Federación de Estudiantes Universitarios -FEU-
Grupos de trabajo Universidad Nacional sede Bogotá
Grupo de Trabajo en Medios de Comunicación MEDIOINTEGRADOS
Grupo de Estudios Estéticos y Culturales ESCULTURA
Colectivo Gráfico GUAYASAMÍN
Colombia, un dilatado desastre social en cine mudo
Ponencia presentada al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia Cali Noviembre de 2009.
“Colombia es hoy el país con mayor índice de criminalidad creciente en el planeta, y la inseguridad va convirtiendo sus calles en tierra de nadie. Tiene a la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza, y presenta al mismo tiempo en su clase dirigente unos niveles de opulencia difíciles de exagerar. Muestra uno de los cuadros de ineficiencia estatal más inquietantes del continente (….) Muestra fuertes niveles impositivos y altísimos niveles de corrupción en la administración. Muestra unas condiciones asombrosas de impunidad y de parálisis de la justicia y al mismo tiempo una elevada inversión en seguridad, así como altísimos costos para la ciudadanía en el mantenimiento del aparato militar. Muestra las más deplorables condiciones de desamparo para casi todos los ciudadanos, y sin embargo es un país donde no se escuchan quejas, donde prácticamente no existe la protesta y la movilización ciudadana (…)”
Esta caracterización de William Ospina hace necesario cuestionarnos en torno al por qué de la incapacidad del pueblo colombiano para reaccionar y modificar una situación que siempre ha sido intolerable.
Una respuesta tal vez sea la naturalización creciente de la desigualdad, la explotación económica, la exclusión política y la guerra. Naturalización, que nos sume en un fatalismo que considera la situación actual del país como producto de una incurable enfermedad, como circunstancias definitivas que obedecen a causas ingobernables. Naturalización, que polariza la opinión pública e imposibilita pensar y construir un futuro capaz de superar el conflicto interno por la vía menos dolorosa, la política; capaz de dignificar una sociedad malformada por la exclusión y la estratificación social; capaz de ofrecer al mundo algo más que un recurrente memorial de agravios.
Varias generaciones de colombianos hemos crecido en una Colombia marcada por la violencia; entendiendo esta, en su acepción más común, como la forma de solucionar las diferencias mediante la eliminación total del otro, sea en el ejercicio político o en otra práctica de interacción en general . La violencia política, desde las guerras civiles del siglo XIX, pasando por la violencia interpartidista de mediados del siglo XX hasta la violencia que vivimos hoy, ha estado marcada por la confrontación entre grupos insurgentes y el Estado. Se ha configurado a lo largo de la historia de Colombia el Conflicto Armado, fruto de un Conflicto Social que tiene sus raíces en un sistema político excluyente a partir del cual sólo una pequeña élite política ha tenido la posibilidad de gobernar y tomar decisiones en el país (Gonzalo Sánchez).
Hoy en día, vemos que las causas objetivas que marcaron la aparición de organizaciones insurgentes como el EPL, el ELN y las FARC, en la segunda mitad del siglo XX no han variado sustancialmente. La desigualdad y distribución inequitativa de la riqueza nacional sigue siendo un problema presente en nuestro país, tal como ha quedado evidenciado con proyectos como Agro Ingreso Seguro.
La falta de voluntad Estatal frente a una reforma agraria equitativa sigue siendo latente hoy. Son claros los intereses de refeudalizar el país en proyectos como la Federación Nuevo Liderazgo Campesino de José Obdulio Gaviria, exasesor presidencial, que la plantea como una nueva organización agraria que, según él “supere la lucha de clases” .
Otra causa fundamental del conflicto ha sido la exclusión política, exclusión que hace posible la permanencia en el poder de una clase política que ha garantizado su mantenimiento a partir del usufructo del aparato estatal en su propio beneficio, reprimiendo todo intento de lucha por la inclusión en el sistema político; desencadenando guerras civiles, violencia partidista, violencia política, todo por el interés de las familias de la elite en conservar el poder político para aumentar su riqueza.
Aunado a este problema, esta la incapacidad del Estado Colombiano de hacer presencia a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual ha sumido a muchas regiones periféricas en un estado de abandono y aislamiento que las ha convertido en caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, bien sea fruto de la inconformidad de los sectores menos favorecidos o del interés de los grupos con mayor poder económico. Este abandono por parte del Estado se ve reflejado, entre otras, en la debilidad al momento de asumir las funciones que le competen como institución articuladora de la sociedad
En general, vemos cómo pese al interés que ha evidenciado el gobierno y los medios de comunicación en negar la existencia del conflicto social y armado, pretendiendo justificar la alta inversión en guerra bajo una supuesta amenaza terrorista, se hace palpable la existencia de condiciones objetivas que hacen insostenible esta tesis, impulsada por los sectores de derecha del país. La desigualdad, la explotación económica y la exclusión política son factores que han hecho posible e innegable 60 años de conflicto social y armado.
La negación del conflicto y la consecuente tesis sobre el terrorismo acarrea graves consecuencias para los movimientos sociales colombianos en cuanto a la criminalización y estigmatización que se ha hecho de ellos. Los medios de comunicación presentan a los movimientos sociales como organizaciones terroristas en sí mismas o por lo menos infiltradas por el terrorismo. De tal forma, se niega la discusión del gobierno con estos grupos, y la protesta se concibe como un problema de orden público. Ejemplo de ello es la represión que se hizo a la Minga Indígena a finales del 2008, y el cubrimiento que se hizo de ella por parte de los noticieros RCN y CARACOL; así mismo, vemos como el cubrimiento que se ha hecho de la movilización estudiantil, se centra siempre en hechos desafortunados y no en las causas de la protesta, haciendo ver a los estudiantes como agentes negativos para la sociedad y tildándolos de terroristas, antisociales o desadaptados.
En este punto es preciso analizar cómo los medios de comunicación no han hecho otra cosa que defender a capa y espada las tesis guerreritas del Status Quo, surgidas luego del término de los diálogos de paz en el Caguán y representadas en Álvaro Uribe, minimizando ante la opinión pública el peso de los actores del conflicto armado al exponerlos como simples delincuentes ligados a actividades de narcotráfico o secuestro orientados por un interés económico (Sierra, 2008).
El cambio discursivo ha sido evidente: se pasa del reconocimiento de un conflicto social y armado interno a la idea de una supuesta “amenaza terrorista”.
“[No] existe ‘conflicto interno’, porque sería aceptar una guerra cuando lo que hay es una amenaza terrorista de grupos que agreden a la sociedad” .
El interés en esta discusión recae sobre lo que en la práctica puede hacer el gobierno al modificar la concepción del conflicto en nuestro país.
El gobierno Uribe tiene, tras del uso de una retórica específica sobre el conflicto armado, una intención directa de legitimar decisiones políticas relacionadas con la forma de solucionar la situación de violencia que atraviesa el país. La minimización del enemigo ante la opinión pública o su deslegitimación al negar la naturaleza de la confrontación, son algunos de los resultados prácticos que se pueden obtener del uso del lenguaje como una arma más de guerra.
El gobierno nacional, de esta manera, desconoce a la insurgencia como interlocutor válido y lo cataloga como un grupo terrorista con el cual no hay ninguna posibilidad de negociación o de diálogo. La única misión del Estado en este orden de cosas es derrotar esa “amenaza” a como de lugar.
Ante la gravedad de los efectos prácticos que tiene la concepción uribista de la guerra en Colombia. Nos preguntamos entonces, ¿Cómo es posible que hoy en día buena parte de la opinión pública acepte la idea de la inexistencia de conflicto armado en Colombia? ¿Por qué se adhiere tanta gente a la tesis de que no hay posibilidad de dialogar con las guerrillas, y que la única solución es derrotarlas militarmente? ¿Por qué no hay un terreno propicio para debatir y considerar la idea de la salida política al conflicto armado?
Creemos firmemente que el gobierno no ha hecho el trabajo solo, ni se ha embarcado en un proyecto guerrerista sin la aceptación de la opinión pública. El hecho de que la salida militar tenga en la actualidad una alta popularidad entre la población lo podemos relacionar con un fenómeno evidente para los ojos de cualquier observador: La colaboración de los medios masivos de comunicación ha sido clave en el apoyo de la población a las ideas uribistas sobre el conflicto.
Es claro que los medios masivos de comunicación son los principales constructores de opinión pública en las democracias modernas. La percepción que tienen las sociedades sobre el mundo viene dada en gran medida por las representaciones mediáticas que les llegan a través de la prensa escrita, el internet, la radio y principalmente la televisión.
Sobre la temática que nos ocupa podemos decir que en Colombia, la percepción sobre el conflicto armado es fruto, más que todo, de la labor de los medios masivos (PNUD, 2003), de los cuales, los de mayor audiencia en el país, tienen la particularidad de mantener una estrecha relación con el gobierno. Al ser propiedad de grandes conglomerados empresariales con afectos políticos específicos, la supuesta imparcialidad que tanto se pregona se ve distorsionada por los intereses de sus propietarios.
Un ejemplo claro, de la relación entre los grupos empresariales que manejan los medios en Colombia y la política del gobierno nacional lo constituye un reciente pronunciamiento de los grupos empresariales españoles Prisa y Planeta (dueños de Caracol TV y El Tiempo respectivamente) donde expresaron su apoyo a una segunda reelección de Uribe . Otro ejemplo, aún más obvio a los ojos de los colombianos es el caso de RCN radio y televisión, medios propiedad del Grupo Ardila Lulle que ha sido beneficiado por las políticas del gobierno en materia de impulso a los agrocombustibles al controlar la mayor parte de la producción del país por medio de sus ingenios azucareros. Para nadie es un secreto hoy en día, que RCN radio y el canal RCN mantienen un cubrimiento parcializado a favor del gobierno.
En su presidencia, Álvaro Uribe ha cobrado el buen trato que reciben estos grupos empresariales convirtiendo estos medios de comunicación en instrumentos vitales de la propaganda oficial. De esta manera, en las noticias la guerrilla ya no se nomina como “insurgencia” sino como grupos de “terroristas” y “bandidos”. Los medios masivos mudaron su lenguaje y buena parte del periodismo se sumó al propósito gubernamental de derrotar la denominada “amenaza terrorista” (Coronell, 2008).
El intento de invisibilizar el conflicto armado y sus resultados concretos, por parte los medios de comunicación se ha efectuado con la omisión deliberada de eventos relacionados con la dinámica del mismo. Los enfrentamientos militares, que se siguen desarrollando en varias zonas del país ya no aparecen en prensa, las regiones escenario de amplios operativos militares apenas si son mencionadas de forma episódica para mostrar algún logro del Ejército. De igual forma, poco o nada se menciona la crisis humanitaria que vive el país por cuenta de la situación de millones de desplazados y refugiados. Crisis que nos sitúa en los primeros lugares a nivel mundial en una magnitud comparable con Irak, Afganistán o Sudan.
Tampoco se habla ya de los paras. El fenómeno paramilitar, que de ninguna manera se acabó con las negociaciones de Ralito, sigue teniendo presencia en amplias zonas del país. En los campos, estructuras paramilitares mantienen bajo su control poblaciones enteras. Las incursiones con amenazas y asesinatos en los barrios de las principales ciudades pasan también de agache ante la opinión pública gracias a la tarea cómplice de los medios masivos.
Estos son apenas algunos ejemplos de la forma en que los medios de comunicación han asumido la labor de borrar de la opinión pública la idea de conflicto armado en nuestro país. El espacio que en otros años se dedicó al cubrimiento del tema se ha reducido al mínimo posible, transmitiendo la idea de un país en paz, de un país donde la guerra es algo tan ajeno e intrascendente que se puede obviar o incluso olvidar.
¿Ante este panorama, que perspectivas tiene la idea de la salida política?
Frente a la situación que hemos ilustrado hasta ahora, cabe cuestionarse en el contexto de este evento cuales son los desafíos que se plantean para el logro de la salida política al conflicto armado.
Tenemos la necesidad de contar con la legitimidad y apoyo social con el fin de hacer la presión social y política necesaria para obligar al gobierno en la búsqueda del intercambio humanitario como primer paso hacia la paz negociada. Sin embargo, la labor cumplida por los medios de comunicación en alianza con el gobierno, configura un panorama polarizado entre quienes piensan que se debe buscar la salida política al conflicto armado y quienes consideran que se debe recurrir preferentemente a la opción militar al no existir un conflicto.
Atendiendo el llamado a hacer eco de los anhelos de unidad nacional y ayudar a despejar el camino hacia una solución política al conflicto social y armado en nuestra patria que nos conduzca a todos a crear un nuevo país donde quepamos todos y todas, erradicando por siempre la pobreza, la guerra y las desigualdades sociales, proponemos desde la Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia:
1. Construir una declaración pública que llame la atención sobre el papel que han jugado los medios de comunicación en el escalonamiento del conflicto interno; en especial sobre su papel legitimador de unas políticas guerreristas y responsable de la polarización actual.
2. Impulsar, con el compromiso efectivo de todas las organizaciones, movimientos y sectores presentes en este encuentro, la construcción de una red de medios alternativos de comunicación comprometidos en la búsqueda de caminos que conduzcan a la reconstrucción y reconciliación nacional en torno al objetivo de acabar la guerra y avanzar en la superación de sus causas, generando y fortaleciendo una corriente de opinión que defienda el Acuerdo Humanitario entre las partes como paso inicial hacia lograr el diálogo entre los colombianos.
Como opción aglutinante y dinamizadora de esta red proponemos:
Ampliar a todos los sectores sociales la campaña “Pensar diferente no es terrorismo”.
Proyecto que nace en el sector universitario como forma real de hacerle frente a la reacción gubernamental, producto de la movilización que ha desarrollado el sector en defensa de sus intereses, que a través de los medios de comunicación masiva califica a los estudiantes universitarios, organizaciones gremiales y líderes estudiantiles como terroristas al margen de la ley para deslegitimar su actividad y restarle apoyo de la sociedad colombiana, agravando la ya difícil situación humanitaria que se vive al interior de las universidades por cuenta de la presencia, denunciada en numerosas ocasiones, de fuerzas paramilitares.
“Pensar diferente no es terrorismo”, es una alternativa mediática que busca crear espacios de crítica y propuesta, donde todas las opiniones sean tenidas en cuenta y sobre todo, donde nuevas alternativas de comunicación partan de la iniciativa de los propios sectores estigmatizados.
La opinión pública, como escenario o espacio de representaciones en el cuál se construyen legitimidades; debe ser asumido por nosotros como un escenario más de lucha social; es obvio que el Estado acuda a cortinas de humo, a la desaparición, al asesinato y desde luego a su falaz concepto de terrorismo para generar una postura favorable que acepte, justifique e inclusive solicite la represión en contra de la protesta social. Por ello es necesario reconstruir imaginarios que abonen el terreno para la paz. Es necesario entonces construir un contra-discurso frente al discurso que se muestra como único y omnipotente. Ello pasa por reconstruir y reivindicar la memoria social, la memoria de un pueblo que lucha; pasa también por reivindicar la realidad que atraviesa la Nación.
El objetivo central de la campaña debe ser el de fomentar un espíritu critico y propositivo, que construya en unidad ese proyecto nacional tan postergado en Colombia desde los tiempos de la independencia. Un proyecto nacional en el cual los colombianos y colombianas tomemos verdaderamente posesión de nuestro territorio, tomemos conciencia de nuestra naturaleza (…)de la magnifica complejidad de nuestra composición étnica y cultural, creemos lasos firmes que unan a la población en un orgullo común, y en un proyecto simún, y nos comprometamos a ser un país, y no un nido de exclusiones y discordias donde unos cuantos privilegiados, profundamente avergonzados del país del que derivan su riqueza, predican día y noche un discurso mezquino de desprecio o de indiferencia por el pueblo al que nunca supieron honrar ni agradecer (…) y de esta manera, el movimiento social, muestre ante el mundo ese rostro de paz que siempre ha sido sofocado por la difamación y el crimen.
Sus objetivos específicos serán entonces:
Demostrar que la persecución y estigmatización de los diferentes sectores sociales que luchan por sus derechos se inscribe dentro de una política de Estado de persecución y muerte a todo descontento social. (Terrorismo de estado como política estructural)
Objetivos de la campaña
• Brindar elementos de discusión y debate en torno a la actual coyuntura para caracterizar los problemas y posibles soluciones mediáticas en torno a la estigmatización de los diferentes sectores sociales.
• Visibilizar la problemática de Derechos Humanos que vive el pueblo colombiano por cuenta de las acciones estatales y de grupos de ultraderecha.
• Mostrar el clamor de un movimiento social que, por diferentes medios, proponen una idea de país diferente, alternativo y coherente con las exigencias de su pueblo.
• Impulsar la creación de propuestas de medios de comunicación alternativos que muestren a los ciudadanos otros puntos de vista, distintos al manejado de los medios masivos y el gobierno nacional.
• Reconstruir la memoria de las luchas del movimiento social colombiano.
• Crear escenarios de articulación, relacionamiento político y solidaridad entre sectores, recordando que la situación particular no es endémica y hace parte de una política de quienes detentan el poder.
Presentado por:
Federación de Estudiantes Universitarios -FEU-
Grupos de trabajo Universidad Nacional sede Bogotá
Grupo de Trabajo en Medios de Comunicación MEDIOINTEGRADOS
Grupo de Estudios Estéticos y Culturales ESCULTURA
Colectivo Gráfico GUAYASAMÍN
Esta caracterización de William Ospina hace necesario cuestionarnos en torno al por qué de la incapacidad del pueblo colombiano para reaccionar y modificar una situación que siempre ha sido intolerable.
Una respuesta tal vez sea la naturalización creciente de la desigualdad, la explotación económica, la exclusión política y la guerra. Naturalización, que nos sume en un fatalismo que considera la situación actual del país como producto de una incurable enfermedad, como circunstancias definitivas que obedecen a causas ingobernables. Naturalización, que polariza la opinión pública e imposibilita pensar y construir un futuro capaz de superar el conflicto interno por la vía menos dolorosa, la política; capaz de dignificar una sociedad malformada por la exclusión y la estratificación social; capaz de ofrecer al mundo algo más que un recurrente memorial de agravios.
Varias generaciones de colombianos hemos crecido en una Colombia marcada por la violencia; entendiendo esta, en su acepción más común, como la forma de solucionar las diferencias mediante la eliminación total del otro, sea en el ejercicio político o en otra práctica de interacción en general . La violencia política, desde las guerras civiles del siglo XIX, pasando por la violencia interpartidista de mediados del siglo XX hasta la violencia que vivimos hoy, ha estado marcada por la confrontación entre grupos insurgentes y el Estado. Se ha configurado a lo largo de la historia de Colombia el Conflicto Armado, fruto de un Conflicto Social que tiene sus raíces en un sistema político excluyente a partir del cual sólo una pequeña élite política ha tenido la posibilidad de gobernar y tomar decisiones en el país (Gonzalo Sánchez).
Hoy en día, vemos que las causas objetivas que marcaron la aparición de organizaciones insurgentes como el EPL, el ELN y las FARC, en la segunda mitad del siglo XX no han variado sustancialmente. La desigualdad y distribución inequitativa de la riqueza nacional sigue siendo un problema presente en nuestro país, tal como ha quedado evidenciado con proyectos como Agro Ingreso Seguro.
La falta de voluntad Estatal frente a una reforma agraria equitativa sigue siendo latente hoy. Son claros los intereses de refeudalizar el país en proyectos como la Federación Nuevo Liderazgo Campesino de José Obdulio Gaviria, exasesor presidencial, que la plantea como una nueva organización agraria que, según él “supere la lucha de clases” .
Otra causa fundamental del conflicto ha sido la exclusión política, exclusión que hace posible la permanencia en el poder de una clase política que ha garantizado su mantenimiento a partir del usufructo del aparato estatal en su propio beneficio, reprimiendo todo intento de lucha por la inclusión en el sistema político; desencadenando guerras civiles, violencia partidista, violencia política, todo por el interés de las familias de la elite en conservar el poder político para aumentar su riqueza.
Aunado a este problema, esta la incapacidad del Estado Colombiano de hacer presencia a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual ha sumido a muchas regiones periféricas en un estado de abandono y aislamiento que las ha convertido en caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, bien sea fruto de la inconformidad de los sectores menos favorecidos o del interés de los grupos con mayor poder económico. Este abandono por parte del Estado se ve reflejado, entre otras, en la debilidad al momento de asumir las funciones que le competen como institución articuladora de la sociedad
En general, vemos cómo pese al interés que ha evidenciado el gobierno y los medios de comunicación en negar la existencia del conflicto social y armado, pretendiendo justificar la alta inversión en guerra bajo una supuesta amenaza terrorista, se hace palpable la existencia de condiciones objetivas que hacen insostenible esta tesis, impulsada por los sectores de derecha del país. La desigualdad, la explotación económica y la exclusión política son factores que han hecho posible e innegable 60 años de conflicto social y armado.
La negación del conflicto y la consecuente tesis sobre el terrorismo acarrea graves consecuencias para los movimientos sociales colombianos en cuanto a la criminalización y estigmatización que se ha hecho de ellos. Los medios de comunicación presentan a los movimientos sociales como organizaciones terroristas en sí mismas o por lo menos infiltradas por el terrorismo. De tal forma, se niega la discusión del gobierno con estos grupos, y la protesta se concibe como un problema de orden público. Ejemplo de ello es la represión que se hizo a la Minga Indígena a finales del 2008, y el cubrimiento que se hizo de ella por parte de los noticieros RCN y CARACOL; así mismo, vemos como el cubrimiento que se ha hecho de la movilización estudiantil, se centra siempre en hechos desafortunados y no en las causas de la protesta, haciendo ver a los estudiantes como agentes negativos para la sociedad y tildándolos de terroristas, antisociales o desadaptados.
En este punto es preciso analizar cómo los medios de comunicación no han hecho otra cosa que defender a capa y espada las tesis guerreritas del Status Quo, surgidas luego del término de los diálogos de paz en el Caguán y representadas en Álvaro Uribe, minimizando ante la opinión pública el peso de los actores del conflicto armado al exponerlos como simples delincuentes ligados a actividades de narcotráfico o secuestro orientados por un interés económico (Sierra, 2008).
El cambio discursivo ha sido evidente: se pasa del reconocimiento de un conflicto social y armado interno a la idea de una supuesta “amenaza terrorista”.
“[No] existe ‘conflicto interno’, porque sería aceptar una guerra cuando lo que hay es una amenaza terrorista de grupos que agreden a la sociedad” .
El interés en esta discusión recae sobre lo que en la práctica puede hacer el gobierno al modificar la concepción del conflicto en nuestro país.
El gobierno Uribe tiene, tras del uso de una retórica específica sobre el conflicto armado, una intención directa de legitimar decisiones políticas relacionadas con la forma de solucionar la situación de violencia que atraviesa el país. La minimización del enemigo ante la opinión pública o su deslegitimación al negar la naturaleza de la confrontación, son algunos de los resultados prácticos que se pueden obtener del uso del lenguaje como una arma más de guerra.
El gobierno nacional, de esta manera, desconoce a la insurgencia como interlocutor válido y lo cataloga como un grupo terrorista con el cual no hay ninguna posibilidad de negociación o de diálogo. La única misión del Estado en este orden de cosas es derrotar esa “amenaza” a como de lugar.
Ante la gravedad de los efectos prácticos que tiene la concepción uribista de la guerra en Colombia. Nos preguntamos entonces, ¿Cómo es posible que hoy en día buena parte de la opinión pública acepte la idea de la inexistencia de conflicto armado en Colombia? ¿Por qué se adhiere tanta gente a la tesis de que no hay posibilidad de dialogar con las guerrillas, y que la única solución es derrotarlas militarmente? ¿Por qué no hay un terreno propicio para debatir y considerar la idea de la salida política al conflicto armado?
Creemos firmemente que el gobierno no ha hecho el trabajo solo, ni se ha embarcado en un proyecto guerrerista sin la aceptación de la opinión pública. El hecho de que la salida militar tenga en la actualidad una alta popularidad entre la población lo podemos relacionar con un fenómeno evidente para los ojos de cualquier observador: La colaboración de los medios masivos de comunicación ha sido clave en el apoyo de la población a las ideas uribistas sobre el conflicto.
Es claro que los medios masivos de comunicación son los principales constructores de opinión pública en las democracias modernas. La percepción que tienen las sociedades sobre el mundo viene dada en gran medida por las representaciones mediáticas que les llegan a través de la prensa escrita, el internet, la radio y principalmente la televisión.
Sobre la temática que nos ocupa podemos decir que en Colombia, la percepción sobre el conflicto armado es fruto, más que todo, de la labor de los medios masivos (PNUD, 2003), de los cuales, los de mayor audiencia en el país, tienen la particularidad de mantener una estrecha relación con el gobierno. Al ser propiedad de grandes conglomerados empresariales con afectos políticos específicos, la supuesta imparcialidad que tanto se pregona se ve distorsionada por los intereses de sus propietarios.
Un ejemplo claro, de la relación entre los grupos empresariales que manejan los medios en Colombia y la política del gobierno nacional lo constituye un reciente pronunciamiento de los grupos empresariales españoles Prisa y Planeta (dueños de Caracol TV y El Tiempo respectivamente) donde expresaron su apoyo a una segunda reelección de Uribe . Otro ejemplo, aún más obvio a los ojos de los colombianos es el caso de RCN radio y televisión, medios propiedad del Grupo Ardila Lulle que ha sido beneficiado por las políticas del gobierno en materia de impulso a los agrocombustibles al controlar la mayor parte de la producción del país por medio de sus ingenios azucareros. Para nadie es un secreto hoy en día, que RCN radio y el canal RCN mantienen un cubrimiento parcializado a favor del gobierno.
En su presidencia, Álvaro Uribe ha cobrado el buen trato que reciben estos grupos empresariales convirtiendo estos medios de comunicación en instrumentos vitales de la propaganda oficial. De esta manera, en las noticias la guerrilla ya no se nomina como “insurgencia” sino como grupos de “terroristas” y “bandidos”. Los medios masivos mudaron su lenguaje y buena parte del periodismo se sumó al propósito gubernamental de derrotar la denominada “amenaza terrorista” (Coronell, 2008).
El intento de invisibilizar el conflicto armado y sus resultados concretos, por parte los medios de comunicación se ha efectuado con la omisión deliberada de eventos relacionados con la dinámica del mismo. Los enfrentamientos militares, que se siguen desarrollando en varias zonas del país ya no aparecen en prensa, las regiones escenario de amplios operativos militares apenas si son mencionadas de forma episódica para mostrar algún logro del Ejército. De igual forma, poco o nada se menciona la crisis humanitaria que vive el país por cuenta de la situación de millones de desplazados y refugiados. Crisis que nos sitúa en los primeros lugares a nivel mundial en una magnitud comparable con Irak, Afganistán o Sudan.
Tampoco se habla ya de los paras. El fenómeno paramilitar, que de ninguna manera se acabó con las negociaciones de Ralito, sigue teniendo presencia en amplias zonas del país. En los campos, estructuras paramilitares mantienen bajo su control poblaciones enteras. Las incursiones con amenazas y asesinatos en los barrios de las principales ciudades pasan también de agache ante la opinión pública gracias a la tarea cómplice de los medios masivos.
Estos son apenas algunos ejemplos de la forma en que los medios de comunicación han asumido la labor de borrar de la opinión pública la idea de conflicto armado en nuestro país. El espacio que en otros años se dedicó al cubrimiento del tema se ha reducido al mínimo posible, transmitiendo la idea de un país en paz, de un país donde la guerra es algo tan ajeno e intrascendente que se puede obviar o incluso olvidar.
¿Ante este panorama, que perspectivas tiene la idea de la salida política?
Frente a la situación que hemos ilustrado hasta ahora, cabe cuestionarse en el contexto de este evento cuales son los desafíos que se plantean para el logro de la salida política al conflicto armado.
Tenemos la necesidad de contar con la legitimidad y apoyo social con el fin de hacer la presión social y política necesaria para obligar al gobierno en la búsqueda del intercambio humanitario como primer paso hacia la paz negociada. Sin embargo, la labor cumplida por los medios de comunicación en alianza con el gobierno, configura un panorama polarizado entre quienes piensan que se debe buscar la salida política al conflicto armado y quienes consideran que se debe recurrir preferentemente a la opción militar al no existir un conflicto.
Atendiendo el llamado a hacer eco de los anhelos de unidad nacional y ayudar a despejar el camino hacia una solución política al conflicto social y armado en nuestra patria que nos conduzca a todos a crear un nuevo país donde quepamos todos y todas, erradicando por siempre la pobreza, la guerra y las desigualdades sociales, proponemos desde la Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia:
1. Construir una declaración pública que llame la atención sobre el papel que han jugado los medios de comunicación en el escalonamiento del conflicto interno; en especial sobre su papel legitimador de unas políticas guerreristas y responsable de la polarización actual.
2. Impulsar, con el compromiso efectivo de todas las organizaciones, movimientos y sectores presentes en este encuentro, la construcción de una red de medios alternativos de comunicación comprometidos en la búsqueda de caminos que conduzcan a la reconstrucción y reconciliación nacional en torno al objetivo de acabar la guerra y avanzar en la superación de sus causas, generando y fortaleciendo una corriente de opinión que defienda el Acuerdo Humanitario entre las partes como paso inicial hacia lograr el diálogo entre los colombianos.
Como opción aglutinante y dinamizadora de esta red proponemos:
Ampliar a todos los sectores sociales la campaña “Pensar diferente no es terrorismo”.
Proyecto que nace en el sector universitario como forma real de hacerle frente a la reacción gubernamental, producto de la movilización que ha desarrollado el sector en defensa de sus intereses, que a través de los medios de comunicación masiva califica a los estudiantes universitarios, organizaciones gremiales y líderes estudiantiles como terroristas al margen de la ley para deslegitimar su actividad y restarle apoyo de la sociedad colombiana, agravando la ya difícil situación humanitaria que se vive al interior de las universidades por cuenta de la presencia, denunciada en numerosas ocasiones, de fuerzas paramilitares.
“Pensar diferente no es terrorismo”, es una alternativa mediática que busca crear espacios de crítica y propuesta, donde todas las opiniones sean tenidas en cuenta y sobre todo, donde nuevas alternativas de comunicación partan de la iniciativa de los propios sectores estigmatizados.
La opinión pública, como escenario o espacio de representaciones en el cuál se construyen legitimidades; debe ser asumido por nosotros como un escenario más de lucha social; es obvio que el Estado acuda a cortinas de humo, a la desaparición, al asesinato y desde luego a su falaz concepto de terrorismo para generar una postura favorable que acepte, justifique e inclusive solicite la represión en contra de la protesta social. Por ello es necesario reconstruir imaginarios que abonen el terreno para la paz. Es necesario entonces construir un contra-discurso frente al discurso que se muestra como único y omnipotente. Ello pasa por reconstruir y reivindicar la memoria social, la memoria de un pueblo que lucha; pasa también por reivindicar la realidad que atraviesa la Nación.
El objetivo central de la campaña debe ser el de fomentar un espíritu critico y propositivo, que construya en unidad ese proyecto nacional tan postergado en Colombia desde los tiempos de la independencia. Un proyecto nacional en el cual los colombianos y colombianas tomemos verdaderamente posesión de nuestro territorio, tomemos conciencia de nuestra naturaleza (…)de la magnifica complejidad de nuestra composición étnica y cultural, creemos lasos firmes que unan a la población en un orgullo común, y en un proyecto simún, y nos comprometamos a ser un país, y no un nido de exclusiones y discordias donde unos cuantos privilegiados, profundamente avergonzados del país del que derivan su riqueza, predican día y noche un discurso mezquino de desprecio o de indiferencia por el pueblo al que nunca supieron honrar ni agradecer (…) y de esta manera, el movimiento social, muestre ante el mundo ese rostro de paz que siempre ha sido sofocado por la difamación y el crimen.
Sus objetivos específicos serán entonces:
Demostrar que la persecución y estigmatización de los diferentes sectores sociales que luchan por sus derechos se inscribe dentro de una política de Estado de persecución y muerte a todo descontento social. (Terrorismo de estado como política estructural)
Objetivos de la campaña
• Brindar elementos de discusión y debate en torno a la actual coyuntura para caracterizar los problemas y posibles soluciones mediáticas en torno a la estigmatización de los diferentes sectores sociales.
• Visibilizar la problemática de Derechos Humanos que vive el pueblo colombiano por cuenta de las acciones estatales y de grupos de ultraderecha.
• Mostrar el clamor de un movimiento social que, por diferentes medios, proponen una idea de país diferente, alternativo y coherente con las exigencias de su pueblo.
• Impulsar la creación de propuestas de medios de comunicación alternativos que muestren a los ciudadanos otros puntos de vista, distintos al manejado de los medios masivos y el gobierno nacional.
• Reconstruir la memoria de las luchas del movimiento social colombiano.
• Crear escenarios de articulación, relacionamiento político y solidaridad entre sectores, recordando que la situación particular no es endémica y hace parte de una política de quienes detentan el poder.
Presentado por:
Federación de Estudiantes Universitarios -FEU-
Grupos de trabajo Universidad Nacional sede Bogotá
Grupo de Trabajo en Medios de Comunicación MEDIOINTEGRADOS
Grupo de Estudios Estéticos y Culturales ESCULTURA
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