimos el diálogo, el compartir. El yo te doy, el tu me das, el nos damos y el si no hay nos lo inventamos.

Y es que la educación tiene que ver con lo que hacemos. ¿Está mejor educado el cuadro universitario que el líder campesino? Vamos pues que no hay mejores o peores, sino hay distintos. Bueno, voy a reconocer aquí frente a todos que si hay peores, y los peores son los que están mandando en este país, los violentos, esos son los peores. Pero quiero insistir en que no hay mejor educado, sino distinto educado, porque quisiera ver las mañas que se habría tenido que dar Uriel Gutiérrez para organizar una cosecha, o la fatiga que tendría Quintín Lame tratando de organizar una asamblea universitaria. Cada proceso tiene su propia educación. Lo importante aquí es para qué nos educamos. ¿Para hablar bien? ¿Para proponer bien? ¿Para concluir bien? ¿Para obrar bien? Bueno, quizá para todas. Pero es distinto lo que habla la líder indígena, y cómo obra, a cómo habla la líder feminista y cómo obra.

Decimos que la educación que recibimos en nuestros movimientos sociales forma sujetos, ¿y qué son los sujetos sino personas sujetas a su realidad? He ahí, que al dirigente político le corresponde una gran tarea política, y que una educación pensada para la libertad, forma sujetos para la libertad. De lo que se trata es que la educación de cada movimiento social, permita que se formen verdaderas prácticas de diálogo, de escucha y de diferencia; una educación con una evidente intencionalidad política transformadora. Quiere decir que estamos en el proceso de construir sujetos protagonistas del diálogo, de la escucha y de la diferencia. Protagonistas de las acciones colectivas y populares, en las cuales se empoderen de su realidad particular. Sujetos protagonistas de la solución política de los conflictos, de la solución dialogada, ¡protagonistas de su propia emancipación!

No aspiramos a que se acaben los conflictos, sino a que esas nuevas prácticas de esos sujetos-protagonistas puedan darle soluciones no violentas a los mismos, construyendo sociedad, a través de la confrontación de la palabra, de la argumentación y de la reflexión. Si la violencia es la herramienta del acaparamiento, entonces el diálogo será la herramienta de la solidaridad.

Nosotras, la Corporación para la investigación y la educación popular: EL COLECTIVO, somos promotoras de la educación de nuevos sujetos. Todos nosotros, cada movimiento social aquí reunido, lo es también. Lo somos porque formamos sujetos que participen de su cotidianidad, que sepan sortear obstáculos, como la violencia. Sujetos que le apuestan a la solución política y negociada al conflicto Social y armado, y a la paz con justicia social. Eso es educación del pueblo, con y para el pueblo; reivindicando la educación como gestora de una cultura política que haga parte de la vida cotidiana de todas las colombianas y colombianos.

Estamos seguros que la educación popular es una herramienta para reconocer el contexto propio, y la invitación es a transformar ese contexto, a que desde cada sujeto, empoderado de su cotidianidad a través del dialogo plantee sus alternativas y soluciones para construir un nuevo país. Creemos que no sirve de nada seguir reproduciendo esquemas de la educación tradicional en la cual los conocimientos se transmiten sin hacerse participes de su construcción.

Cada movimiento social aquí presente debe esforzarse en reconocer y fortalecer sus propios procesos educativos de tal manera que sea una herramienta de emancipación para sus integrantes y en esa medida se logre avanzar en la formación política y en la acción para la transformación. Es en este sentido en el que la educación toma un papel decisivo en la construcción de paz; es indispensable que sea cada sujeto en cada contexto propio quien reconstruya su entorno en el reconocimiento de la integridad del otro y la construcción como iguales.

Como Colectivo de investigación y Educación Popular proponemos realizar una reflexión al interior de los movimientos sociales acerca de nuestras prácticas y los invitamos a fortalecer sus procesos educativos y a compartir sus experiencias con todos los que quieran acceder a ellas. Para ello, dispondremos de una página web en la que se pueden socializar esas experiencias, esperamos que de allí podamos aprender sobre los cómos y los porqués de los procesos educativo en otras organizaciones y movimientos sociales.

Ese intercambio de experiencias daría espacio para que se realicen encuentros regionales y convocaremos a un encuentro de carácter nacional en donde de manera conjunta evaluemos las particularidades de los procesos educativos de los diferentes movimientos sociales, compartamos experiencias y construyamos agenda alrededor del fortalecimiento de los mismos, encaminados mancomunadamente a un objeto central: solucionar el conflicto social y armado que agobia nuestro país.

Seamos promotores pues del diálogo y avancemos hacia una Colombia nueva donde primen los valores de una sociedad justa y libre.

Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí mediados por el mundo.

Paulo Freire

Corporación El Colectivo para la investigación y la educación popular.
Ponencia para el Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia, Cali Colombia, 14 de Noviembe de 2009.