NOTAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FRENTE AL CONFLICTO

NOTAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FRENTE AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA; ELEMENTOS DE UNA PROPUESTA.

Presentado por:
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – FEU COLOMBIA
CÁTEDRA UNIVERSITARIA DE SITUACIÓN NACIONAL – AGORA
GRUPO DE ESTUDIOS Y DEBATE POLÍTICO IVAN ORTÍZ

I Conflicto Social y Armado en Colombia

No es posible hablar del conflicto armado colombiano ni buscar salidas a él sin entender que sus causas radican en un conflicto social, enmarcado en el sistema político colombiano que ha estado ligado históricamente a condiciones sociales y políticas, que han sido motivo para los diferentes malestares de la sociedad.

La exclusión política, enmarcada desde la conformación del país en el dominio de una elite bipartidista, es una causa evidente de inconformidad social de sectores alternos que han buscado la participación activa en la toma decisiones en la nación. Desde los liberales del Siglo XIX, pasando por el naciente Partido Socialista Revolucionario de los años veinte, del Partido Comunista Colombiano en los treinta, pasando por las facciones de izquierda del Partido Liberal como la UNIR, el MRL, la ANAPO, el Frente Unido, la UP, entre muchos otros movimientos sociales y Políticos representativos del pueblo colombiano, que han buscado por la vía legal llegar al poder, pero que de una u otra forma han sido reprimidos por estas mismas elites.

La concepción económica del país ha estado orientada históricamente hacia la defensa de la propiedad de los grandes propietarios, manejando la concepción de un modelo en donde las periferias de donde se sacan las materias primas para el desarrollo del país son las más excluidas financieramente y los centros monopolizadores de las ganancias son los más favorecidos, dejando con obvias razones un descontento hacia las políticas gubernamentales que se encargan de mantener esta relación, empleos de ellos los podemos ver desde la llegada de la Texas Petróleo Company a puerto Boyacá y su aprobación gubernamental, hasta las actuales políticas de convertir el país y junto a él la región en una gran estación gasolinera del mundo con la implementación de los cultivos de palma africana. Ligado a esto vemos que otra de las causas objetivas del conflicto social y armado en Colombia es la falta de una reforma agraria efectiva que permita la redistribución de la tierra bajo los criterios de la dinamización de las capacidades productivas de los sectores empobrecidos, por la lógica hacendada de la base económica agraria.

A nivel mundial, se ha entendido que la reforma agraria es necesaria para el paso de los viejos sistemas señoriales, a procesos de industrialización de tipo moderno, sin embargo en Colombia, la ambición de las minorías que rigen la nación y concentran la tenencia de la tierra, han mostrado un fuerte interés por impedir los procesos de distribución de los medios de producción agraria, lo cual ha imposibilitado la industrialización y desarrollo económico del país.

Un diciente ejemplo de ello, es la reciente propuesta de José Obdulio “Obtuso” Gaviria de conformar una asociación campesina donde se reproducen lógicas de supeditación campesina a través del arrendamiento de tierras por parte de los grandes latifundistas; esta propuesta niega los problemas estructurales de la situación agraria, se olvida de derechos de los campesinos, constituyéndose en una contra reforma, similar a la experiencia del Pacto de Chicoral.

Aunada a esta serie de problemáticas, esta la incapacidad del Estado Colombiano de hacer presencia a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual ha sumido a muchas regiones periféricas del país a un estado de abandono y aislamiento que las ha convertido en caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, bien sea fruto de la inconformidad de los sectores menos favorecidos o del interés de los grupos con gran poder económico.

Este abandono por parte del Estado se ve reflejado, no solo en la debilidad en cuanto presencia de las fuerzas militares, sino en la debilidad al momento de asumir las funciones que le competen como institución articuladora de la sociedad. Desde las guerras civiles decimonónicas, se ve un papel semiausente del Estado en la resolución de conflictos sociales; es válido afirmar que las funciones que le correspondían a este, eran desempeñadas por viejas instituciones tradicionales como la Hacienda, la Iglesia y los Partidos Políticos. Actualmente, bajo la concepción de un Estado Social de Derecho, la sociedad espera ciertas garantías de sus derechos fundamentales, entre ellos la salud, la educación y el acceso a servicios públicos, entre otros; sin embargo, en Colombia hemos visto como el Estado ha mostrado una total despreocupación frente a sus funciones las ha descargado en el mercado, con lo cual lo que se concibe como un derecho pasa a ser un servicio, susceptible de ser visto como simple mercancía.

Lo enunciado anteriormente, es muestra de cómo el conflicto armado es resultado y a la vez elemento reproductor del conflicto social, en este sentido, la propuesta que se debe plantear desde la sociedad civil colombiana es en primer lugar partir por el reconocimiento de la existencia de un conflicto que es social y armado; en este plano, se hace lógico que para consolidar un proceso de paz en Colombia, se debe partir por eliminar las causas estructurales de la violencia política, es decir, se debe partir por solucionar el conflicto social, que es el fenómeno que alimenta día a día el conflicto armado.

En manos del Estado colombiano ha estado siempre la posibilidad de resolver las desigualdades y exclusiones que causan el conflicto social y armado en el país, sin embargo, el papel desempeñado por los distintos gobiernos ha sido el de aumentarlas, buscando siempre beneficios para una estrecha elite política y económica, agudizando el inconformismo en el pueblo colombiano, que ve cada vez más estrecha la posibilidad de cambios en beneficio de las clases menos favorecidas del país.

En términos recientes, existen múltiples experiencias que demuestran la complicidad que ha existido entre el Estado y los grupos criminales paramilitares en el país; desde finales de la década del cincuenta hicieron presencia a lo largo del territorio nacional una serie de grupos al margen de la ley que cumplían funciones parainstitucionales. Chulavitas en Boyacá, pájaros en el Norte del Valle y parte del Eje Cafetero, pencaanchas en las sabanas de Sucre y aplanchadores en el Oriente antioqueño, fueron algunas de las expresiones de la intolerancia política y de la violencia estatal en contra del pueblo colombiano.

Posteriormente, a partir del primer experimento paramilitar en Puerto Boyaca, con la conformación regional de grupos paramilitares en la década de los ochenta, se presentó un fenómeno de expansión de la violencia por todo el territorio nacional. Luego de la “desmovilización” que trajo el proceso de negociación con los grupos paramilitares agrupados en las AUC, se han dado una serie de fenómenos de surgimiento de bandas criminales que obedecen a lógicas paramilitares y de narcotráfico, que constantemente actúan en pro de reprimir por medio de amenazas y amedrantamientos a los sectores sociales que se movilizan en contra de las nefastas políticas del Estado. Varios analistas de la violencia en Colombia observan que lo vivido en la actualidad es una consecuencia del “enrarecimiento del conflicto”, lo cierto es que el fenómeno paramilitar se convirtió en una constante muestra de la forma en que los sectores políticos y sociales de derecha, intolerantes y violentos, se articulan con aparatos militares al servicio del narcotráfico con el fin de acallar todas las voces que se manifiestan en contra de las practicas opresivas, excluyentes y fascistas de las elites que gobiernan el país. En este sentido el primer llamado que se haga desde la sociedad civil, debe apuntar a humanizar la confrontación, generando de una parte referentes de diálogo y concertación de las partes vinculadas en el conflicto; en últimas hablamos del dialogo entre la totalidad de los sectores de la sociedad civil nacional.


II Los Universitarios y el Conflicto:

A -) Los Universitarios:

Habiendo señalado el carácter social y político que enmarca el conflicto armado, intentaremos señalar la ligazón de este conflicto con el movimiento universitario para señalar, al final, una propuesta que vislumbre posibles soluciones al mismo, hablamos del Mandato Estudiantil y Universitario por el Acuerdo Humanitario y la Paz con Justicia Social.
Para empezar hay que señalar que el estudiantado es un sector social, de ello se desprende el hecho que la organización y movilización estudiantil siempre ha estado atravesada por la cuestión del carácter de los estudiantes como movimiento social – en tanto perspectiva en construcción, en tanto especificidad-; estos dos caracteres, movimiento social y sector social, nos señalan en ultimas la especificidad del estudiantado; esta la definimos por la naturaleza del que hacer de los estudiantes y por su relación y vinculación objetiva con la sociedad en general.
Dicha especificidad o naturaleza la podemos sintetizar en tres manifestaciones. Sin embargo es menester decir que dichas manifestaciones no son del todo excluyentes en el desarrollo de la movilización, acción y organización que los estudiantes han adoptado para adelantar la legítima lucha en busca de sus reivindicaciones y la construcción de una Nueva Colombia.
• Por una parte existen medidas tomadas por parte de las directivas o el gobierno nacional que afectan la posibilidad de la realización y/o culminación de los estudios universitarios; hablamos en este punto de reformas de tipo académico, des - financiación etc. En este sentido lo que enfatizamos es que la aplicación de dichas medidas afecta a los estudiantes en tanto tal, al limitar – caso reformas académicas – la integralidad de la formación académica o la flexibilidad de las carreras.
• En todos los casos, estas medidas responden en últimas a la apuesta por un modelo de país – impuesto, con el cual nos enfrentamos en nuestro espacio inmediato, la Universidad- que no se compadece de las necesidades reales de la sociedad colombiana. Esto choca necesariamente con la relación Universidad – Nación que los universitarios intentan construir. Además de lo anterior este hecho, el que las medidas se enmarquen en un modelo de nación, sugiere la posibilidad y la necesidad de la articulación del movimiento estudiantil con otros sectores sociales. Evidencia de esto es la apuesta - y la respuesta unificada y decidida del movimiento social, frente a la apuesta neoliberal por parte del actual régimen.
• En los dos casos anteriores vemos la contradicción entre las elites en el poder y los universitarios en relación a la idea de profesional, por una parte, y la idea de Universidad, por otra; es claro para el movimiento estudiantil que la idea de universidad que se impone afecta a su vez y corresponde con una idea de nación. Ahora, ubicándonos en el escenario Universidad – Nación, es claro que la Nación espera algo de parte de la Universidad, pero el qué de esa espera es escenario de contradicción.
Para los universitarios la esencia de la Universidad es aquella que nos habla de un espacio abierto – público – diverso y constructor de un pensamiento crítico que contribuya a orientar a la nación; a su vez, un espacio que contribuya a la solución de las limitaciones materiales de la nación y que con ello contribuya a la construcción de democracia, ciencia y de un país posible para todos – hecho decididamente contrario a los intereses de un gobierno que se desentiende de la sociedad que “lo elige”, pues su interés está ubicado en correspondencia a los del gran capital, del mercado. De allí el compromiso de parte de los universitarios para con la nación, hecho que se expresa en el carácter dialéctico de la lucha estudiantil – por lo menos en términos objetivos – ya que las luchas gremiales se convierten en luchas de tipo político y las luchas políticas se expresan en reivindicaciones gremiales.

La situación de las Universidades está atravesada por diversas problemáticas puntuales que haciendo abstracción podemos sintetizar en la carencia de autonomía y democracia a su interior; hecho no del todo distante de la carencia de estos elementos en el panorama nacional; la falta de políticas que garanticen el acceso y desarrollo de los programas académicos por parte de los estudiantes; la instrumentalización y orientación de la educación hacia el favorecer un mercado autorregulado y despiadado que sume al grueso de la población en la miseria ; la criminalización de la protesta estudiantil; la tendencia en el plano de lo normativo – disciplinario – de impedir y “desinstitucionalizar” las propuestas organizativas propias del estudiantado y la crisis humanitaria al interior de las Universidades, son las cuestiones en torno a los cuales gira hoy la lucha universitaria, los que la hacen necesaria, justa y que exigen la decidida participación de los estudiantes y la solidaridad de los demás sectores sociales. Esta situación limita el accionar de la Universidad, por ello vulnera la autonomía; niegan la participación de la comunidad universitaria en las decisiones que la afectan, se señala y persigue al movimiento estudiantil, por ello vulneran la democracia.

En este panorama hemos llegado a un punto en el cuál definimos la lucha universitaria como una lucha que trasciende sus límites específicos, gremiales, y adquiere carácter político – en el sentido de luchas frente al Estado -; solo quisiéramos señalar un hecho importante y que se vincula al que hacer general de la educación superior, creemos que el objeto de trabajo de la Universidad es la realidad del país, ya sea en el plano social, artístico y humanista, ya sea en el ámbito de lo tecnológico, científico, productivo. Cuando hablamos del compromiso de la Universidad, lo que la justifica y legitima nos referimos a la integración de los dos escenarios – humanista y económico – en sus proyecciones a futuro como en su praxis.

De allí que la Universidad no puede, no debe, abstraerse de la situación nacional, no debe olvidar o negar la realidad de un país ávido de transformaciones, de un país que llevado de los intereses de la elite tradicional se debate hoy entre el hambre, la precarización, la ignorancia, la exclusión y la muerte; debe luchar porque sus reflexiones académicas tengan en cuenta la realidad de nuestro diario vivir, no debe importarle que la realidad no se compadezca de la versión oficial que intentan imponer, pues no es en reproducir el discurso oficialista en lo que reside el carácter público de la educación, no es en ello en lo que reside su función social, no debe ser ello lo que justifique su financiación, no debe ser esa la razón para impulsar el acceso a ella; todo lo contrario, es la creación de hombres nuevos, libres y con un sentido realmente democrático, con una idea de patria por construir y por la cual se lucha a diario lo que guía y hace necesaria la lucha estudiantil, si una idea de Universidad es idea de nación, la lucha por la Universidad es la lucha por un nuevo País.

B-) El Conflicto Armado:

En este orden de cosas, señalaremos que el conflicto social y armado se expresa en el estudiantado como sector social de variadas formas:

• La tendencia oficialista y antidemocrática de las directivas universitarias, reproducen el discurso que niega la existencia del conflicto social que atraviesa la nación. Ello se expresa en el manejo, cada vez más banal, que se da al conflicto armado por parte de la academia.
• El discurso del terrorismo impuesto por el gobierno actual y su reproducción por parte de los medios de comunicación, deslegitima la protesta estudiantil, legitimando por tanto la persecución y estigmatización al mismo, lo cual, limita la acción del estudiantado, ubicándolo como contradictor de otros sectores sociales e inclusive polarizando el estudiantado.
• Las reformas adelantadas por parte de los gobiernos en materia de educación se ligan a otras que buscan, en síntesis, favorecer los intereses de las clases dominantes en detrimento de la inversión en políticas públicas. Señalemos a manera de ejemplo que un soldado profesional vale al país $60. 000.0000, mientras que un estudiante en la Universidad Nacional vale $8.000.000.
• El acceso a la educación superior reproduce las condiciones de exclusión política y económica del país, reproduciéndolas y sacrificando con ello, la posibilidad de progreso que potencialmente puede ofrecer la educación superior de calidad.
• La movilización y lucha estudiantil ha sido fuertemente golpeada por el terrorismo de Estado y por el paramilitarismo, a tal punto que señalemos la existencia de una crisis humanitaria de la Universidad, este panorama no dista mucho de la de otros sectores sociales, y caracteriza la pretendida democracia que de manera demagógica pregona el actual gobierno. Hecho que cobra una mayor magnitud si recordamos el silencio de parte de las directivas universitarias frente a este hecho, ampliamente difundido.

Esta realidad hace imperativo de parte de los estudiantes universitarios el unirse y reivindicarse como sujetos activos frente a un hecho innegable de la realidad nacional, habrá que ser muy academicista para negar la relación entre Universidad y realidad nacional, habrá que ser incauto para no notar las causa estructurales de nuestro conflicto, habrá que ser muy egoísta para no intervenir en la solución de los problemas que aquejan nuestro presente inmediato y no plantearnos posibilidades de transformación social, tan necesarias y posibles en nuestra patria.

Pensamos que la garantía de éxito de una propuesta que apunte a la construcción de paz reside en que exista una amplia participación de la sociedad colombiana que demuestre la necesidad en un cambio, la convicción y propuestas que proyecten su ejecución.

La política guerrerista del actual gobierno, de la seguridad democrática, está huyendo a los problemas reales y no tiene una voluntad política de solucionarlos, es más, los acrecienta cada día que invierte en la guerra, cada día que impone el mote de terroristas a las organizaciones sociales que exigen mejores calidades de vida, cada día que se muestran resultados de combate en donde las principales bajas son de la población civil.

III Nuestra Propuesta “Mandato Estudiantil por el Intercambio Universitario”:


La incapacidad Estatal para dar salida al conflicto por la vía armada, ha sido demostrada por el actual gobierno, donde se ha otorgado gran parte del presupuesto nacional para la guerra, condición que no permite ninguna crítica, aunque realmente haya demostrado más fracasos, que una solución efectiva, entre ellos el deterioro de las instituciones y la defensa absoluta de un proyecto guerrerista, o de exterminio de los adversario, que en escenarios anteriores de acuerdos con otros gobiernos han demostrado ser interlocutores políticos validos. Los referentes de dialogo, de acuerdos pasados deben ser el soporte para argumentar que pueden haber acercamientos por lo menos para evitar las consecuencias directas e indirectas de la violencia armada del conflicto Colombiano. En este sentido, la propuesta es en un primer momento, Humanizar la guerra.

Para lograr esto último, se debe menguar los efectos de la guerra mediante el DIH y la figura del intercambio humanitario que aporte hacia un acuerdo –humanitario- más amplio por la solución dialogada al conflicto. Que genere condiciones políticas y económicas para la consecución de la paz con justicia social. Esto por la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública, que ha sido ampliamente destacada por organizaciones y movilizaciones sociales.

El dialogo pasa por el reconocimiento del adversario como actor político y no como un simple delincuente, propio de una clasificación en términos de patologías sociales donde, en una postura de amigos y enemigos, se desvirtúa a éste y se muestra libre de errores al otro.

El intercambio no es igual a proceso de paz, es un paso inicial hacia éste último. Es errado para dar este paso colocar trabas como la terminación inmediata de las acciones bélicas, o desmovilizaciones que propone el gobierno actual; es por el contrario, el ejercicio del Estado por salvaguardar la vida humana. Cabe recordar que los problemas estructurales de Colombia no se acaban con que cesen las hostilidades de los sectores armados.

Como movimiento estudiantil asumimos la tarea de dinamizar y aportar a una discusión a la cual nos hemos vinculado partiendo de algunas reflexiones básicas; en un primer momento partimos del hecho, demostrado por los últimos acontecimientos, que demuestran que el diálogo serio y sostenido es la medida potencial en la solución al conflicto social y armado que enfrenta Colombia; como movimiento estudiantil no podemos dejar la discusión en el tintero, pues es obvio su trascendencia para el futuro del país e inclusive para la educación.

Como sector estudiantil propendemos por el desarrollo amplio de discusiones que sustenten y evidencien los daños para la nación colombiana de continuar este conflicto histórico. En esta medida la universidad debe pensarse un problema que nos compete a todos en los términos de un conocimiento universal, frente a un conflicto que dado a su larga duración se ha vuelto complejo en sus dinámicas de solución, debido a los acuerdos fallidos y la vía estrictamente militar realizada en dos periodos de mandato presidencial. No se trata de ser laxos frente a una u otra posición en el conflicto, sino tomar una posición frente a las mismas, que no han permitido los acercamientos.

Ofrecemos como organización nuestro aporte a esta iniciativa, planteando un escenario hacia una solución al conflicto social y armado, sustentado este en el diálogo. Para ello es necesario:

Abrir contactos con sectores sociales que apoyan la iniciativa del acuerdo humanitario, en un frente amplio por la solución dialogada al conflicto social y armado, que propenda por una participación amplia de la sociedad colombiana.

Puntos a desarrollar:

1.) Una política de derechos humanos. Exigir al estado una política efectiva de protección a los derechos humanos. Esto pasa por la creación de una comisión que tenga como función, entre otras, lo siguiente:
• La difusión de los derechos humanos que en actividades dinámicas generen una apropiación de los derechos humanos, por parte de toda la población colombiana.
• Que realice una campaña de visibilización y denuncia de todos los delitos de lesa humanidad en Colombia. Con esto, se genere una fiscalización efectiva de todos los casos con el seguimiento debido de los juzgamientos a los agentes responsables con una sanción ejemplar y de reparación a las víctimas.
• Que efectúe una propaganda amplia y responsable sobre determinados casos para que estos no se vuelvan a repetir.

2.) Que la campaña contra la estigmatización de la protesta social, denominada “Porque pensar diferente no es terrorismo”, se convierta en una reivindicación social-popular. De una postura estudiantil frente a la arremetida de los gobiernos en contra del pensamiento y las posturas ideológicas alternativas a un indicador social que pone en evidencia al actual gobierno, en sus posturas frente al clamor de los pueblos expresados en la protesta social, señalándoles y tachándoles a sus organizaciones de vínculos con actores armados ilegales. Esto sin poner atención al contenido de las movilizaciones y organizaciones en cuanto a las problemáticas que las generan.
3.) mandato popular por el acuerdo humanitario y la paz con justicia social con la comprensión de los principios ya expresados.
4.) Nos sumamos al llamado de la Senadora Gloria Cuartas y los compañeros de la CONAP, a nutrir la propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz, generando en cada uno de nuestros espacios –en nuestro casos universidades – espacios de base que sustenten las iniciativas de dicha propuesta.