Ponencia presentada por la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Departamento del Tolima, Colombia
mesadepartamentaldeddhhtolima@gmail.com
Antes de comenzar queremos señalar que como Mesa Departamental de Derechos Humanos del Departamento del Tolima es un honor y un placer participar en un espacio como este, que abre en el país el debate fundamental que este gobierno criminal se ha encargado de negar: LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL QUE NO SE SOLUCIONA POR LA VÍA MILITAR Y QUE SOLO PODRÁ VER ALGUNA LUZ CUANDO SE DE UN VERDADERO PROCESO DE DISCUSIÓN SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE DOMINACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS.
El objetivo de esta ponencia es presentar algunos de los elementos que desde la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Departamento del Tolima son considerados como fundamentales para entender la lógica del conflicto político y social que vive el país, y que permiten formular algunas propuestas en pro de la construcción de una paz democrática.
Con este fin, esta ponencia se dividirá en tres partes: en la primera parte se presentarán algunos de los elementos que desde esta lectura colectiva que significa la Mesa de Derechos Humanos se han identificado como las causas del conflicto político y social que ha vivido el país desde hace más de sesenta años; en la segunda parte se presentará de forma somera la situación que afronta hoy por hoy nuestro departamento; y en el último apartado se presentarán algunos elementos que consideramos como ejes fundamentales en la construcción de una paz democrática en el país, que, a nuestro juicio, son el mejor aporte que se puede hacer en el marco de este evento.
1. DE CONQUISTAS Y RECONQUISTAS: EL MODELO DEL EXPOLIO IMPERIALISTA Y EL LUGAR DE LATINOAMÉRICA
La conquista, el evento histórico que une la historia europea con la de América Latina es el mismo que ha establecido la relación dependiente de Latinoamérica de los países europeos y Estados Unidos de Norte América; erigidos sobre la sangre milenaria de los pueblos amerindios; para imponer en el nuevo continente, como se le llamó entonces, y a los demás países del mundo la visión Eurocéntrica del mismo, persistente hasta hoy, como lo muestra la posición marginal que en el escenario económico y político mundial ocupan África y América Latina, esta última luego de 517 años de permanente saqueo.
La clave para el emprendimiento de las diversas empresas de conquista que guiaron a los diferentes imperios de la época, era la necesidad de ampliar sus imperios y obtener la mayor cantidad de recursos necesarios o considerados valiosos entonces. Así, la situación que antecedió el descubrimiento de América o su Conquista estaba guiada por la apertura de nuevas rutas comerciales y la comercialización de recursos naturales, seres humanos y animales.
De esta forma solo han venido unas tras otras las lógicas colonizadoras e imperialistas de los países del primer mundo o desarrollados, a expensas de África y América Latina. No obstante la constante lucha por el poder económico y político mundial llevó a los países desarrollados, “guiados por la razón”, al desarrollo de dos guerras mundiales y a una guerra, que aunque fría, elevó la temperatura de los conflictos internos en América latina y en los demás países denominados del tercer mundo. En este orden de acontecimientos, Latinoamérica, exceptuando a Cuba, cerró filas hacia el bloque occidental liderado por Estados Unidos de Norteamérica, firmando desde entonces innumerables acuerdos comerciales y políticos, entre los cuales se encuentra la afamada Doctrina de Seguridad Nacional, que llevó a las mas crueles dictaduras militares de Latinoamérica con el fin de prevenir el surgimiento de nuevas Cubas, y que en Colombia tuvo como resultado la organización guerrillera mas antigua del mundo, surgida precisamente en el sur del Tolima.
Se ha establecido así una lógica de relación entre el “centro y la periferia” en la que los “acuerdos” establecidos pueden ser considerados fórmulas de consolidación del espolio de África y América Latina. Esta lógica de “despensa” del primer mundo o mundo subdesarrollado, expresión acuñada por Truman en 1949 ha mantenido a nuestro continente en el centro de la geopolítica mundial, siempre bajo la complicidad de los gobernantes de nuestros países.
A pesar de la supuesta “independencia” de nuestras naciones, la dinámica imperialista aún se mantiene: el expolio de los recursos naturales, los recursos agrarios y la biodiversidad continúa, tratando de llevarse lo que dejaron el imperio español, inglés y portugués. En nuestros días el “saqueo” se disimula con figuras como la cooperación militar, los Tratados de Libre Comercio y las Concesiones de explotación de recursos naturales.
En Colombia, el país que podría constituir la cadera de esta hermosa mulata llamada América, estas políticas han tenido su propio capítulo, pero tienen unas particularidades que deben ser subrayadas: en primer lugar, la histórica desigualdad en el acceso a los recursos, determinada por una élite dominante, que se ha caracterizado por su autoritarismo y su servilismo a intereses extranjeros; en segundo lugar, la persistencia en casi todos los periodos de la vida nacional de organizaciones guerrilleras y la aplicación de diversas tácticas paramilitares por parte del estado. Estas dos particularidades han determinado la existencia de una violencia estructural en nuestro país, que son la expresión de este conflicto político y social. En el periodo actual la situación se ha acentuado por la actitud servicial y guerrerista del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ha posibilitado el libre desarrollo de diversos megaproyectos ejecutados por multinacionales estadounidenses y de diversos países de Europa.
Lo que estas políticas siempre han buscado es la eliminación de los campesinos como sector productivo. Esta búsqueda ha estado estrechamente ligada a la lógica de apropiación de la tierra que se ha mantenido en el país: la concentración de la propiedad rural es una fuente esencial de enriquecimiento para toda la élite gobernante. Este proceso de concentración siempre se ha realizado por medio de mecanismos violentos, siendo la expresión de nuestro tiempo la contrarreforma agraria llevada a cabo por los grupos paramilitares que se ha orientado a la consolidación del modelo agroexpotador.
La concentración de la tierra ha sido uno de los determinantes de la aparición de la violencia que hoy vivimos: la violencia de los años cincuentas debe ser considerada como el proyecto de contrarreforma agraria de la Asociación Patriótica Económica Nacional en la que se agrupaban los más grandes terratenientes de este país. Ante este proyecto encontramos la reacción defensiva inicialmente de la mayoría de las comunidades en lo que se llamó autodefensas campesinas y que posteriormente se constituyeron en guerrillas que buscaban la defensa de sus territorios y que integraron a su lucha un carácter ofensivo, como medio para la toma del poder político de la nación.
El modelo agroexportador parte de la concepción de la producción agrícola como la producción de materias primas básicas, sin ninguna clase de transformación, y partiendo de entender la propiedad rural como una fuente de renta, por lo que es fundamental su acumulación en pocas manos. Sumado a esto, el campesino asume el papel de mano de obra, y teniendo en cuenta que estos productos son los que se colocan en el mercado mundial todos los países “subdesarrollados”, que tienen como único factor de competencia la disminución de los salarios.
El desconocimiento y persecución que se ha mantenido en contra de los campesinos colombianos queda bien reflejado en la Constitución de 1991, que aunque tenga una gran cantidad de cantos a la bandera en los supuestos derechos que consagra, desconoce la existencia de una economía campesina y la somete al criminal proceso de la apertura económica de principios de la década de los noventas.
2. EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: DE LAS LUCHAS POR UN TERRITORIO QUE HOY SE HA CONVERTIDO EN EL BLANCO DE LOS APETITOS DE LAS MULTINACIONALES
El departamento del Tolima no ha sido ajeno a las realidades de la política del expolio imperialista y el conflicto político y social que vive nuestro país, que se ha sido una situación constante desde hace ya 60 años. La época actual ha significado el recrudecimiento de esta situación, pues la política de seguridad democrática se ha encargado de abrir espacios a los proyectos de expropiación de recursos naturales de las grandes multinacionales extranjeras, pasando por encima de las comunidades que ocupan estos territorios, y sí en algún punto estas comunidades deciden manifestarse en contra de estas políticas, son señaladas como terroristas. Esta forma de acción del Estado colombiano tiene como ejemplo lo ocurrido con la movilización Agraria y Popular de 2007, que contó con la participación de 18000 campesinos en el Tolima, hecho que generó desplazamientos masivos, asesinatos extrajudiciales y todo tipo de violaciones de Derechos Humanos.
La concentración de las fuerzas militares en esta zona ha aumentado de manera de manera exponencial en los siete años del gobierno de Álvaro Uribe, y se ha justificado por el gobierno nacional debido a la presencia de la insurgencia. Sin embargo, lo que realmente explica este inmenso despliegue militar en el departamento es la necesidad de proteger la gran cantidad de megaproyectos que se están desarrollando: el del Túnel de la Línea; el megaproyecto del Distrito de Adecuación de Tierras del Triángulo del Tolima; la explotación minera de la Colosa en Cajamarca; el proyecto de trasvasó Río Guarinó al Río La Miel en el norte del Tolima y Caldas; la construcción de la hidroeléctrica del Río Amoyá, sobre cuya cuenca se proyecta la creación de siete hidroeléctricas; y la futura explotación petrolera en la zona de Reserva Natural Galilea. Todos estos proyectos tienen como único objetivo satisfacer los intereses económicos de las empresas transnacionales, creando inmensos perjuicios directos a las comunidades.
Uno de los puntos más importantes de este tipo de explotación es la articulación que se da entre los intereses de estas gigantescas empresas multinacionales con las oligarquías locales, que se convierten en la puerta de entrada de estas empresas y les brindan todas las condiciones materiales para permitir sus explotaciones. Es decir, las clases locales y nacionales tienen un papel fundamental en legalizar lo que a todas luces es ilegal, con el fin de incrementar sus patrimonios personales.
La implementación de este tipo de proyectos se basa en la destrucción de todo aquello que se encuentre a su alrededor: las estrategias paramilitares de recuperación del territorio y repoblamiento del mismo con personas “afectas” al gobierno; las consecuencias ambientales, con procesos tan criminales como la contaminación de aguas con cianuro y la desaparición de algunas de ellas con el fin de construir la infraestructura que se necesita para su puesta en marcha.
3. ELMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ DEMOCRÁTICA: EL TOLIMA, UN PUEBLO QUE SE MUEVE EN PRO DE LA TRANSFORMACIÓN
La construcción de una verdadera paz democrática parte de entender que el modelo de acumulación de capital al que se ha visto sometido nuestro país por parte de las potencias extranjeras invasoras y de las oligarquías vende patrias es el principal motor que atiza la confrontación violenta, por lo que la solución no se dará JAMÁS por la vía militar.
Teniendo en cuenta esto, consideramos que uno de los puntos fundamentales para avanzar en este proceso tiene que ver con la construcción de procesos de organización y de movilización que logren poner en conocimiento de todo el país las condiciones de exclusión estructural a las que se ven sometidas las poblaciones campesinas en su día a día. Este tipo de experiencias ya se han visto materializadas en el departamento del Tolima con la Movilización Agraria y Popular llevada a cabo en el año 2007, en la que más de 18.000 campesinos del departamento llegaron a las calles de la ciudad de Ibagué a mostrar su descontento por el abandono sistemático por parte de todos los gobiernos. A pesar de los supuestos compromisos logrados, los gobiernos han continuado con el incumplimiento de los mismos. Por esta razón consideramos que los procesos de movilización solo serán efectivos cuando se puedan soportar en procesos organizativas fuertes y coherentes, que partan de entender que no se están pidiendo favores a los gobiernos, sino que s está exigiendo lo que por derecho propio deben tener.
De igual manera, opinamos que el intercambio humanitario es una necesidad urgente, que sirve como una primera puesta para el acercamiento entre las partes en conflicto, en la búsqueda de espacios de construcción colectiva que permitan la discusión sobre la que ya hemos caracterizado como el sistema de expolio imperialista en nuestro subcontinente.
En este proceso creemos fundamental realizar hoy un llamado a las diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales presentes, a comenzar la construcción de espacios de construcción de actividades tendientes al avance de un proceso de paz real y duradero. Con este fin consideramos fundamentales las labores de investigación y denuncia de la problemática estructural generada por la política de expolio de las multinacionales que hoy hacen presencia en las diversas zonas del país, pero muy especialmente en el departamento del Tolima.
Sumado a esto, creemos que las organizaciones sociales de todo el país deben jugar un rol fundamental en la construcción de experiencias de justicia comunitaria que hagan frente a los altos niveles de impunidad y corrupción en nuestro país, y que pongan al descubierto que el sistema judicial colombiano es y sigue siendo como dice la expresión popular solo pa’ los de ruana.
Por todo lo anterior convocamos a la población colombiana en general a la defensa de nuestros recursos naturales y la vida, a crear el futuro de paz que todos deseamos. Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a unir esfuerzos para la construcción de la paz en Colombia, donde el dialogo y el análisis de las condiciones históricas de desigualdad social, violencia e impunidad sirvan como base para abordar las problemáticas y así lograr un verdadero proceso de reconciliación y reparación para todos los colombianos y colombianas que desde hace tanto se han visto afectados por el conflicto armado, social y político.
Consideramos fundamental la solidaridad de diferentes organizaciones internacionales sociales y políticas en la difusión de la lectura que la población colombiana tiene del conflicto armado, en la denuncia de la violación histórica y sistemática de los derechos humanos en Colombia, expresada no solo en la persecución de la oposición política, sino en la privación estructural de todos los derechos fundamentales de la mayoría del país.
Creemos en el papel que puede jugar la presión política internacional hacia el gobierno de nuestro país para facilitar un escenario que pueda llevar a la paz en Colombia, por medio de la cooperación y acompañamiento a los procesos organizativos y las comunidades más vulnerables, que hoy se presentan como constructoras de alternativas de paz. Invitamos a los y las extrajeras participantes a este evento a liberarse definitivamente del silencio cómplice, el mezquino “”asistencialismo” y del deplorable papel de opresores.
Esperamos que de este escenario se pueda extender una visión sobre el conflicto armado, social y político en la cual se comprenda que hay alternativas diferentes a la guerra, desde donde podamos pensar en una Colombia diferente en paz y justa, no pacificada y expoliada. Ansiamos que las palabras escritas hoy, se conviertan en acción para el mañana de nuestra patria que mas temprano que tarde será soberana.
El objetivo de esta ponencia es presentar algunos de los elementos que desde la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Departamento del Tolima son considerados como fundamentales para entender la lógica del conflicto político y social que vive el país, y que permiten formular algunas propuestas en pro de la construcción de una paz democrática.
Con este fin, esta ponencia se dividirá en tres partes: en la primera parte se presentarán algunos de los elementos que desde esta lectura colectiva que significa la Mesa de Derechos Humanos se han identificado como las causas del conflicto político y social que ha vivido el país desde hace más de sesenta años; en la segunda parte se presentará de forma somera la situación que afronta hoy por hoy nuestro departamento; y en el último apartado se presentarán algunos elementos que consideramos como ejes fundamentales en la construcción de una paz democrática en el país, que, a nuestro juicio, son el mejor aporte que se puede hacer en el marco de este evento.
1. DE CONQUISTAS Y RECONQUISTAS: EL MODELO DEL EXPOLIO IMPERIALISTA Y EL LUGAR DE LATINOAMÉRICA
La conquista, el evento histórico que une la historia europea con la de América Latina es el mismo que ha establecido la relación dependiente de Latinoamérica de los países europeos y Estados Unidos de Norte América; erigidos sobre la sangre milenaria de los pueblos amerindios; para imponer en el nuevo continente, como se le llamó entonces, y a los demás países del mundo la visión Eurocéntrica del mismo, persistente hasta hoy, como lo muestra la posición marginal que en el escenario económico y político mundial ocupan África y América Latina, esta última luego de 517 años de permanente saqueo.
La clave para el emprendimiento de las diversas empresas de conquista que guiaron a los diferentes imperios de la época, era la necesidad de ampliar sus imperios y obtener la mayor cantidad de recursos necesarios o considerados valiosos entonces. Así, la situación que antecedió el descubrimiento de América o su Conquista estaba guiada por la apertura de nuevas rutas comerciales y la comercialización de recursos naturales, seres humanos y animales.
De esta forma solo han venido unas tras otras las lógicas colonizadoras e imperialistas de los países del primer mundo o desarrollados, a expensas de África y América Latina. No obstante la constante lucha por el poder económico y político mundial llevó a los países desarrollados, “guiados por la razón”, al desarrollo de dos guerras mundiales y a una guerra, que aunque fría, elevó la temperatura de los conflictos internos en América latina y en los demás países denominados del tercer mundo. En este orden de acontecimientos, Latinoamérica, exceptuando a Cuba, cerró filas hacia el bloque occidental liderado por Estados Unidos de Norteamérica, firmando desde entonces innumerables acuerdos comerciales y políticos, entre los cuales se encuentra la afamada Doctrina de Seguridad Nacional, que llevó a las mas crueles dictaduras militares de Latinoamérica con el fin de prevenir el surgimiento de nuevas Cubas, y que en Colombia tuvo como resultado la organización guerrillera mas antigua del mundo, surgida precisamente en el sur del Tolima.
Se ha establecido así una lógica de relación entre el “centro y la periferia” en la que los “acuerdos” establecidos pueden ser considerados fórmulas de consolidación del espolio de África y América Latina. Esta lógica de “despensa” del primer mundo o mundo subdesarrollado, expresión acuñada por Truman en 1949 ha mantenido a nuestro continente en el centro de la geopolítica mundial, siempre bajo la complicidad de los gobernantes de nuestros países.
A pesar de la supuesta “independencia” de nuestras naciones, la dinámica imperialista aún se mantiene: el expolio de los recursos naturales, los recursos agrarios y la biodiversidad continúa, tratando de llevarse lo que dejaron el imperio español, inglés y portugués. En nuestros días el “saqueo” se disimula con figuras como la cooperación militar, los Tratados de Libre Comercio y las Concesiones de explotación de recursos naturales.
En Colombia, el país que podría constituir la cadera de esta hermosa mulata llamada América, estas políticas han tenido su propio capítulo, pero tienen unas particularidades que deben ser subrayadas: en primer lugar, la histórica desigualdad en el acceso a los recursos, determinada por una élite dominante, que se ha caracterizado por su autoritarismo y su servilismo a intereses extranjeros; en segundo lugar, la persistencia en casi todos los periodos de la vida nacional de organizaciones guerrilleras y la aplicación de diversas tácticas paramilitares por parte del estado. Estas dos particularidades han determinado la existencia de una violencia estructural en nuestro país, que son la expresión de este conflicto político y social. En el periodo actual la situación se ha acentuado por la actitud servicial y guerrerista del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ha posibilitado el libre desarrollo de diversos megaproyectos ejecutados por multinacionales estadounidenses y de diversos países de Europa.
Lo que estas políticas siempre han buscado es la eliminación de los campesinos como sector productivo. Esta búsqueda ha estado estrechamente ligada a la lógica de apropiación de la tierra que se ha mantenido en el país: la concentración de la propiedad rural es una fuente esencial de enriquecimiento para toda la élite gobernante. Este proceso de concentración siempre se ha realizado por medio de mecanismos violentos, siendo la expresión de nuestro tiempo la contrarreforma agraria llevada a cabo por los grupos paramilitares que se ha orientado a la consolidación del modelo agroexpotador.
La concentración de la tierra ha sido uno de los determinantes de la aparición de la violencia que hoy vivimos: la violencia de los años cincuentas debe ser considerada como el proyecto de contrarreforma agraria de la Asociación Patriótica Económica Nacional en la que se agrupaban los más grandes terratenientes de este país. Ante este proyecto encontramos la reacción defensiva inicialmente de la mayoría de las comunidades en lo que se llamó autodefensas campesinas y que posteriormente se constituyeron en guerrillas que buscaban la defensa de sus territorios y que integraron a su lucha un carácter ofensivo, como medio para la toma del poder político de la nación.
El modelo agroexportador parte de la concepción de la producción agrícola como la producción de materias primas básicas, sin ninguna clase de transformación, y partiendo de entender la propiedad rural como una fuente de renta, por lo que es fundamental su acumulación en pocas manos. Sumado a esto, el campesino asume el papel de mano de obra, y teniendo en cuenta que estos productos son los que se colocan en el mercado mundial todos los países “subdesarrollados”, que tienen como único factor de competencia la disminución de los salarios.
El desconocimiento y persecución que se ha mantenido en contra de los campesinos colombianos queda bien reflejado en la Constitución de 1991, que aunque tenga una gran cantidad de cantos a la bandera en los supuestos derechos que consagra, desconoce la existencia de una economía campesina y la somete al criminal proceso de la apertura económica de principios de la década de los noventas.
2. EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: DE LAS LUCHAS POR UN TERRITORIO QUE HOY SE HA CONVERTIDO EN EL BLANCO DE LOS APETITOS DE LAS MULTINACIONALES
El departamento del Tolima no ha sido ajeno a las realidades de la política del expolio imperialista y el conflicto político y social que vive nuestro país, que se ha sido una situación constante desde hace ya 60 años. La época actual ha significado el recrudecimiento de esta situación, pues la política de seguridad democrática se ha encargado de abrir espacios a los proyectos de expropiación de recursos naturales de las grandes multinacionales extranjeras, pasando por encima de las comunidades que ocupan estos territorios, y sí en algún punto estas comunidades deciden manifestarse en contra de estas políticas, son señaladas como terroristas. Esta forma de acción del Estado colombiano tiene como ejemplo lo ocurrido con la movilización Agraria y Popular de 2007, que contó con la participación de 18000 campesinos en el Tolima, hecho que generó desplazamientos masivos, asesinatos extrajudiciales y todo tipo de violaciones de Derechos Humanos.
La concentración de las fuerzas militares en esta zona ha aumentado de manera de manera exponencial en los siete años del gobierno de Álvaro Uribe, y se ha justificado por el gobierno nacional debido a la presencia de la insurgencia. Sin embargo, lo que realmente explica este inmenso despliegue militar en el departamento es la necesidad de proteger la gran cantidad de megaproyectos que se están desarrollando: el del Túnel de la Línea; el megaproyecto del Distrito de Adecuación de Tierras del Triángulo del Tolima; la explotación minera de la Colosa en Cajamarca; el proyecto de trasvasó Río Guarinó al Río La Miel en el norte del Tolima y Caldas; la construcción de la hidroeléctrica del Río Amoyá, sobre cuya cuenca se proyecta la creación de siete hidroeléctricas; y la futura explotación petrolera en la zona de Reserva Natural Galilea. Todos estos proyectos tienen como único objetivo satisfacer los intereses económicos de las empresas transnacionales, creando inmensos perjuicios directos a las comunidades.
Uno de los puntos más importantes de este tipo de explotación es la articulación que se da entre los intereses de estas gigantescas empresas multinacionales con las oligarquías locales, que se convierten en la puerta de entrada de estas empresas y les brindan todas las condiciones materiales para permitir sus explotaciones. Es decir, las clases locales y nacionales tienen un papel fundamental en legalizar lo que a todas luces es ilegal, con el fin de incrementar sus patrimonios personales.
La implementación de este tipo de proyectos se basa en la destrucción de todo aquello que se encuentre a su alrededor: las estrategias paramilitares de recuperación del territorio y repoblamiento del mismo con personas “afectas” al gobierno; las consecuencias ambientales, con procesos tan criminales como la contaminación de aguas con cianuro y la desaparición de algunas de ellas con el fin de construir la infraestructura que se necesita para su puesta en marcha.
3. ELMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ DEMOCRÁTICA: EL TOLIMA, UN PUEBLO QUE SE MUEVE EN PRO DE LA TRANSFORMACIÓN
La construcción de una verdadera paz democrática parte de entender que el modelo de acumulación de capital al que se ha visto sometido nuestro país por parte de las potencias extranjeras invasoras y de las oligarquías vende patrias es el principal motor que atiza la confrontación violenta, por lo que la solución no se dará JAMÁS por la vía militar.
Teniendo en cuenta esto, consideramos que uno de los puntos fundamentales para avanzar en este proceso tiene que ver con la construcción de procesos de organización y de movilización que logren poner en conocimiento de todo el país las condiciones de exclusión estructural a las que se ven sometidas las poblaciones campesinas en su día a día. Este tipo de experiencias ya se han visto materializadas en el departamento del Tolima con la Movilización Agraria y Popular llevada a cabo en el año 2007, en la que más de 18.000 campesinos del departamento llegaron a las calles de la ciudad de Ibagué a mostrar su descontento por el abandono sistemático por parte de todos los gobiernos. A pesar de los supuestos compromisos logrados, los gobiernos han continuado con el incumplimiento de los mismos. Por esta razón consideramos que los procesos de movilización solo serán efectivos cuando se puedan soportar en procesos organizativas fuertes y coherentes, que partan de entender que no se están pidiendo favores a los gobiernos, sino que s está exigiendo lo que por derecho propio deben tener.
De igual manera, opinamos que el intercambio humanitario es una necesidad urgente, que sirve como una primera puesta para el acercamiento entre las partes en conflicto, en la búsqueda de espacios de construcción colectiva que permitan la discusión sobre la que ya hemos caracterizado como el sistema de expolio imperialista en nuestro subcontinente.
En este proceso creemos fundamental realizar hoy un llamado a las diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales presentes, a comenzar la construcción de espacios de construcción de actividades tendientes al avance de un proceso de paz real y duradero. Con este fin consideramos fundamentales las labores de investigación y denuncia de la problemática estructural generada por la política de expolio de las multinacionales que hoy hacen presencia en las diversas zonas del país, pero muy especialmente en el departamento del Tolima.
Sumado a esto, creemos que las organizaciones sociales de todo el país deben jugar un rol fundamental en la construcción de experiencias de justicia comunitaria que hagan frente a los altos niveles de impunidad y corrupción en nuestro país, y que pongan al descubierto que el sistema judicial colombiano es y sigue siendo como dice la expresión popular solo pa’ los de ruana.
Por todo lo anterior convocamos a la población colombiana en general a la defensa de nuestros recursos naturales y la vida, a crear el futuro de paz que todos deseamos. Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a unir esfuerzos para la construcción de la paz en Colombia, donde el dialogo y el análisis de las condiciones históricas de desigualdad social, violencia e impunidad sirvan como base para abordar las problemáticas y así lograr un verdadero proceso de reconciliación y reparación para todos los colombianos y colombianas que desde hace tanto se han visto afectados por el conflicto armado, social y político.
Consideramos fundamental la solidaridad de diferentes organizaciones internacionales sociales y políticas en la difusión de la lectura que la población colombiana tiene del conflicto armado, en la denuncia de la violación histórica y sistemática de los derechos humanos en Colombia, expresada no solo en la persecución de la oposición política, sino en la privación estructural de todos los derechos fundamentales de la mayoría del país.
Creemos en el papel que puede jugar la presión política internacional hacia el gobierno de nuestro país para facilitar un escenario que pueda llevar a la paz en Colombia, por medio de la cooperación y acompañamiento a los procesos organizativos y las comunidades más vulnerables, que hoy se presentan como constructoras de alternativas de paz. Invitamos a los y las extrajeras participantes a este evento a liberarse definitivamente del silencio cómplice, el mezquino “”asistencialismo” y del deplorable papel de opresores.
Esperamos que de este escenario se pueda extender una visión sobre el conflicto armado, social y político en la cual se comprenda que hay alternativas diferentes a la guerra, desde donde podamos pensar en una Colombia diferente en paz y justa, no pacificada y expoliada. Ansiamos que las palabras escritas hoy, se conviertan en acción para el mañana de nuestra patria que mas temprano que tarde será soberana.
Calí, 14 de noviembre de 2009.
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